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Las autoridades cubanas fueron pioneras en darle seguridad al flujo aéreo en la región caribeña y América Latina, precursoras de la firma de acuerdos para proteger el libre movimiento de aviones civiles.

En 1989, el territorio estadounidense sería amparo seguro del asesino Orlando Bosch, además se le tendría controlado y su discreción podía ser monitoreada, sobre sus largos años al servicio de la CIA.

Tras once años de manejos turbios, procesos amañados, violencia, asesinatos de funcionarios vinculados al dilatado juicio por el derribo del avión cubano, el desenlace estaba a la vista.