Bolivia: Alegato de Áñez
Por M. Javier Astorga M.
Ha comenzado en Bolivia uno de los juicios penales ordinarios –sin ningún privilegio constitucional por haber sido su presidencia el resultado de una ruptura golpista del orden constitucional- contra Jeanine Añez,
¿Qué conclusiones podemos sacar del alegato de la señora Áñez, de su última audiencia judicial por el caso denominado “Golpe II”?
La señora Áñez efectuó su alocución sorprendentemente por casi 40 minutos, tiempo en el que no se vio que le temblaba la mandíbula o que sufría alguna clase de descompensación de salud. Por el contrario, tuvo la suficiente energía para desconocer a sus interlocutores y llamar cobardes a aquellos que no se atrevieron a hacer lo que ella valiente y patrióticamente asumió.
Su alegato fue un recordatorio del libreto golpista, que fue planificado desde los Estados Unidos ya desde el 2016 y repetido infinidad de veces por los agentes de la CIA norteamericana, Jorge Quiroga Ramírez y Carlos Sánchez Berzaín, es decir, que la ciudadanía, dicen ellos, “toda Bolivia” se indignó, primero por el desconocimiento gubernamental al referéndum del 2016 y luego por el fraude descarado que se hizo desde esferas oficiales para garantizar la victoria en primera vuelta del MAS en las elecciones de octubre del 2019. Estos argumentos ya son bastante conocidos y ya se discutió lo suficiente sobre ellos, además que los analizamos en anteriores artículos demostrando su falsedad. Lo que si llama la atención en este alegato del viernes 8 de abril fueron las contradicciones en que incurrió la señora Áñez que, en nuestro criterio, desvirtúan los argumentos de los que sostienen que no hubo golpe de Estado.
Por ejemplo afirmó que, en esos luctuosos días de noviembre del 2019, ella como “toda Bolivia” dice, estaba en su región “protestando pacíficamente contra el descarado fraude electoral que el MAS llevaba a cabo”. Al mismo tiempo dijo ella que “ya en Bolivia había confrontación y violencia”. Con esto confirma que las protestas de los denominados “pititas” (piquetes de personas que bloqueaban las calles con cuerdas o pitas, de ahí su nombre) no fueron pacíficas, de lo contrario no se hubiera dado violencia de ninguna naturaleza. Lo que hubo fue un planificado levantamiento en contra de un gobierno legalmente establecido, ¿quiénes eran los que deberían defender esta legalidad? Por supuesto la policía. Al no hacerlo, la señora Áñez reconoció implícitamente el motín policial; motín que, además, fue plenamente avalado posteriormente por el señor Luis Fernando Camacho (otro de los actores centrales del golpismo) cuando afirmó por redes sociales y algunos medios de comunicación, que fue su papá José Luis Camacho quien “cerró” el trato tanto con militares y policías para que se sumen a la conspiración.
En otro punto de su declaración Áñez habló acerca de la custodia policial que tenía antes de ser presidenta, indicando que no sabía la razón de dicha custodia policial, pero inmediatamente encontró ella misma la explicación al afirmar que “debía haber sido, porque en todos los medios de comunicación, se presumía que sería la presidenta”. Esto es sumamente grave. La prensa anuncia que Áñez sería la presidenta e inmediatamente la policía le brinda resguardo, vale decir que se pone bajo sus órdenes. Esto es otro reconocimiento implícito de que hubo golpe de Estado, además de ratificar el papel miserable que jugaron los medios de comunicación en el golpe del 2019. Esto queda reconfirmado cuando dijo que, cuando aún no era presidenta y encontrándose en La Paz a expectativas de lo que pudiera suceder, ya la policía custodiaba su casa en el Beni. Es sumamente grave esta afirmación cuando existen registros de que, en esos mismos momentos, la policía permitía que la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, fuera incendiada en la ciudad de Potosí. Otro reconocimiento implícito de que la policía amotinada ya estaba bajo órdenes de los golpistas.
Otra afirmación que hizo Áñez indica que “sólo asumiría la presidencia si no tienen otra opción y sólo si tengo apoyo”. En el hecho de aceptar como ella hizo que los parlamentarios que se encontraban en la línea de sucesión Constitucional renunciaron voluntariamente como sostienen los golpistas, no había otra opción, sino la que manda el reglamento y las normas Constitucionales. Esto es una aceptación implícita de que el futuro de la señora Áñez no lo definieron los parlamentarios sino los políticos de derecha que estaban reunidos en la Universidad Católica de la ciudad de La Paz. Aceptación de que el parlamento estaba a merced de los golpistas que ya habían tomado el poder en contubernio con los policías y militares que son el verdadero poder de cualquier Estado. “Sólo si tengo apoyo” indicó ella, ¿apoyo de quién? En un régimen constitucional el apoyo debe venir primero de la población votante y en caso de sucesión constitucional, del parlamento en pleno, cosa que evidentemente no sucedió. El apoyo entonces tuvo que venir de quienes tomaron por la fuerza el Estado, aquí ya hay otro implícito reconocimiento del golpe y la ruptura Constitucional.
El remate de todo el alegato lo encontramos cuando la señora Áñez afirma que no elude sus responsabilidades, que no pide inmunidad, esto es un reconocimiento implícito de que la señora Áñez cometió un delito. Lo que ella exige es un juicio de responsabilidades que, según la acusada y sus abogados, le corresponde como expresidenta del Estado y no un juicio penal ordinario. Esta exigencia la hace desde el entendido que un juicio de responsabilidades necesitaría de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación y que estos votos dependerían de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, vale decir los partidos de los coautores del golpe, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Podemos colegir rápidamente que este juicio sería casi imposible de llevarse a cabo, quedando en total impunidad los golpistas y dejando en la injusticia la investigación por las masacres de civiles durante el régimen de facto que presidió delictivamente la señora Áñez.
Con el objetivo de frenar los juicios por la vía penal ordinaria que ya se están sustanciando, la estrategia jurídica/política de los golpistas es ir hacia el juicio de responsabilidades restringiéndolo sólo a Jeanine Áñez, como una forma para que no comparezcan en tribunales los otros responsables del artero golpe de Estado del 2019 (Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y otros) que significó luto, dolor y muerte para el pueblo humilde, trabajador, que defendió con su vida un Proceso de Cambio que lo siente suyo.
Lo inaceptable es que esta estrategia sea compartida con funcionarios del Gobierno que entraron a la burocracia estatal gracias a los votos de ese pueblo que pide justicia y votó en el 2020 determinando por amplia mayoría continuar con el Proceso de Cambio con un nuevo gobierno del MAS-IPSP presidido por Luis Arce, con el mandato de buscar justicia para los mártires de la democracia y cárcel para los golpistas.
Uno de los principales personeros del actual gobierno que se manifiesta por el juicio de responsabilidades es el ministro de justicia Iván Lima. En contradicción con el discurso del presidente Luis Arce, quien sostuvo desde un principio que hubo golpe y que los culpables deben responder por sus actos, pero en franca coincidencia con el conciliador discurso del cóndor y sus dos alas (derecha e izquierda) que maneja el vicepresidente David Choquehuanca. El ministro Lima está convirtiéndose junto con otros altos personeros del gobierno actual en la quinta columna traicionera del Proceso de Cambio.
Lo cierto es que encontramos muchas coincidencias entre este ministro miembro del Opus Dei y la señora ´`Añez, que entró a Palacio con la Biblia en la mano, coincidencias que explicarían la libertad de la que gozan actualmente varios de los golpistas, que incluso parte de ellos son ahora autoridades nacionales o regionales. Coincidencias que muestran implícitamente la existencia de alguna clase de inaceptable pacto político con la derecha.
Tomado de Rebelión/ Foto de portada: La Opinión.
