Guatemala: Nuevos casos de acoso judicial y policial a la prensa

Por Simón Antonio.

Las personas que ejercen el periodismo en Guatemala siguen enfrentado acoso y limitaciones a su trabajo. La Policía Nacional Civil (PNC), los tribunales de justicia y el Ministerio Público (MP) son las instituciones que más implementan las restricciones, agresiones y el acoso.

Durante junio se registraron 14 acciones que limitaron el acceso a la información y restringieron el trabajo periodístico en cuatro departamentos: Chiquimula, Guatemala, Escuintla y Huehuetenango.

En dos audiencias públicas no se permitió a periodistas documentar el desarrollo de las decisiones judiciales. Un caso ocurrió en la cabecera departamental de Chiquimula, donde se lleva un proceso contra comunitarios de Olopa que resisten a la minera Cantera Los Manantiales. El otro, en el proceso en Ciudad de Guatemala contra Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango.

En el proceso contra Laparra, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal ordenó al MP que iniciara una investigación contra periodistas de la Agencia Ocote que entrevistaron a la exfiscal, quien en esa conversación denunció las condiciones a la que ahora es expuesta por el sistema penitenciario.

También se registraron tres hechos en que agentes de la PNC limitaron el trabajo periodístico. El primero, el 13 de junio en Chinautla, cuando dos agentes engrilletaron al camarógrafo Josué Cotzajay, quien estaba documentando un operativo; momentos después lo dejaron libre.

El segundo hecho se registró en Siquinalá, Escuintla, el 16 de junio cuando detuvieron al periodista Robinson Ortega de Relax TV y lo trasladaron al juzgado de Santa Cotzumalguapa; fue dejado en libertad una semana después de su detención. En el mismo hecho también intentaron detener al periodista Carlos Paredes de Prensa Libre y Guatevisión.

El tercer hecho ocurrió en la calzada Roosevelt enfrente del hotel Tikal Futura el 21 de junio. Agentes de las fuerzas especiales destrozaron la cámara del periodista Carlos Hernández Paredes de Prensa Libre y Guatevisión mientras se realizaba un desalojo a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por la crisis política de la universidad. Esto ocurría cuando en uno de los salones del hotel se realizaba la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU).

En su monitoreo, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (UDEFEGUA), dijo que las personas que ejercen el periodismo conforman uno de los grupos de profesionales más agredidos, el tercero en la lista.

UDEFEGUA ha identificado tres patrones de agresiones. Uno tiene que ver con el acceso a las fuentes de información, que se ha cerrado a través del incumplimiento de los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública o de proporcionar información parcial o en muchos casos no proporcionar ningún tipo de información. Otro patrón es el cierre o expulsiones de periodistas de grupos de aplicaciones de mensajería en los que se maneja información pública. También hay un patrón de utilizar de forma indebida la ley para limitar el ejercicio periodístico, como ha ocurrido con la Ley contra la Violencia contra las Mujeres.

La reacción de la PNC

El Ministerio de Gobernación (MINGOB) informó en sus redes sociales, tras los hechos donde la PNC se había visto involucrado contra el trabajo periodístico, que había girado instrucciones a los mandos policiales a nivel nacional de respetar el trabajo de periodistas. En el caso del destrozo del equipo del periodista Carlos Hernández, la institución policial informó que asumiría el costo del equipo.

Para Jorge Santos, de UDEFEGUA, la instrucción emitida por el MINGOB a los mandos policiales no es suficiente. “Más allá de una instrucción, lo que debe haber es un planteamiento mucho más directo de cómo se debe ejercer el uso de la fuerza pública; lo hemos visto en los últimos días: un uso inapropiado y desproporcionado de la fuerza, que no solo lo arremeten contra la ciudadanía, sino en contra de periodistas que están haciendo su labor de informar a la población”, dijo.

A pesar de que el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, ha negado en más de una ocasión que exista una política de represión contra la prensa, para Héctor Coloj, del Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), sí hay una política que tolera estas acciones en un contexto de presión y regresión autoritaria. “Aunque el ministro niega que la actuación de esos agentes responde a directrices superiores, es muy extraño que violencia policial, intento de arresto y arresto arbitrario hayan ocurrido en diferentes departamentos en diferentes escenarios. Nosotros vemos que forma parte de una política represiva del Estado y principalmente del presidente”, dijo Coloj.

En el caso de los tribunales, Jorge Santos indica que es grave la actuación de jueces que limitan el acceso a periodistas a las audiencias. “Estas limitaciones se han dado en audiencias de carácter público, lo que da cuenta de la opacidad en la que el juez pretende emitir su resolución, porque sin lugar a dudas va a ser una resolución que no va a estar apegada al derecho y que (el juez) va a cometer muy probablemente otra serie de hechos, abuso de poder, arbitrariedad y otros delitos que los jueces pueden cometer en cuanto a su resolución”, analizó.

En los primeros seis meses de este año se han registrado 84 agresiones al trabajo periodístico, distribuidos así: enero con siete casos documentados; febrero, 15 casos; marzo con 21 casos; abril con 15 casos; mayo, 12 casos y junio con 14 casos.  Jorge Santos y Héctor Coloj afirman que esta situación puede agravarse en el contexto de regresión autoritaria y año preelectoral que vive Guatemala.

Tomado de Prensa comunitaria/ Foto de portada: Periodista Carlos Hernández con el equipo destrozado por la PNC el 21 de junio en una represión policial contra estudiantes del USAC.