¿La “paz total” de Petro en crisis? Proponen plebiscito en Colombia para decidir el futuro de esa ley

Por Nathali Gómez.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, puso sobre la mesa la posibilidad de convocar a un plebiscito para consultarle a los colombianos si están de acuerdo con la ley de la ‘paz total’, una política transversal y estructural del Gobierno de Gustavo Petro, que ya tiene un año.

Con esta nueva carta, el titular del Ministerio Público –que ha mantenido una prolongada disputa con el mandatario colombiano por diferencias de criterio sobre la delimitación de las funciones de ambos– plantea la oportunidad de que las mayorías decidan si aprueban o rechazan esa política de Estado, que fue sancionada en noviembre de 2022 y que ha sido cuestionada por el alto funcionario y por sectores de la oposición desde sus orígenes.

En el país suramericano, el plebiscito es convocado por el presidente, con el respaldo de la firma de todo su gabinete, y luego le corresponde al Congreso dar su visto bueno.

¿Qué dijo Barbosa?

Durante su participación en la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, que llevó a cabo en Santa Marta (Magdalena), Barbosa expresó que como “están de moda los plebiscitos” se debería hacer uno “donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupo delincuenciales”.

El titular del Ministerio Público consecuentemente se ha mostrado crítico con la ‘paz total’ y en varias oportunidades ha dicho que esa política –que busca tender puentes de diálogo político y jurídico con los grupos armados y criminales– abre la puerta para la toma de los territorios por parte de las organizaciones delictivas y narcotraficantes.

En consecuencia con el tono de los reclamos a Petro, aseveró que no le importaba si su propuesta caía en “oídos sordos del actual Gobierno”.

“Un promotor de la guerra”

Las palabras de Barbosa, que aún no han sido respondidas por el jefe de Estado, causaron una dura reacción del senador de la coalición del gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, que calificó de “infamias” lo expresado por el fiscal en su intento –en su opinión–de “que se frustre un proceso de paz”.

El defensor de los derechos humanos le dijo a funcionario que querer que el conflicto entre el Estado y el ELN continúe demuestra su “desprecio por la vida”, por los muertos y por la “posibilidad de construir la reconciliación”.

“Es un crimen contra la paz y usted un promotor de la guerra”, aseveró.

“La paz criminal”

En una entrevista de Caracol Radio, al ser preguntado sobre la viabilidad y la razón para su planteamiento, Barbosa manifestó que su propuesta está en el marco constitucional, debido a que tiene la facultad de “participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal”.

El titular del ente acusador atribuye a las negociaciones con grupos armados y bandas criminales que la Fuerza Pública de no haya materializado cientos de órdenes de captura por homicidios de líderes y exguerrilleros, y por masacres que ha emitido ese organismo.

Sin embargo, ese señalamiento pareciera dejar sobre Petro la consecuencia del incumplimiento del Gobierno de Iván Duque de proteger y garantizar la vida a los líderes sociales y excombatientes que suscribieron el Acuerdo de paz de 2016.

En contraparte, el mandatario ha responsabilizado a Barbosa de no llevar hasta las últimas consecuencias de una investigación sobre los presuntos homicidios de 200 personas que estaban en una lista del Clan del Golfo, que aparentemente era conocida por un grupo de fiscales del Ministerio Público que no habría actuado para preservar sus vidas.

El fiscal general sostiene que quienes votaron por Petro desconocían los verdaderos alcances de esa ley que, en su punto de vista, “ha venido anarquizando el país”. “Hoy lo que existe no es paz total, es paz criminal”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que Barbosa se perfile como candidato de la oposición debido a la postura de abierto cuestionamiento a Petro, dijo que al terminar sus funciones, en febrero de 2024, continuará siendo un “ciudadano activo”.

La “paz total'”

Desde su plan de gobierno, Petro ha plantado la necesidad de alcanzar la paz tras 60 años de conflicto armado en Colombia.

En su primer discurso como presidente, en la toma de posesión el 7 de agosto de 2022, auguró que su gestión sería recordada como el “Gobierno de la vida, de la paz”.

Tres meses después de llegar a la Casa de Nariño, el 5 de noviembre el mandatario sancionó la ley de paz total, que cimenta una política de Estado.

Los puntos de esta norma son amplios y se refieren tanto a la implementación de los acuerdos de paz ya alcanzados, como a los procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la Justicia de grupos armados con fines políticos y con organizaciones criminales.

A un año de ser sancionada, la ‘paz total’ ha modificado la forma de abordaje de la violencia por parte del Estado y de sus instituciones. La ambiciosa propuesta privilegia el diálogo por encima del lenguaje de las armas, que tradicionalmente se usó en el país suramericano para combatir a los grupos al margen de la ley.

Entre los logros capitales de esta política –que ha sido reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad– están los inicios de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por otra parte, se ha adelantado diálogos jurídicos con los integrantes del Clan del Golfo y otros grupos de origen paramilitar para su acogimiento a la Justicia a cambios de algunos beneficios.

Los reveses

Precisamente en los mismos avances que ha tenido la política se encuentran sus reveses, pues el proceso de negociación con el ELN y las llamadas disidencias de ‘Iván Mordisco’ actualmente se encuentran en nivel crítico y en etapa de revisión.

El tema del cese al fuego ha sido uno de los puntos más álgidos en los procesos de paz debido a que ambas partes se señalan de irrespetarlo, mientras que la población civil sigue siendo la más afectada.

Incluso desde la primera declaración presidencial de un cese al fuego, la víspera del año nuevo de 2023, hubo controversia. En esa oportunidad el ELN dijo que la medida había inconsulta, por lo que no se sumó sino hasta siete meses después, cuando pudo acordarlo finalmente con el Gobierno.

Aunque quienes adversan a Petro han proclamado el fracaso de la ‘paz total’ desde que fue delineada, la principal apuesta del mandatario sigue siendo buscar los mecanismos para desarticular la violencia que golpea a los civiles –producto de los enfrentamientos, del narcotráfico y de las economías ilegales–, que recibió como pesado legado de las décadas anteriores.

Tomado de RT/ Foto de portada: El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa / Sebastian Barros / NurPhoto / Getty images.