Los cuerpos de las mujeres y las niñas no son públicos

Por Patricia María Guerra Soriano / Colaboración especial para Resumen Latinoamericano

“¿Quién suele decidir sobre la atención de su salud? ¿Quién suele decidir sobre si usted debería o no utilizar anticonceptivos? ¿Puede decir que no a su marido o pareja si no desea mantener relaciones sexuales?” Estas son las tres preguntas que deben responder las mujeres entre 15 y 49 años que participen en las Encuestas Demográficas y de Salud, una herramienta utilizada por los Gobiernos para seguir el cumplimiento o no de la meta 5.6 aprobada por Naciones Unidas con el propósito de asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Después de analizar esas tres dimensiones en los 57 países (la mayoría de los cuales se encuentran en África Subsahariana) donde estaban disponibles los datos, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) publicó en su informe anual “Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación” resultados alarmantes: “solo el 55 por ciento de las niñas y mujeres son capaces de tomar sus propias decisiones” en cuanto a la autonomía corporal, mientras que solo “alrededor del 56 por ciento de las naciones tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en la sexualidad”.

El desarrollo social y tecnológico de este siglo pareciera dar por extinguidas algunas vulneraciones a la autodeterminación de las mujeres y las niñas, pero lamentablemente no es así, y en el tejido social hay quistes malignos y totalmente legítimos. Por ejemplo-de acuerdo con el informe de UNFPA-, veinte países o territorios tienen leyes que obligan a las víctimas a casarse con el violador. En estos casos el matrimonio es considerado una escapatoria legal para los autores del delito.

“En Iraq, si el agresor se casa con la víctima, cualquier actuación judicial contra él queda anulada y todas las investigaciones o causas judiciales que haya en curso se suspenden. Si ya se ha dictado una sentencia, esta se anula y no se ejecuta, pero puede restablecerse si hay un divorcio en un plazo de tres años”, asegura el documento.

Cuarenta y tres países de los analizados no cuentan con ningún tipo de ley que aborde las violaciones maritales, a pesar de que las mujeres sometidas padecen los mismos daños que las supervivientes de otras violaciones. Las prácticas que refuerzan las estructuras patriarcales van más allá del matrimonio al estar instaladas en el pensamiento social. Así, la mutilación genital femenina se realiza sin pensar en la integridad física y moral de la mujer o la niña, solo respondiendo a cuestiones de honor y tradición. Actualmente, más de 200 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias de la ablación, y al menos cuatro millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a ella cada año.

A partir de esas normas de género desiguales se fragmentan las capacidades para tomar decisiones autónomas y empoderadas sobre sus cuerpos y sus mentes y son atacadas “desde los sistemas jurídicos y económicos que niegan a las mujeres la independencia financiera hasta las tradiciones de herencia patrilineal y los sistemas educativos que no imparten conocimientos sobre los cuerpos y derechos” de los niños y niñas.

Olga Lourenco, coordinadora de un proyecto patrocinado por el UNFPA, dijo que “son pocos los padres o líderes comunitarios que se oponen a que un estudiante lleve a casa libros de textos de química o de cálculo”, sin embargo, agregó, “las lecciones de educación sexual integral-apropiada para la edad-con frecuencia se consideran tabú”.

La noción sobre autonomía como forma de empoderamiento femenino surgió en la década de 1970 y posteriormente fue adoptada por el movimiento en favor de la salud y los derechos sexuales. Luego de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, en 1994, la palabra “corporal” se ha unido a “autonomía” para formar un concepto que ha obtenido mayor relevancia desde que los delegados de la Cumbre de Nairobi en 2019, declararon la necesidad de “proteger y garantizar el derecho de todas las personas a la integridad y autonomía corporales y los derechos reproductivos, además de proporcionar acceso a servicios esenciales en apoyo a estos derechos”.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial es el primero que Naciones Unidas realiza centrándose en la autonomía corporal. En la presentación, Jaume Nadal Roig, representante de la UNFPA en Ucrania, afirmó que muchas de las violaciones a la integridad de la mujer “persisten y se perpetúan mediante normas, prácticas y leyes, la mayoría causadas por desigualdades de género profundamente arraigadas, por tanto el avance es lento y desigual”.

La negación de esa autonomía es para Natalia Kanem, la directora ejecutiva del Fondo, “una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género (…) se trata sencillamente de una destrucción del espíritu y hay que detenerla”.

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas ha dicho al respecto que la integridad corporal no solo permitirá alcanzar la salud sexual y reproductiva sino también otros Objetivos de Desarrollo Sostenible pensados para 2030. Si se eliminara la discriminación por razón de género en materia de ingresos-expuso Guterres-se generaría la asombrosa suma de 172 billones de dólares en capital humano y se podría ayudar a millones de personas a salir de la pobreza.

Kanem también recordó la triste realidad de que “cientos de millones de mujeres y niñas no sean dueñas de sus propios cuerpos” y zanjó que el “hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud, debería indignarnos a todos”.

Imagen de portada: AFP