La farsa jurídica que Washington recicla contra Raúl
Por Raúl Antonio Capote
A treinta años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Estados Unidos no busca justicia: busca un pretexto.
La orden de arresto firmada en Miami contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, anunciada en mayo y ejecutada ahora en un “patético circo miamense, con trasfondo electoral”, no es un acto judicial, es una pieza más en la maquinaria de hostilidad que, mediante el bloqueo y el cerco energético, pretende doblegar a un pueblo que se niega a someterse.
Los hechos que Washington oculta están en sus propios archivos. Documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional demuestran que, un año antes del 24 de febrero de 1996, el Departamento de Estado y la Administración Federal de Aviación (FAA) sabían que las incursiones de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano, sobrevolando zonas pobladas y arrojando miles de panfletos, eran una provocación deliberada.
Un correo interno de la FAA anticipó el “peor escenario posible”: “que algún día los cubanos derriben uno de estos aviones y que la FAA tenga todo bajo control”.
Altos funcionarios de la administración Clinton, incluido el asesor de la Casa Blanca para Cuba, Richard Nuccio, y el subsecretario de Estado, Peter Tarnoff, presionaron para suspender los vuelos de José Basulto; la FAA llegó a revocarle la licencia, pero le permitió seguir volando incluso con planes de vuelo falsos.
Estados Unidos fue advertido. Y no actuó.
Cuba actuó en legítima defensa. Lo hizo amparada por la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, tras más de 25 violaciones graves y deliberadas de su espacio aéreo entre 1994 y 1996, y después de denuncias formales ante el Departamento de Estado, la FAA y la OACI.
El Gobierno Revolucionario lo ha dicho con claridad: “La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa”.
Resulta de un cinismo insoportable que el mismo país que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, sin juicio alguno, pretenda ahora erigirse en tribunal de la soberanía ajena.
El gobierno estadounidense “carece de legitimidad y jurisdicción” para juzgar a un líder cubano por actos cometidos en defensa de su territorio.
Y el momento no es casual: la imputación federal se anunció en mayo, en plena campaña de la Administración Trump contra Cuba, y la orden de arresto llega ahora, cuando el bloqueo energético y las sanciones secundarias recrudecen el castigo colectivo sobre las familias cubanas.
Que no se engañe a nadie: no estamos ante un proceso penal, sino ante una operación política de viejo cuño.
La misma lógica que mantiene el bloqueo, el cerco energético y las amenazas de agresión es la que hoy fabrica un expediente contra un hombre de 95 años para intentar reescribir la historia.
