El libro de la Iglesia sobre la dictadura en Argentina: Un primer tomo con sabor a poco
Por Ailin Bullentini.
Algunos albergan esperanzas de que la Iglesia diga lo que “calló tantos años”, otros celebran la presentación ante la Justicia. Expectativas por el segundo tomo y reflote de la teoría de los dos demonios.
El primer paso que dio Nora Cortiñas cuando se llevaron a Gustavo fue en dirección a la Catedral de Morón. “Se me ocurrió ir a hablar con el Obispo. Y como yo, casi todas las Madres, pero las respuestas que recibimos fueron en su mayoría las mismas. Nada”, contó la integrante de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo para puntualizar la “sorpresa” que le provocó la noticia de que” finalmente” la Iglesia “se ponga a hablar de lo que sabe y lo que calló” sobre los crímenes de lesa humanidad. Las Madres no recibieron convocatoria alguna de parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en el marco del lanzamiento de “La verdad los hará libres”, el informe que la Universidad Católica Argentina armó por encargo de la autoridad eclesiástica sobre la actuación de la Iglesia durante el terrorismo de Estado. Tampoco recibió invitación el resto de los organismos de derechos humanos, algunos de los cuales comenzaron a revisar por motu propio el material. La madre de Plaza de Mayo guarda “cierta esperanza” sobre la posibilidad de que el documento clerical “aporte datos, diga qué pasó con nuestros hijos, en dónde están nuestros nietos”. Por lo pronto, el primer tomo del informe no contiene esa información.
Como ejemplificó Cortiñas, catedrales y parroquias, despachos de curas y obispos, fueron punto de partida de muchos y muchas madres, padres, hermanos y hermanas en el camino para saber qué había ocurrido, en dónde estaban sus seres queridos secuestrados en pleno terrorismo de Estado. Hubo entrevistas en persona y cartas enviadas a autoridades eclesiásticas de parte de individuos y de referentes de los colectivos ya desde los primeros años del genocidio. Las denuncias y los pedidos de ayuda en el hallazgo de cualquier tipo de información se convirtieron, con los años, en reclamos concretos a quienes fueron ocupando cargos de jerarquía en la institución eclesiástica de parte de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Se les pidió información y luego se les pidió la apertura de los archivos.
“La Iglesia siempre fue muy esquiva, muy negativista. Pero sabemos que tiene que tener información porque una parte de ella estuvo muy cerca del poder de los represores y porque incluso varios de sus integrantes se pasearon por los campos de concentración”, apuntó “Norita”, quien, sin haber todavía tenido acceso al material, compartió en diálogo con este diario su esperanza de que “este material sea el comienzo de un diálogo con el pueblo que implique aportar información que aún desconocemos”. Por lo pronto, no parece ser el caso.
“Entendemos que, por lo que informa la CEA, no habría ninguna información de relevancia sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas”, apuntó Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
El espejo de la teoría de los dos demonios
En el primer tomo de “La verdad los hará libres”, el informe que la UCA armó por encargo de la Conferencia Episcopal sobre la actuación de la Iglesia durante la última dictadura cívico militar, se pueden encontrar descripciones de hechos históricos vinculados a la institución y al devenir político del país en general, de “organizaciones armadas” y de personalidades destacadas en la temática en tono enciclopédico. Hay consideraciones sobre la sociedad argentina y sus necesidades de entonces y actuales. También hay señalamientos de comportamientos individuales. Lo que no hay es un reconocimiento concreto de cualquier tipo de complicidad de la institución con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por aquel Estado terrorista. El análisis se mira de lleno en el espejo de la teoría de los dos demonios.
“Conociendo la historia de la iglesia, no creo que asuman una responsabilidad que tenga consecuencias judiciales”, apuntó Mabel Careaga, del colectivo de Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, que también criticó la bajada informativa del documento como “una toma de postura”: “La Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983”.
“La violencia en la historia argentina desde el nacimiento de nuestra patria se originó siempre desde el dueño de la fuerza, el Estado. El pueblo en los diferentes momentos históricos se organizó para resistir y contrarrestar la violencia, la represión, los golpes de estado y los crímenes políticos que venían siempre desde el Estado o de fuerzas parapoliciales”, reflexionó Careaga. “El golpe de 1976 no fue como respuesta a las organizaciones guerrilleras. Respondió a intereses económicos que produjeron un cambio sustancial en la matriz productiva del país cuyas consecuencias aún estamos viviendo. No me cierra para nada ese título”, concluyó.
Los archivos
Según explican en el primer tomo, la base del trabajo elaborado por la UCA, sus autoridades e investigadores son los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina y del Vaticano relativos a los años que duró la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina. Indican que el análisis pormenorizado de ese fondo documental llegará en un segundo tomo, que se espera en circulación para los días previos al 47 aniversario del golpe de Estado genocida. Allí, anuncia la introducción a la obra, los autores y editores se explayarán sobre la actuación del Episcopado, el Papa y la Santa Sede –y todas las instituciones que las componen– frente al plan sistemático de tortura y exterminio que desplegaron los dictadores. Por lo pronto, el material fue entregado a la Justicia.
En este sentido, Hourcade destacó que “es novedoso que la CEA haya remitido esa información a los juzgados porque, si bien ha habido pedidos a la Iglesia, nunca fue de iniciativa propia”.
En octubre de 2016, el Episcopado argentino y el Vaticano anunciaron la apertura de sus archivos. Meses después presentó un protocolo de consulta de aquel fondo documental que restringió a familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Según indica, hasta junio de 2022 se recibieron 49 solicitudes. Una de ellas es la realizada desde Memoria Abierta en representación de los organismos de derechos humanos que la integran –APDH, CELS, la asociación Buena Memoria, entre otras. “La familia Mignone e Ilda Micucci pidieron la información que pudiera existir en los archivos de la CEA sobre sus familiares y se recibió una rápida respuesta, pero la documentación que se adjunto en ese momento no agregó ninguna información nueva, se remitieron los mismos pedidos que los familiares habían hecho llegar en dictadura”.
Entonces, los organismos reclamaron que el acceso debería ser público e irrestricto. Hasta el momento, en tanto colectivos no pudieron ver esos documentos. La directora ejecutiva de Memoria Abierta, Verónica Torras, confirmó que a “los organismos no se les ha facilitado una copia” del trabajo difundido por la CEA, por lo que aún no pueden emitir información al respecto. “Sería muy importante que podamos tener acceso al mismo, para poder conocer la documentación que se usó para la investigación”, apuntó.
Desde la APDH recordaron que desde sus comienzos –1975– el organismo “recurrió a las autoridades eclesiásticas en procura de auxilio y atención ante la barbarie que se había desatado en el país ya de un modo sistemático a partir del 24 de marzo del 76. Denunciamos esos crímenes, que en algunos casos padecieron miembros de la Iglesia Católica y junto a otros organismos demandamos la apertura de sus archivos. La respuesta fue el silencio. Ahora veremos qué resulta este primer material, si efectivamente es parte de aquello que tantas veces reclamamos”, señaló uno de sus presidentes, Eduardo Tavani, quien insistió en que la APDH no vio los archivos.
De todas maneras, en algunos organismos comenzaron a revisar el primer libro, que es de circulación masiva, y esperan por el segundo, más específico. “Por lo que pudimos ver no hay reconocimiento de la actuación de la Iglesia en complicidad con los crímenes de la dictadura en el informe”, sostuvo Hourcade. Recordó, en este sentido, denuncias y pedidos de los y las fundadoras del CELS ante las autoridades eclesiásticas durante la dictadura “sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas y las y los niños apropiados. En ese entonces no se recibió ninguna respuesta satisfactoria y no pareciera que la documentación que se ha remitido ahora conteste a esas preguntas tan acuciantes para las familias de las víctimas. Tampoco parecería haber información sobre responsables, pero todo queda supeditado a poder acceder a esa información y hacer una evaluación”, advirtió la abogada.
Tavani recordó que “existen acusaciones, incluso sentencias judiciales que prueban la complicidad de la Iglesia en los crímenes de la última dictadura de naturaleza diversa” así que “es de esperar, tras tanto tiempo, que sea un aporte en ese sentido” el informe del Episcopado. “La complicidad de la jerarquía eclesiástica durante el terrorismo de Estado no está puesta en duda. Fue ostensible y manifiesta, y se materializó en infinidad de acciones por un lado y de omisiones por otro, que muchas veces allanaron el camino para llevar a cabo crímenes atroces”, mencionó.
Tomado de Página/12/ Foto de portada: El dictador Videla en la Iglesia Stella Maris /Eduardo Longoni.
