Panamá, los tentáculos de la transnacional canadiense
Por Hedelberto López Blanch */ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano
Tras más de un mes de protestas multitudinarias por todo el territorio, el pueblo panameño logró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la Ley 460, del 20 de octubre pasado, que otorgara numerosas prebendas a la Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, además de extenderle por 20 años sus operaciones.
Innegablemente que los ciudadanos del Istmo protagonizaron una de las más grandes luchas de reivindicación soberana de los últimos tiempos, frente a los desafíos que representaba el saqueo de sus riquezas minerales y la degradación del medio ambiente nacional.
Esta historia comienza con una reforma a la Constitución de 1972, realizada a fines de la década de 1990, que le abrió las puertas a las transnacionales para la extracción de oro, cobre y otros metales, entre las que se destaca la First Quantum Minerals que explota el yacimiento cuprífero del norte de la provincia de Colón, ubicado cerca de un área protegida y dentro del bosque La Amistad.
Ambas locaciones son parte del Corredor Biológico Mesoamericano, un paso natural que se extiende por ocho países cuyos gobiernos se comprometieron a proteger para facilitar el tránsito de especies tropicales.
Ya en 2017, la CSJ había declarado inconstitucional el primer contrato con la minera firmado en 1997 durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, al comprobarse que se suscribió sin que mediara el proceso de licitación y en condiciones que resultaban desventajosas para el Estado, entre las que aparecía el pago de regalías equivalentes solo al 2 % de las ganancias.
En los seis primeros meses de 2023, según un documento financiero de la First Quantum, la Minera Panamá obtuvo ingresos por 2 333 millones de dólares que representan el 42 % de sus operaciones globales. A esto se suma que consiguió un acuerdo con el Estado para cancelar solo compensaciones sin pagar mayores regalías.
Ante tamañas anomalías, las multitudinarias manifestaciones populares contra el leonino contrato y la declaración de inconstitucionalidad alcanzada por el CSJ, el presidente Laurentino Cortizo se vio obligado a aprobar el cierre de la mina a cielo abierto.
El hasta entonces ministro de Comercio e Industrias, Federico Boyd, máximo responsable de la negociación del contrato minero, renunció el pasado 30 de noviembre pero antes, para tratar de explicar su involucramiento en la negociación, declaró que el fallo jurídico “podría acarrear serias consecuencias como pérdida de empleos, arbitrajes internacionales, merma de inversión y otros más que han sido ampliamente advertidos”.
Cierto que para Panamá habrá pérdidas de empleos y la rebaja de su Producto Interno Bruto (PIB) aunque los ambientalistas afirman que esa actividad daña severamente el medioambiente y que “Panamá vale más sin minería”.
Por la otra parte, las acciones de First Quantum cayeron un 5 % con una pérdida que se estima en más de 10 000 millones de dólares canadienses (7 400 millones de dólares estadounidenses) por su valor de mercado.
Como era de espera, la compañía canadiense recurrió a los tribunales internacionales para dirimir el litigio en un proceso de arbitraje que podría prolongarse durante años con altos costos para las partes.
Las operaciones de la First Quantum están valoradas en 10 000 millones de dólares, produce 1,5 % de la oferta mundial de cobre en unos yacimientos con reservas equivalentes a más de 100 000 millones de dólares a precios actuales.
La transnacional podría exigir una compensación de 50 000 millones de dólares y según el acuerdo, el arbitraje se llevará a cabo en Miami, lo cual conspira contra el gobierno panameño por la tradición extremadamente capitalista que tiene esa ciudad estadounidense.
Varias empresas canadienses tienen operaciones mineras en América Latina (México, Perú, Chile y Argentina) de donde extraen zinc, cobre, litio, plomo, plata, oro. Especialistas como Michael Reckordt, de la ONG alemana Powershift asegura que la cantidad de dinero que poseen, da a las empresas extranjeras mucho margen de maniobra para la corrupción u otros medios para conseguir sus objetivos.
Desde hace unos años, las protestas en Latinoamérica contra la extracción de materias primas y por las afectaciones medioambientales han ido creciendo. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) contabiliza en la actualidad 364 litigios por los impactos de la minería en la región.
Solo en el primer semestre de 2023, el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam constató 18 nuevas demandas promovidas por grandes empresas norteamericanas y europeas contra Estados de América Latina y el Caribe. El TNI, recalcó que ésta es una de las regiones del mundo que más siente el impacto del régimen de arbitraje internacional incorporado en los tratados comerciales internacionales.
Mucha de esa culpa la tienen los gobiernos neoliberales que han entregado los recursos naturales de sus pueblos a cambio del enriquecimiento de unos pocos. Las masas panameñas demostraron que unidas pueden derrotar esas nefastas políticas de rapiña.
(*) Periodista cubano. Escribe para el diario Juventud Rebelde y el semanario Opciones. Es el autor de “La Emigración cubana en Estados Unidos”, “Historias Secretas de Médicos Cubanos en África” y “Miami, dinero sucio”, entre otros.
Foto de portada: EFE
