Ucrania: La democracia, según Kiev

Por Nahia Sanzo. 

Desde que comenzó la intervención militar rusa el 24 de febrero de 2022, la guerra ha servido de justificación para la toma de una serie de medidas que, en diferentes condiciones, habrían sido calificadas de antidemocráticas o que, cuando menos, habrían sido sometidas a cierto escrutinio.

Es el caso de la centralización de la política informativa, la prohibición de publicación de imágenes sobre los bombardeos rusos o sus consecuencias y, sobre todo, el veto a toda una serie de partidos políticos opositores cuyas actividades fueron primero suspendidas y posteriormente prohibidas. Entre los partidos prohibidos desde el inicio de la intervención rusa se encuentran partidos minoritarios y con escasa presencia política como Bloque Volodymyr Saldo, el Partido Justicia y Desarrollo, el Partido Socialista de Ucrania, el Partido Sharii, el Partido Socialista Progresista de Natalia Vitrenko, la mayoría de los cuales ya había suspendido sus actividades, de por sí escasas. Solo el Bloque Volodymyr Saldo colabora activamente con las autoridades rusas en Jerson, algo que están pagando con constantes ataques como coches bomba que solo pueden calificarse de terroristas.

El 14 de mayo, sin que se produjera queja alguna por parte de los países democráticos, que han presentado la actual guerra como un conflicto entre la democracia y el autoritarismo, Volodymyr Zelensky firmó la orden de prohibición de esos partidos prorrusos, calificativo que justifica la represión, confirma que existe una agenda de pensamiento único en el país y que, sobre todo, no exige prueba alguna. Algunos de esos partidos, como el de Anatoly Sharii, tremendamente crítico con el Gobierno, pero difícilmente calificable de prorruso, ya habían suspendido sus actividades para centrarse en la ayuda humanitaria. Otros, como el Partido Socialista Progresista, aunque realizaron acciones de protesta en el inicio del régimen de Maidan, han desaparecido completamente de la vida política.

Entre los partidos prohibidos a golpe de orden presidencial y sin sentencia judicial que lo justificara estaba también la Plataforma Opositora por la Vida, uno de los varios partidos nacidos a partir de la descomposición del Partido de las Regiones de Viktor Yanukovich. Con Viktor Medvedchuk, un oligarca de segunda fila al que habitualmente se acusa de prorruso y de tener una amistad personal con Vladimir Putin, como figura principal, el partido era, hasta meses antes de la intervención rusa, líder en intención de voto. Entonces comenzó el proceso de deslegitimación de un partido que aspiraba a presentarse como un bloque que representara los intereses de la población del sureste del país. Como parte del mismo caso en el que también estaba acusado el expresidente Petro Poroshenko, los tribunales decretaron para Medvedchuk arresto domiciliario. Entre las muchas causas contra ellos, Ucrania acusa a Medvedchuk y Poroshenko por el comercio supuestamente ilegal de carbón entre la RPD y Ucrania, comercio que existió en tiempos de Poroshenko y también en tiempos de Zelensky, ya fuera directo o a través de territorio ruso.

En un momento en el que Ucrania necesitaba una victoria mediática, Viktor Medvedchuk fue detenido y presentado ante los medios vestido de militar y con la cara golpeada tras lo que el SBU alega que fue un intento de fuga. Desde entonces, el líder de la Plataforma Opositora ha sido privado del escaño que consiguió con los votos de la población, el SBU ha mostrado un vídeo en el que, leyendo un mensaje previamente escrito, el político pedía a Rusia que fuera intercambiado por los defensores de Azovstal y posteriormente ha comenzado contra él un juicio secreto del que apenas se conocen detalles, pero del que no es de esperar excesivo rigor jurídico.

Sin embargo, ninguna de estas tendencias es nueva, como no lo es tampoco el uso de la guerra contra Rusia como argumento para la introducción de medidas de claro tinte antidemocrático. En los ocho años desde la llegada al poder de los gobiernos nacidos de Euromaidan, la prensa y partidos opositores han sido un objetivo tanto de las autoridades como de los grupos de extrema derecha, que en ocasiones han realizado el trabajo sucio de hostigamiento y amenazas a medios y periodistas que las autoridades no podían realizar legalmente. Varios han sido los casos de acoso y agresión de grupos como el regimiento Azov a medios de comunicación en busca de modificar su línea editorial. Con la intervención militar rusa, esa labor ya no es necesaria y cualquier decisión, por antidemocrática, aleatoria o autoritaria que fuera, puede justificarse escudándose en la guerra.

Pero aunque la etiqueta prorruso ha sido, en todo este tiempo, el principal argumento para justificar medidas represivas contra todo medio, periodista o partido opositor, el principal blanco de la caza de brujas de la Ucrania post-Maidan ha sido la ideología comunista, entendida en el sentido más amplio posible, incluyendo ahí a todo aquel que rechazara renegar también del periodo soviético. Con el objetivo de una ruptura completa con el pasado soviético, Ucrania aprobó la ley que condenaba y prohibía la difusión de propaganda y simbología de los regímenes totalitarios comunista y nazi. Esa ley no solo equiparaba, como escribió Effraim Zuroff, de la Fundación Wiesenthal, “al régimen más genocida de la historia de la humanidad con el que liberó Auschwitz y ayudó a acabar con el reino del terror del Tercer Reich”, sino que fue aprobada específicamente para luchar contra solo una de esas ideologías señaladas. Así se desprende de la forma en que grupos como el Praviy Sektor han actuado con total impunidad -el caso de Serhiy Sternenko es tan solo un ejemplo- y otros como el C14 han formado parte de las estructuras oficiales del Gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Veteranos, donde también se ha hecho fuerte a lo largo de los años el regimiento Azov, que pese a lo publicado estos meses por medios como The Times, continúa utilizando el Wolfsangel como su símbolo principal.

Mientras tanto, han sido los partidos comunistas, no solo el Partido Comunista de Ucrania, sino también partidos más pequeños como Borotba, los que han sido estigmatizados, despojados de sus símbolos y sus sedes y prohibidos. También en este caso, los grupos de extrema derecha han ejercido de brazo ejecutor en casos en los que las autoridades no podían actuar legalmente. Es el caso de la principal sede del Partido Comunista de Ucrania en Odessa, capturada por el Praviy Sektor de Serhiy Sternenko y apenas unos meses después, ocupado ya por la autoridad regional en ese momento liderada por Mijaíl Saakashvili.

Eliminados de sus símbolos la hoz y el martillo, desdibujado desde hace años, perdida la popularidad que tuviera en los años noventa su líder Petro Simonenko, el Partido Comunista ha perdido, desde la victoria de Maidan su puesto en el Parlamento -donde un religioso realizó un ritual para purificar los asientos que habían ocupado los diputados comunistas-, su identidad y toda presencia política. El Partido Comunista fue, junto a otros partidos comunistas menores, el primero en ser señalado por la ley antitotalitarista que buscaba únicamente eliminar a la oposición de izquierdas, que tenía gran parte de su electorado en Crimea y en las zonas industriales del país, el sudeste que en 2014 protestó contra el cambio de Gobierno.

El Partido Comunista jamás defendió la rebelión de Donbass. Sus  tiendas de campaña desaparecieron del solar frente al edificio de la Administración Regional de Donetsk en las primeras semanas de las protestas en 2014, cuando comenzó a hablarse de separación de Ucrania y se inició la rebelión armada. Los miembros del Partido que se mostraron a favor de la RPD, Boris Litvinov entre ellos, fueron expulsados y se vieron obligados a reorganizar el Partido Comunista de la RPD al margen de las estructuras oficiales. Aunque no había base alguna para acusar al KPU de amenazar la integridad territorial del país, principal argumento para detener a opositores y prohibir medios o partidos, la ideología comunista y la hoz y el martillo fueron siempre justificación más que suficiente para prohibir el partido.

La primera prohibición, la de participar en actividades políticas, llegó en 2015. Con ella, la escasa presencia que ya entonces tenía el KPU desapareció completamente. Pero la lucha de Ucrania contra el Partido Comunista se ha alargado en el tiempo. Este mismo mes, sin que por supuesto haya causado queja alguna de los países democráticos, un tribunal de Lviv confirmaba la prohibición definitiva del KPU, que en estos años ha tratado de luchar por la vía judicial para defender su existencia.

“Las actividades del Partido Comunista de Ucrania están prohibidas; las propiedades, fondos y otros activos del país, sus organizaciones regionales, municipales y de distrito, sedes y otras entidades estructurales han sido transferidas al Estado”, afirma el comunicado del tribunal de Lviv que ha sentenciado definitivamente a la clandestinidad, y quizá al olvido, al KPU.

Prohibido y desaparecido el Partido Comunista, la lucha de Ucrania contra la ideología comunista continúa. El 12 de julio, se podía leer en la prensa internacional que “Un tribunal de Leópolis prohíbe al marxista Partido de los Trabajadores de Ucrania”, un titular que podría parecer de otros tiempos. El Partido de los Trabajadores de Ucrania era el enésimo intento de Alexander Bondarchuk, periodista y exdiputado del Partido Comunista, de registrar un partido de izquierdas en la Ucrania post-Maidan. No es la primera batalla de la Ucrania post-Maidan contra Bondarchuk, que en 2015 pasó nueve meses en prisión acusado de amenazar la integridad territorial de Ucrania. Su delito era editar un periódico marxista, Clase Obrera, en el que publicó una entrevista a Pavel Gubarev.

Pero, ante todo, la represión busca castigos ejemplarizantes contra activistas conocidos. Así se demuestra con la detención e imputación de comunistas como los hermanos Kononovich, jóvenes miembros de organizaciones comunistas, en prisión preventiva desde las primeras semanas de la intervención rusa y a los que se acusa de todo tipo de delitos de pensamiento. Aunque explicada como consecuencia de la guerra con Rusia, la detención de activistas comunistas, izquierdistas, prorrusos o simplemente opositores o periodistas -como es el caso de Yuri Tkachev en Odessa- no es sino la continuación de una actuación que no comenzó el febrero de 2022, sino que se remonta a febrero de 2014, cuando el nuevo régimen nacido en Euromaidan tuvo claro desde el principio cuáles eran sus enemigos.

Eso sí, la escalada bélica no solo ha permitido dar pasos que en años interiores habrían sido impensables y que habrían sido duramente criticados -la eliminación de estatuas a Pushkin o la eliminación de Tolstoi o Dostoievsky del currículum escolar y también la idea de limpiar las bibliotecas de todos los libros en ruso- sino que justifica mucho más. Frente a los meses de encarcelamiento preventivo y una condena que puede llegar a una década en prisión por delitos de pensamiento de los hermanos Kononovich, miembros de los batallones voluntarios ucranianos están siendo puestos en libertad.

Por orden directa de la Oficina del Presidente de Ucrania, va a ser puesto en libertad Ruslan Onischenko, excomandante del batallón Tornado, posiblemente el más criminal de los batallones voluntarios ucranianos. Los crímenes del batallón en su participación en lo que Ucrania calificaba como operación antiterrorista -la guerra en Donbass- fueron tan graves que no se planteó para ellos la impunidad que Kiev ha garantizado a los veteranos. Los soldados del batallón Tornado fueron condenados por saqueos, violaciones, secuestro y ejecuciones de civiles de Donbass. Ahora, la guerra les permite regresar al frente para continuar su labor.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: Slavyangrad / Foto de portada: Igor Chekachkov/ AP.