Agresiones contra Venezuela violan los principios básicos de la ONU

Hay pocas cosas menos confiables en el Derecho que el área internacional. No por gusto muchos juristas siguen considerando que el Derecho Internacional no existe, y la verdad es que independientemente de nuestra postura en ese tema, siempre dependerá del Derecho Nacional y de la política.

El Derecho Internacional al ser una órbita sobre los países, requiere que cada Estado le autorice tener efectos en su territorio, determine qué sujetos va a reconocer y a qué se va a obligar, contando tan sólo una ínfima parte de su contenido con mecanismos más contundentes, como la afirmación de que su cumplimiento deviene de una tradición histórica o que protege intereses superiores.

Ahora, nosotros estamos en Venezuela ante un conflicto político que se ha avivado a través de sujetos extranjeros y nos interesa pensar en clave de Derecho Internacional lo que ocurre.

La pelea por la soberanía

El aspecto internacional tiene un peso importante en la Constitución de la República. Es mencionado desde el primer artículo cuando señala como un principio fundamental de Venezuela “la paz internacional” y reiterado a lo largo del texto, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación.

En tal virtud, somos un país que firmó la Carta de la ONU y que debe ser tratado de acuerdo a sus principios, reconociéndolo que se encuentra en un plano de igualdad soberana con los demás miembros. Por lo cual, todos deben reconocer nuestra libertad para resolver nuestros conflictos y deponer las intenciones de hacer valer sus designios sobre nuestro territorio.

Es este el campo en el que la situación de Venezuela se ha hecho el centro de interés porque se ha demostrado una intención neocolonial que, en búsqueda de la reconstrucción de un mundo unipolar, busca anular la posibilidad de los venezolanos de decidir soberanamente sus asuntos.

El mantenimiento de la Paz y la autodeterminación

Todas las justificaciones a la existencia de la ONU están asociadas a la afirmación de la paz como necesidad imperiosa para el desarrollo y como estado de consciencia, al cierre de la segunda guerra mundial. Sin entrar a su evidente fracaso en este tópico, uno de los principios claves para mantener la paz está en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2 de la Carta, que expresamente señala que los Estados se “abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

A esta prohibición de las amenazas, la evolución legal de la ONU le acompañó el desarrollo del derecho de autodeterminación que tienen los pueblos, que se entiende como la capacidad para decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad.

Protegido así, el marco de lo nacional de la capacidad de injerencia, la Carta de la ONU dispone los mecanismos que deben utilizarse en caso de conflictos entre Estados y señala en el artículo 33, que en caso de una controversia, los Estados “…tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

Crímenes de agresión disimulados

En la más reciente aparición del Anuario Mexicano de Derecho Internacional publicada en 2018, hay un artículo de Aisya Abdul Rahman sobre la legitimidad y la legalidad de las intervenciones humanitarias unilaterales. El interés lo fija en la legitimidad de las acciones colectivas es porque reconoce que las acciones unilaterales han sido consideradas contrarias al Derecho Internacional.

Hay un juego: si un país ataca a otro, es un crimen de agresión. Si son varios y aún mejor, si son muchos podemos decir que la “comunidad internacional” considera que un país tiene un comportamiento inadecuado incluso peligroso para el sistema por lo cual se puede intervenir y decir que se hace con fines humanitarios. Así ha funcionado en las últimas invasiones que ha realizado Estados Unidos.

Por eso, antes de atacarlo procura crear alianzas para demostrar que esa manera de ser no debe tolerarse, de modo de crear un argumento ad populum que parezca ser lo suficientemente fuerte como para dejar de lado los principios del derecho internacional. Se trata de afirmar que no importa cuál sea la verdad o que el derecho lo prohíba, en tanto, muchos y poderosos países dicen que este Estado es malo –o viola los derechos humanos, o es es terrorista o tiene armas letales- debe actuarse.

Esta es la razón de existir del Grupo de Lima, jugar para hacer pasar cualquier acción unilateral y en consecuencia, ilegal, como colectiva, consensuada y destinada a proteger valores más importantes.

Por otro lado, hay dos supuestos que distingue Abdul en cuanto a la legalidad. La legalidad estaría enmarcada en que la acción sea acompañada y de ser posible hasta organizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, como ocurrió en Liberia. Esta fue la alternativa en la que fracasaron cuando intentaron llevar la cuestión venezolana al Consejo de Seguridad a finales de enero.

Lo que se juega en Venezuela

Si el conflicto, como ha reiterado en múltiples ocasiones el mandatario nacional, se trata de la aspiración de los Estados Unidos de tomar el control de Venezuela para asegurar sus intereses petroleros y su posición de dominio en la región, la manera en la que se viene desarrollando le da unos visos de relevancia histórica para el Derecho Internacional, en el que se encuentran comprometidos conceptos básicos para el sistema mundial.

Sin duda, el primero está en relación con la legitimación abierta de los crímenes de agresión, amparados en la reivindicación de un solo modelo del mundo y de acciones de fuerza, que justifican el poder fáctico que tiene un Estado por su tamaño o posición de dominio sobre otro así como la afirmación de un concepto ajeno y contrario a la Carta de la ONU, como la responsabilidad de proteger, puede justificar un abierto desconocimiento de esta.

El segundo, es en la construcción de una primacía del reconocimiento internacional de los gobiernos sobre los sistemas políticos de los países, lo que pone en riesgo todas las construcciones constitucionales que fijan en los votos, o en la sucesión al trono o en la opinión del parlamento, las condiciones requeridas para ser Jefe de Gobierno.

Quizás, resumiéndolo, es el principio de soberanía como sustento de la construcción del Estado-Nación que está en batalla cuando podemos observar que se encuentra comprometido a través de esquemas que vienen sustituyendo las figuras presidenciales por figurines del mundo financiero, o, que abandonan el rol como Lenín Moreno e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que abiertamente pasan a recomendar que en Argentina no se celebren elecciones presidenciales.

Texto: Ana Cristina Bracho / Misión Verdad.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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