Los crímenes se ejecutaron entre los años 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca. Un total de 21 miembros del Ejército de Colombia, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo estatal que realizaba labores de inteligencia y contrainteligencia— y dos civiles, reconocieron