Paro Nacional en Colombia: represión y violencia por parte de la Fuerza Pública
Por Patricia María Guerra Soriano / Colaboración especial para Resumen Latinoamericano
Desde el 28 de abril de 2021, cuando estallaron las protestas que en Colombia se opusieron al anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque, los reportes de abuso de poder y violencia ejercida por miembros de la Policía fueron el pan diario de una nación que vivía, además, los momentos más tensos derivados de la pandemia de la COVID-19.
La Oficina en ese país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue explícita al respecto concluyendo, en el informe Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021, presentado este 15 de diciembre en Ginebra, que hay razones fundadas para sostener la ocurrencia de “graves violaciones cometidas contra los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”.
Específicamente, entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina recibió información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas, de las cuales pudo verificar 46 casos (44 civiles y dos policías), y notificar “con motivos razonables” que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Fuerza Pública; en tanto, 10 de los asesinatos fueron cometidos por actores no estatales, mientras que en ocho casos no se obtuvo información suficiente para establecer autoría.
La mayoría de las personas fallecidas-precisa la investigación-eran jóvenes entre 17 y 26 años, descendientes de campesinos, indígenas y afrodescendientes de barrios pobres y periféricos, quienes participaban en las manifestaciones con el propósito de “generar cambios estructurales e institucionales para alcanzar mejores oportunidades de estudio o trabajo”, según hicieron saber sus familiares en las entrevistas realizadas por la Oficina.
Adicionalmente, se informaron 60 denuncias de violencia sexual en contra de 48 mujeres y 12 hombres, presuntamente cometidas-detalla el informe emitido por la Oficina- por miembros de la Policía Nacional. De ese total fueron verificadas 16 víctimas: 11 mujeres, dos niños y tres hombres.
Tras el análisis de los casos documentados se determinó que, en cinco de ellos, la violencia sexual constituyó tortura y en otros ocho, se transfiguró en tratos, crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con la información recopilada y contrastada por la Oficina, la violencia sexual fue usada por la policía “para castigar a las personas por su participación en las manifestaciones y para humillarlas por su condición de mujeres (por no cumplir con los roles de género asignados tradicionalmente o involucrarse en asuntos públicos), de personas LGBTI, o por su pertenencia étnica”.
La brecha de género en la sociedad colombiana quedó expuesta por la Defensoría del Pueblo que identificó un total de 113 hechos de violencia en contra de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas durante las manifestaciones sociales entre el 28 de abril y el 4 de junio del presente año.
Según el informe, organizaciones de la sociedad civil subrayaron que el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza ocurrió en las ciudades y zonas del país donde la protesta contó con mayor presencia de personas afrodescendientes e indígenas.
El análisis del Paro Nacional partió de 623 entrevistas realizadas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos, así como de la revisión forense de 83 videos seleccionados entre 2 414 piezas de material audiovisual categorizadas, inicialmente, según su credibilidad y relevancia.
Luego de un examen minucioso del material recopilado, el documento muestra la preocupación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante la estigmatización de los manifestantes, incluso por parte de los medios de comunicación, al relacionarlos con la ocurrencia de actos vandálicos y vinculados al terrorismo.
Desde esta perspectiva, el reporte de la ONU concluyó que el Estado colombiano deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica y recomendó “prevenir y perseguir penalmente los abusos cometidos por terceros contra manifestantes para garantizar el derecho de reunión de manera integral”.
Asimismo, sugirió la conformación de un grupo técnico de expertos independientes, integrado por personas de la sociedad civil, con el objetivo de “revisar toda la información disponible sobre el uso de armas por parte de la Fuerza Pública” y adoptar una transformación profunda del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, “incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza, de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos y la sentencia de la Corte Suprema de septiembre 2020”.
Foto de portada: TeleSur
