Honduras y la crisis invisible

El país centroamericano atraviesa en este momento por una profunda crisis institucional, producto de la aplicación de un modelo que profundiza las desigualdades presentes desde hace décadas en una sociedad que ha tenido que ver, casi como espectador, que desde Estados Unidos se dictan las medidas que afectan las condiciones de vida de la población, mientras esta sufre una brutal represión que es premeditadamente ocultada por los medios vinculados al poder.

Existe un libreto desarrollado con el fin de aplicar la receta neoliberal que ha rendido frutos en la mayor parte de Latinoamérica. El postulado básico es todo se compra, todo se vende y, en la medida que todo es una mercancía, el mercado es el centro de toda lógica de poder.

Honduras, igual que todos los países de Centroamérica, vivió una sangrienta colonización, una dolorosa independencia y un siglo XX lleno de inestabilidad, revueltas y gobiernos de hecho; al final quedó una clase política ultraconservadora atornillada a un gobierno construido para cuidar los intereses de un poder local que siempre está a la sombra del poder norteamericano.

En 2009, cuando casi todo el continente miraba con esperanza hacia el progresismo y se construían grandes iniciativas integradoras que buscaban plantar cara al modelo desarrollado hasta la fecha, un presidente al que no podría ubicarse originalmente en términos ideológicos como un militante comprometido de la izquierda revolucionaria, sino más bien como un liberal reformista, decidió acercar a Honduras a los modelos de integración propuestos desde el progresismo sudamericano por medio de Petrocaribe.

Esto marcó el golpe que arrojó a Manuel Zelaya de la presidencia en una puesta en escena en que la comunidad internacional asistió como testigo mudo e impotente; la OEA no invocó la carta democrática en defensa de un gobierno elegido en las urnas, ni se ofreció una fuerza multilateral que buscara el restablecimiento de la democracia en ese país centroamericano, ya que las palabras usurpación e ilegitimidad no se habían descubierto en ese momento.

De ahí en adelante las cosas sólo pasaron a ser peores para el pueblo hondureño, el cual hoy tiene uno de los índices de pobreza más altos del continente. Caras & Caretas habló con Hernán Daffoncio, un uruguayo quien desde su participación en el movimiento estudiantil internacionalista en la década pasada se vinculó con Centroamérica y México, pero principalmente con Honduras y su dura realidad.

Para Daffoncio, el punto que marca un quiebre en la realidad en Honduras es el golpe contra Zelaya en 2009, no porque antes las cosas estuvieran mejor, sino porque la manera en que el establishment se ha sostenido desde entonces ha sido cada vez más abiertamente autoritaria y se preocupan cada vez menos por generar, al menos en las apariencias, un esquema republicano que simule una democracia.

En esta perspectiva todos los gobiernos que han continuado luego del golpe han cargado tras de sí una enorme impopularidad que han tenido que resolver por medio de elecciones las cuales, por lo menos en el caso del presidente en ejercicio, Juan Orlando Hernández, han estado marcadas por las denuncias de fraude que se han hecho a nivel nacional e internacional, obviamente sin respuesta.

El descontento popular ha estado a flor de piel debido a que este tipo de gobiernos no se mantienen por la fuerza con un carácter decorativo, se imponen para defender intereses particulares; desde esta perspectiva la última receta viene planteada en forma de un proyecto de ley que cambia el carácter de la prestación de los servicios de salud y educación en el país por un modelo privado y que termina siendo sancionado por la fuerza.

La manera en que el gobierno defiende su iniciativa es planteando que la población hondureña no se vería afectada, pues la administración en manos de privados no afectaría la gratuidad en la prestación de los servicios; en ese sentido, de acuerdo con Daffoncio, existe un franco inmovilismo por parte de las tres centrales sindicales del país, quienes no han logrado entablar un escenario de movilización que aglutine el descontento general en un llamado a la huelga general de tal manera que se logren revertir las medidas privatizadoras aprobadas por medio de decretos de emergencia, los cuales tienen un claro carácter antidemocrático y autoritario.

La respuesta más contundente se ha producido desde los gremios de la salud, y principalmente de la educación, reunidos en el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh), que tiene un gran nivel de afiliación y ha sido determinante, no sólo en términos de movilización, sino a la hora de sustentar teórica y políticamente las razones del descontento general, que van más allá de la gratuidad en la prestación de los servicios y están vinculadas al modelo económico y el papel mismo del Estado.

Por otro lado es importante resaltar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Hernández por deslegitimar las movilizaciones, buscando reducirlas a un ámbito sectorial y queriendo restar autoridad a quienes las dirigen por medio de acusaciones individuales, la crisis institucional en Honduras hoy es evidente. Una pequeña muestra de ello no sólo se ve en el volumen de movilización que rechaza las decisiones y mecanismos gubernamentales, sino en la violenta respuesta del gobierno contra cualquier expresión de inconformismo desde la perspectiva legal por medio de represión policial y judicializaciones sumarias violando los mínimos derechos de los sindicados, y paralegal por medio de expresiones armadas ilegales, pero amparadas por las fuerzas militares y policiales.

El modelo paramilitar en Honduras ha estado en auge desde el golpe por medio de asesinatos selectivos, masacres y una fuerte persecución en contra de las organizaciones, lo que ha cobrado vidas como la de la activista Berta Cáceres, quien cayó asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa.

La crisis institucional en Honduras es profunda y sin duda cada vez más crítica en la medida en que la injerencia norteamericana se ha hecho más notoria, pues las identidades ideológicas con el discurso neoliberal no resuelven las profundas grietas éticas que tiene la clase dirigente local, ya que los vínculos con el narcotráfico se han vuelto inocultables y tocan a la puerta misma del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha estado en la mira de las autoridades con una investigación por narcotráfico que involucra a varios miembros de su familia.

Una muestra más de la fragilidad institucional es que un sector de los militares hondureños ha hecho un pronunciamiento en el que desconocen casi en su totalidad al Estado Mayor debido a sus vínculos con la ilegalidad, y llaman a los mandos medios a un recambio de dirección.

La situación en ese país centroamericano es profundamente grave por los niveles de inconformismo alcanzado por la población, el carácter represivo que tiene el gobierno de Hernández y porque, igual que en el caso de Haití, sufre de un tremendo cerco mediático impuesto desde los grandes emporios de la comunicación que de forma premeditada ocultan los estrepitosos fracasos del modelo, poniendo en riesgo la vida de miles.

Texto de Germán Ávila. Tomado de Carasycaretas

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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