¿Habrá juicio político? Lo que ha pasado (y lo que no) en el trámite contra Lasso en Ecuador
Por Edgar Romero G.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador notificó oficialmente al presidente del país, Guillermo Lasso, sobre el inicio del proceso de juicio político en su contra por presunto peculado.
Actualmente, el trámite está en manos de esa comisión parlamentaria, instancia que avocó conocimiento de la solicitud del proceso contra el mandatario el pasado lunes 3 de abril y tiene un plazo de 30 días —que ya corren— para elaborar un informe en el que debe decidir si recomienda o no el juicio político.
Ese lapso se divide en 10 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo, otros 10 para la evacuación de la prueba y 10 más para la redacción del informe.
Solo el delito de peculado
Este proceso comenzó formalmente el pasado 16 de marzo con la presentación de la solicitud del juicio político ante la Asamblea Nacional por parte de legisladores de varias bancadas.
La solicitud fue hecha después de que el Parlamento aprobara un informe que recomienda el proceso contra Lasso por cargos contra la seguridad del Estado y por la supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión, con base en una investigación sobre una presunta trama de corrupción en las empresas públicas.
El 24 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Parlamento admitió a trámite la solicitud, luego de que se subsanaran algunos errores. Ese mismo día, fue enviada a la Corte Constitucional (CC).
Cinco días después, la CC dio luz verde para continuar con el proceso, tras emitir un dictamen de la admisibilidad para el enjuiciamiento.
Sin embargo, el dictamen de admisibilidad fue parcial. Esa corte explicó que se admitió la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no las dos incriminaciones sobre el cargo de concusión.
Tras emitir ese dictamen, la solicitud de juicio político volvió al Parlamento y CAL decidió enviarlo el pasado 31 de marzo a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
“Tema Flopec”
El escándalo que derivó en la solicitud de juicio político contra Lasso se desató en enero pasado, cuando el medio digital local La Posta comenzó a publicar una investigación periodística en la que revelaba la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado, instancia que denominó la causa como ‘Encuentro’, aunque mediáticamente se conoce como ‘El Gran Padrino’.
De acuerdo con la investigación, a pesar de no tener ningún cargo en el Gobierno, Carrera manejaría las empresas públicas y sería la figura que decide qué firmas privadas trabajan con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas. Asimismo se reveló que él y su operador de confianza, Rubén Cherres, habrían tenido influencia en la designación de cargos en distintos puestos en el Gobierno.
La supuesta red de corrupción operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y también se habría extendido a Petroecuador.
Aparte, según las revelaciones, el Gobierno ecuatoriano, a través de Cherres, tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.
Cherres, clave en la investigación de la Fiscalía, fue asesinado el 31 de marzo en una vivienda privada de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena, en la costa ecuatoriana.
Aunque todo este proceso contra Lasso partió de esas revelaciones, la semana pasada el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso, Fernando Villavicencio, aclaró que para el trámite se aceptarán únicamente pruebas relacionadas con el supuesto peculado en un caso vinculado a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que sería la única acusación, dentro de la solicitud del juicio político, que pasó el control de la CC.
Los otros señalamientos, relacionados con las denuncias del medio digital La Posta y, por consiguiente, con el caso ‘El Gran Padrino’, quedaron descartadas por la CC por “inconsistencias“.
“Aquí les digo a los demás legisladores, que no vamos a topar el tema de Rubén Cherres, mafia albanesa, de Leonardo Cortázar, menos hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño, un supuesto caso de corrupción en Petroecuador. La única motivación del juicio político que vamos a tratar fue la aceptada por la Corte Constitucional, que se relaciona a un supuesto peculado en el tema Flopec y el contrato firmado en 2018 y nada más”, advirtió.
Mantener un contrato perjudicial
En el caso Flopec se acusa a Lasso de presuntamente haber permitido un contrato que perjudicaba al Estado, a cargo de esa empresa pública con Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que funciona en las Islas Marshall, considerado un paraíso fiscal, y que es dueña de buques para transporte petrolero.
Esto se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno. Ese año, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con el que Amazonas Tanker Pool entró al contrato.
La Contraloría General del Estado emitió un informe en noviembre de 2021, cuando Lasso ya tenía alrededor de seis meses como mandatario, en el que señaló que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado, por lo que recomendó evaluar “la conveniencia y pertinencia de continuar” con la asociación, según reseña Primicias, que tuvo acceso al informe.
Jhonny Estupiñán, quien era gerente de Flopec, intentó dar por terminado el contrato; no obstante, fue removido de su cargo por esta razón en marzo de 2022.
“El presidente Lasso Mendoza sabía que el gerente general de Flopec fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano y Amazonas Tanker Pool Company LLC. A pesar de ello, el presidente Lasso Mendoza no ejecutó acción alguna para investigar o remediar esta situación”, dice la resolución de la CC, citada por Radio La Calle.
Estupiñán planteó una acción de protección para volver a su cargo y la ganó. El funcionario fue restituido en junio de 2022, aunque, según las denuncias, se le habrían impuesto dos asesores para la gerencia. En julio, se firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool.
Los asambleístas que solicitaron el juicio político señalan que la “estructura que propició la corrupción en Flopec responde a la designación de los funcionarios realizada por el presidente Lasso”.
El pasado viernes, el CAL resolvió exigir a la Comisión de Fiscalización y Control Político que aplique de manera directa y sin dilaciones la normativa que corresponde al procedimiento de juicio político al mandatario e instó, en especial a su presidente, que “se abstengan de emplear normativa procesal ordinaria ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
“En tal virtud debe abstenerse de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar y obstaculizar el debido proceso dentro del procedimiento establecido para el efecto”, indicó el CAL.
En la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional es difícil predecir lo que sucederá. Esa instancia tiene nueve miembros, de los cuales tres son de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y cuatro son de oposición.
Los otros dos, incluyendo a Villavicencio, son asambleístas independientes, de los cuales dependerá en gran medida el desarrollo del trámite y las decisiones que tomen.
Tomado de RT/ Foto de portada: Anna Moneymaker / Getty Images.
