El gobierno argentino aplicó una poda de 33% en el gasto en las políticas públicas para reducir la desigualdad de género

Por Natalí Risso.

Protección social, infraestructura del cuidado, políticas alimentarias, programas para erradicar la violencia de género: todas las lineas del presupuesto que, según el propio Estado, apuntan a reducir la desigualdad de género tuvieron durante el primer bimestre del año una ejecución más baja que el del año pasado.

Más del 70 por ciento de las actividades mantiene su ejecución en cero. El gasto cayó 33 por ciento en términos reales en lo que va de 2024. Este recorte es más pronunciado que el fuerte ajuste que sufrió el presupuesto nacional total del 24 por ciento.

“No son solo políticas de ajuste, es un ataque directo a las condiciones de vida, para que no podamos organizarnos políticamente”, reflexiona la feminista, socióloga, investigadora y representante del colectivo Ni Una Mensos Luci Cavallero en declaraciones radiales, “no es casual que se esté apuntando con el Potenciar Trabajo, que se esté apuntando a las ollas: son el lugar donde se empieza la conversación política para muchas mujeres. Las trabajadoras estatales, las científicas del Conicet son todas compañeras que están politizadas por el proceso feminista”.

 
 
Subejecutadas
* Protección social: AUH, AE, Alimentar, Pensiones no contributivas

Dentro de las partidas ejecutadas, sobresalen las destinadas a protección social, que explican la mayor parte del presupuesto destinado a reducir la brecha de género: “El presupuesto para Moratorias previsionales, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Tarjeta Alimentar y Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos explicaron el 85 por ciento del presupuesto con perspectiva de género ejecutado en 2023”, explica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su Análisis del Presupuesto con Perspectiva de Género con motivo del 8 de Marzo.

En relación al primer bimestre de 2023, este año se produjo una fuerte caída de la ejecución de estos programas por parte de ANSES. En términos interanuales, el Centro de Economía Política CEPA calculó una merma real del 53 por ciento. “Pese a que la AUH fue incrementada en un 100 por ciento en el mes de enero de 2024, llevándola a 41.322 pesos, apenas alcanza a cubrir el 60 por ciento del costo de bienes y servicios de menores de 1 año, y menos del 20 por ciento del total de la canasta de crianza para la misma edad medida por el INDEC, que en enero superó los 200.000 pesos mensuales”, explica CEPA.

El impacto no es menor: el subprograma denominado Asignación Universal Para Protección Social alcanza a: 4.246.551 beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo,  134.056 beneficiarias de la Asignación por Embarazo, 3.546.564 beneficiarias y beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual; y 247.599 pensionadas por ser madres de 7 o más hijos.

 
* Violencia de género: programa Acompañar y línea 144

Otra de las lineas subejecutadas en los primeros dos meses del año es el Programa Acompañar, que consiste en el acompañamiento económico por el plazo de seis meses a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género. Se les otorga un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género. “Desde el cambio de gobierno no hay altas, con lo cual podemos prever que el Programa vaya no sólo cayendo en términos reales sino incluso nominales. Si bien al prorrogarse el presupuesto, con él se incluyó la meta física de asistir a 106.176 personas (misma meta que en 2023), la decisión de no dar nuevas altas implicará el no cumplimiento de la misma”, asegura CEPA.

La Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género,  que además incluye el presupuesto ejecutado para la linea 144 de denuncias por violencia de género, redujo interanualmente su ejecución en un 65 por ciento durante el primer bimestre del año según ACIJ.

*Infraestructura de cuidados

“En términos de programas de cuidados, el programa de Fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria que anteriormente dependía del Ministerio de Obras Públicas y ahora del Ministerio de Infraestructura no ejecutó ningún recurso en lo que va del año”, aseguró ACIJ. Por su parte, el programa destinado a el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles apenas ejecutó 28 millones de pesos, un 98 por ciento menos que en los mismos meses de 2023.

 
*Políticas de trabajo: Registradas y Potenciar trabajo

El programa “Registradas”, diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y fomentar su acceso y permanencia en el empleo registrado, fue dado de baja por el Gobierno Nacional en diciembre pasado y, por lo tanto, no tuvo ejecución durante el primer bimestre del año. La importancia en términos de género radica en que el 99 por ciento de las personas ocupadas como personal auxiliar en casas particulares son mujeres

El programa “Potenciar Trabajo” experimentó una reducción del 71 por ciento en términos reales en comparación con el mismo período de 2023, asegura ACIJ. Potenciar Trabajo consiste en una prestación económica individual denominada Salario Social Complementario cuyo monto equivale al 50 por ciento del SMVM. El Programa incluye como una de las posibilidades de contraprestación las tareas que se realicen dentro de proyectos socio-comunitarios. Muchas veces se trata de comedores y merenderos barriales (más de 40.000 en todo el país), a cargo principalmente de mujeres, que gestionan y organizan los turnos de comida, menús, entrega de viandas y paquetes de mercadería para las familias de la zona. Allí también se conforman espacios de cuidado, destinados tanto a infancias como a adultos mayores. 

 
Según el último dato disponible, a diciembre de 2023, del total de personas inscriptas en el Potenciar Trabajo, el 63 por ciento son mujeres (más de 650.000). La ejecución del Programa y de los correspondientes subsidios del monotributo social (100 por ciento del componente impositivo y previsional, 50 por ciento de la obra social para cada beneficiario) se encuentra en marcha, pero a valores nominales que han perdido considerablemente su poder de compra.

Tomado de Página/12 / Foto de portada: AFP.