Peligran 70.000 puestos de trabajadores estatales

El 31 de marzo vencen más de 70.000 contratos de trabajadores estatales y es la fecha límite que estableció Javier Milei para ejecutar una segunda ola de despidos. Los gremios aseguran que los responsables de distintos organismos filtraron que se bajó la orden de reducir entre un 20 y 30 % la planta transitoria de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de trabajadores precarizados, cuyos contratos fueron prorrogados por tres meses el 31 de diciembre.

«Es inminente el despido de miles de estatales. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes», expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien convocó a una reunión del Consejo Nacional del gremio para el miércoles. El objetivo del encuentro es convocar con urgencia a un paro general. “Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril”, agregó. El dirigente estima que a raíz del fin de semana largo, las notificaciones se enviarán entre el martes 26 y el miércoles 27. «Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional», completó Aguiar.

Bajo este escenario, el Gobierno se prepara para implementar la segunda ola de despidos masivos. La primera comenzó en los primeros días de gestión. A dos semanas de la asunción presidencial, el Gobierno anunció que pondría fin a unos 7.000 contratos suscriptos en 2023 y que realizaría un “exhaustivo” relevamiento sobre la planta del Estado. Esa última tarea estaba comandada por Armando Giubert, secretario de Transformación del Estado, quien presentó su «indeclinable» renuncia el lunes pasado tras el escándalo por el aumento salarial del Presidente.

Las primeras cesantías se efectivizaron el 2 de enero, cuando 1500 empleados públicos llegaron a sus puestos de trabajo y fueron notificados que habían sido despedidos. Luego se avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el Incaa, entre muchos otros; y los anuncios del cierre de Télam (700 empleados), el Inadi (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados.

En el Ministerio de Capital Humano, la cartera que según Milei iba a tener siempre la billetera abierta, se cerraron los 59 Centros de Referencia con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia en todo el país. El recorte implicó terminar con los contratos de unos 600 empleados. En el ex Ministerio de Trabajo, ahora devenido en Secretaría, denuncian que existe la intención de reducir un 30 % de la planta. «No hay razones fiscales, ni presupuestarias para proceder con los despidos. Hay decisión política de ponerlo en manos de asociaciones empresarias y favorecer el lucro de grupos económicos concentrados», sostienen sus trabajadores.

En la antesala a la nueva ola, circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos. Mensajes de Whatsapp con un manual de conducta, que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales.

El número de despidos es aún una incógnita. “Hemos echado a 50.000 empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10.000 contratos, eso es motosierra«, exclamó orgulloso Milei la semana pasada. En los gremios niegan que ese sea el volumen de cesantías, aunque sostienen que es posible que sea la meta pretendida por el Gobierno.

Mientras Milei se ufana del feroz ajuste, sus empleados en Casa Rosada están en pie de guerra: denuncian despidos y «empobrecimiento» de sus salarios, a raíz de la eliminación de las horas extras. «Los funcionarios cobran millones y a nosotros nos dejan con sueldos de indigencia», se quejaron. «No somos casta, somos trabajadores orgullosos de la Presidencia y ese orgullo transforma el miedo en organización y resistencia», concluyeron.

Al tiempo que transcurría la protesta, el mandatario apostado en su despacho, lejos de escuchar el reclamo, seguía dándole vueltas al desguace del Estado.

El instructivo del Gobierno para despedir a trabajadores estatales

El Gobierno de Javier Milei distribuyó un instructivo para el despido de empleados públicos a partir de la próxima semana. Según el texto, se trata de un punteo difundido por Whatsapp a autoridades de registros, secretarías y subsecretarías con el paso a paso para echar estatales definido por la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse.

“De JGM nos imponen ciertas directivas”, comienza el mensaje con los pasos a seguir en “relación al tema reducción de personal”. En primer término, se establece que los despidos se realizarán el martes que viene, 26 de marzo. Recomienda en el punto número uno: “Comunicarles verbalmente que sus contratos no serán renovados. Dar la posibilidad de que se retiren y que incluso no asistan al día siguiente”. Ese sería el último día trabajado para ellos y luego le seguirán los feriados de semana santa hasta el comienzo de abril. Además, se les informa a los funcionarios a cargo que los despidos no serán oficializados: “No existirá notificación formal de RRHH”.

El instructivo contiene apartados para cada forma de contratación precaria en el Estado. Quienes más van a sentir el impacto de la motosierra son los empleados encuadrados en el “artículo 9” cuyos contratos suelen actualizarse de forma anual y automática. En diciembre habían sido revalidados los puestos, pero por sólo 3 meses que vencen la semana que viene. Si bien se estima que son casos donde la prestación de servicios es “de carácter transitoria o estacional” en los hechos son puestos necesarios bajo un régimen de empleo endeble.

La ola de despidos no se detendrá ahí. También se avanzará con aquellos en planta transitoria. En el punto dos del instructivo se promueve que en esos casos “se procederá con el mismo mecanismo, pero dos días antes del momento en que cada uno considere que deberá efectivamente desvincularse, lo que dependerá de la fecha de vencimiento de la designación”. Es decir, los superiores deben avanzar con la desvinculación según el día en que termina el plazo en planta transitoria.

En el nutrido instructivo se destacan una serie de recomendaciones curiosas. Se pide que los directores traten de evitar en la nómina de nuevos desempleados a “delegados gremiales, licencias por embarazo o maternidad, discapacitados y cupos”. Además, se les solicita que los responsables tengan particular atención para despedir a “quienes aún no llegaron a la estabilidad laboral y desean que sean desvinculados”. “Estar atentos a que no logren llegar al año que les brinda la estabilidad”, advierte el manual.

En el instructivo se pidió que se envíen en mano los listados impresos de los futuros despedidos en sobre cerrado y firmado. Debía registrarse quiénes siguen y quiénes no en cada cartera. Los nombres que tengan continuidad debían ser acompañados de una serie de justificaciones. Durante febrero, se les había pedido empezar a confeccionar listados con una reducción del 20% del personal existente, pero en el comunicado se pide que las nóminas avancen con la mayor cantidad de despidos posibles. “Deben incluir a todos (jubilables, pases, licencias, plantas permanentes, todo, aunque duden de la posibilidad de ejecución)”, pide el texto.

Por estas horas los delegados de Nicolás Posse realizan el análisis de los nombres que empezarán a ejecutarse la semana que viene. El objetivo es que la tanda de despidos masivos se realice de una sola vez. El instructivo promete futuras indicaciones “si luego surge personal a agregar a lo ya actuado”. “Agotar el análisis en esta instancia es lo mejor para que el impacto sea uno y no cunda en una agonía interminable”, reconoce. De una vez y para siempre.

El gobierno eliminó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar

El gobierno decidió avanzar con la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF), tal lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

“Luego de una revisión de datos que, a esta altura no tengo ni que aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Tenían un total de 964 empleados. Se va a transformar en una Dirección en la que queden apenas 64 empleados”, explicó el vocero y bromeó: “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo”.

De esta forma, 900 familias quedarán sin sustento. “Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, 2 sedes, 1 de cada 3 empleados eran delegados, tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una empresa de empleo público”, aseguró.

En el Decreto 729/2022, se destaca que entre los principales objetivos del INAFCI está el “diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal, impulsando su formalización, modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la economía relacionada con el sector productivo, tanto en la producción primaria como en la transformación asociada”.

Alerta de trabajadores de Parques Nacionales

Trabajadores del Parque Nacional Los Glaciares se encuentran en alerta porque el 31 de marzo vencerá el contrato de 65 trabajadores. Estos despidos se encuentran enmarcados en la rescisión de contrato del 50% de quienes desempeñan tareas en Parques Nacionales. En este contexto, miles de empleos se ven en peligro tras el Decreto firmado por el Poder Ejecutivo Nacional a fines de 2023.

Luciano Rocabado, guardaparques y delegado de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Parque Nacional Los Glaciares, explicó que de los 120 empleados que trabajan en el parque, hay 65 que a partir del 31 de marzo no saben si se le van a dar continuidad a sus contratos laborales.

“En diciembre, ellos firmaron un contrato anualizado, como se venía haciendo todos los años. Ese contrato con la asunción de Milei quedó sin efecto y se le informó a cada gente de que los contratos iban a ser trimestrales”, especificó Rocabado.

Esto se debe al Decreto 84/2023, firmado el 23 de diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Nicolás Posse, que dispuso que no se renovarán las contrataciones de personal efectuadas en 2023 dentro de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. Mientras que la segunda parte fijó que el resto renovará su contrato por tres meses y se someterá a un relevamiento exhaustivo para evaluar su continuidad.

¿Cuál es la situación del Parque Nacional Los Glaciares?

Luciano Rocabado detalló que vienen pujando para que los contratos vuelvan a ser anualizados como antes. “Hay gente que lleva quince y un poquito más de años trabajando en la institución, algunos que llevan cinco o seis, pero son toda gente con antigüedad que viene trabajando hace años”, señaló el delegado de ATE. De los 65 trabajadores del Parque que pueden verse afectados, 25 son brigadistas y 41 entre mantenimiento y administración.

Les trabajadores pasaron estos últimos meses sin saber si se les renovará el contrato, como ha sucedido en varias partes del Estado. En ese sentido, Rocabado remarcó que “siguieron cumpliendo su sus tareas y su jornada laboral como venían haciendo”, porque algo que les aclararon siempre fue que “más allá de lo que decía el Gobierno, nosotros no los íbamos a dejar solos, los íbamos a apoyar en todo lo que podamos y no íbamos a permitir un solo despido en el Estado”.

Podían llevar tranquilidad porque tenían el apoyo a nivel nacional de todos los parques nacionales, todos están en las mismas condiciones. “Ahora que estamos llegando a fin de mes y que se les está terminando la chance de que no tienen los contratos, ya estamos empezando a hacer acciones más concretas”, señaló el delegado de ATE.

Rocabado contó lo que están haciendo: “Desde ATE estoy trabajando a nivel nacional con el Consejo Directivo Nacional (CDN) porque con el Consejo Directivo Provincial hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta ni apoyo ni acompañamiento”. Además, él trabaja con una organización que se llama exactamente Organización Unidad y Compromiso que está nucleada dentro de ATE. Junto a elles están llevando adelante las tareas de reclamo y de lucha.

En cuanto a medidas y reclamos: “Mañana vamos a tener una asamblea, hoy tenemos una conferencia de prensa y el día jueves hay un paro a nivel nacional en el que vamos a hacer una medida de fuerza, con presencia acá afuera de la intendencia entregando folletos, y un bocinazo para que haya repercusión”.

Desde ATE no pudieron hablar con nadie del Gobierno. El Consejo Directivo Nacional se pudo reunir, pero no tuvieron respuesta. Al igual que en otros organismos, a tres meses de asumir, recién en estos días confirmaron algunos de los cargos, dentro de la Administración de Parques Nacionales: se nombró como vicepresidente a Marcelo Forgione, empresario agropecuario y se designaron dos de los cuatro vocales.

“Es toda una incertidumbre, falta nombrar un presidente y dos vocales más del Directorio para que puedan empezar a trabajar sobre el tema de la continuidad de los contratos o no”, reclamó Luciano Rocabado.

En cuanto al Parque Nacional Los Glaciares, durante la primera sesión de la nueva Legislatura el diputado de Unión por la Patria por municipios de El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, Carlos Alegría, envió un proyecto que toma en cuenta la situación de les trabajadores. Este fue aprobado de forma unánime.

En este texto le solicitan al Jefe de Gabinetes de Ministros de la Nación, Nicolás Posse que “contemple la urgente, vital e imperiosa necesidad de contar con el servicio de los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante tareas de brigadas de incendios, comunicaciones y emergencias; atención al público; administración; mantenimiento de senderos y prevención de accidentes en el Parque Nacional Los Glaciares”.

Por su parte, en la Legislatura de la Provincia del Neuquén, el diputado Alberto Bruno presentó un proyecto donde le insta al Poder Ejecutivo Nacional que reconsidere la situación de les trabajadores de los Parques Nacionales. Para eso piden que se revoque el Decreto N°84/2023. También mostraron su preocupación tres intendentes: Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Diego Victoria (Aluminé) y Luis Madueña (Junín de los Andes)

Masivo acto en la ESMA

El martes al mediodía, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un masivo acto en la ex ESMA contra el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación luego del despido de 26 trabajadores y trabajadoras y de la demora en la renovación de un centenar de contratos que se terminan a fin de mes.

“Los despidos empezaron en el área de prensa, un sector que querían reestructurar. Como sindicato propusimos la reubicación de esos compañeros y compañeras y tuvimos como respuesta las cartas documento de despidos. A los días empezaron con compañeras y compañeros contratados en 2023 y ya la última tanda tienen hasta 16 años de antigüedad en esta Secretaría de Derechos Humanos”, resumió la delegada de ATE en esa dependencia, Paula Donadío, una de las oradoras del evento.

Además de Prensa, algunas de las áreas afectadas fueron Leyes reparatorias, Sitios de Memoria y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El vaciamiento también llegó a las provincias, con despidos en Entre Ríos y en Corrientes, donde el sitio de memoria Regimiento de Infantería 9 permanece cerrado porque las tres personas que lo atendían fueron echadas.

“La angustia que generaron esta semana hizo que la Secretaría estuviera paralizada porque nadie quiere trabajar después de que ver que al compañero del escritorio de al lado le llega un telegrama de despido. Eso es lo que va a pasar en esta Secretaría, va a quedar parada hasta que el secretario de Derechos Humanos dé vuelta cada uno de los despidos”, aseguró la delegada Nana González Rehermann.

A una semana de la llegada de los primeros telegramas, recién este lunes el Cuerpo de delegados y delegadas pudo reunirse con el secretario Baños, quien estuvo de viaje en Costa Rica. El funcionario, cercano al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, negó haber sido quien tomó la decisión de los despidos y responsabilizó al ministerio de Justicia de la medida.

“El secretario se comprometió a ir al Ministerio a dar vuelta el despido de nuestros compañeros y compañeras. Queremos que sepa que le vamos a hacer cumplir su compromiso”, añadió González Rehermann.

Junto al Cuerpo de delegados y delegadas, también estuvo presente el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, quien rechazó la campaña permanente del gobierno nacional de que “el Estado es algo bobo e innecesario”. “Nosotros queremos un Estado presente en cada una de las áreas y necesitamos más Estado en nuestro país”, añadió.

“No renunciemos a dar todos los debates que tengamos que dar, no naturalicemos que nos vengan a decir que la Malvinas no son argentinas, que ellos puedan decirnos cuántos son los desaparecidos ni que el Estado es una herramienta boba. Mandémoslo literalmente la mierda y plantemos nuestras banderas que son la bandera de los 30,000, la bandera de justicia social, la bandera de la soberanía”, concluyó.

El acto fue realizado en la ex ESMA cuando se cumplen 20 años de la primera visita al predio de la Armada realizada por el entonces presidente Néstor Kirchner junto a sobrevivientes del centro clandestino de detención el 19 de marzo de 2004. Unos días después, el 24 de marzo, comenzó el proceso de recuperación de la ESMA como sitio de memoria y el desalojo de la Marina del predio.

Durante la jornada, se recibieron apoyos de organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales y políticas y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, envió un mensaje de audio manifestando su repudio al vaciamiento de las políticas de defensa de los derechos humanos y de los despidos.

Masiva movilización contra los despidos y desguace del Incaa

Con una intervención artística llamada “claquetazo”, a las 17:00 los trabajadores del INCAA dieron inicio a una conferencia de prensa para denunciar los despidos y el plan de desguace que impulsa el actual presidente del Instituto, el economista ultraliberal Carlos Pirovano. En el mismo momento se realizaron acciones en distintos puntos del país como Córdoba, Rosario y Jujuy.

Desde la Junta Interna de ATE INCAA leyeron un documento elaborado por los trabajadores enfrentando cada una de las medidas de ataque, valorizando el trabajo que cada sector aporta en el desarrollo del cine nacional y analizando también los objetivos de este gobierno que apunta a una cultura y una producción audiovisual completamente sometida a los intereses de las grandes productoras extranjeras y las plataformas.
Luego abrieron el micrófono y se escucharon las palabras de apoyo de grandes referentes del cine como el director de fotografía Felix Monti, el director Nemesio Juárez, el artista Daniel Santoro, que estuvieron presentes junto a actrices y actores como Mirta Busnelli y Víctor Laplace, Norberto Gozalo, Leonardo Sbaraglia, Julieta Zylberberg, entre otros.

A su vez desde diferentes sectores gremiales y en lucha acercaron su solidaridad. Estuvieron de ATE Capital, Asociación Argentina de Actores y Actrices, adhesiones de SICA, SAT-SAID, Gremial del Banco Nación, una delegación de trabajadores de TELAM, y trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas que enfrentan los despidos.

También estuvieron presentes legisladores de la Ciudad y diputados nacionales, entre ellos se destacó una nutrida delegación del FIT, Myriam Bregman tomó la palabra planteando que la banca de la izquierda está a disposición de esta lucha, y recordó cómo las últimas experiencias históricas de luchas colectivas desataron una fuerza imparable, y que ahora es el momento para redoblar la fuerza.
Por Unidxs por la Cultura, que fue uno de los sectores que se puso a la cabeza de convocar a la movilización, hablaron la actriz Mirta Israel, y los cineastas Mayra Bottero y Javier Gabino. Propusieron continuar construyendo un Plan de Lucha para lo que convocaron a organizar una Gran Asamblea de la Cultura en defensa del Cine el próximo sábado 23.

Mientras leían sus adhesiones los estudiantes de distintos Centros y espacios autorganizados se desató la represión. Una verdadera provocación del gobierno de Milei y Bullrich que no puede tapar toda la fuerza que se expresó en las calles en defensa del cine nacional e independiente.

Para finalizar se festejó frente al Congreso la caída del DNU, un gran día de lucha en las calles que es solo un puntapié de un movimiento que seguirá creciendo.

Alerta por despidos en el Instituto Geográfico Nacional

A continuación, compartimos una nota que nos hizo llegar una de sus trabajadoras para difundir su situación.

Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Geográfico Nacional (IGN) no nos salvamos, este lunes 11 de marzo nos vamos a enterar quien está despedido y quien no, se rumorea que el 20 % de los contratados se quedarán sin su sostén de un día para el otro sin ningún otro justificativo que hacer que el ajuste recaiga en los de abajo.

A solo tres días de asumir la nueva gestión en la presidencia del IGN, organismo descentralizado del Ministerio de Defensa, dependiente de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, en una ceremonia finalizada con un discurso en el que el Secretario Dr. Raúl Guillermo Jesús Marino indicó qué era un honor poder ponerle cara a quienes se encargan de armar de forma soberana los mapas de la nación, llega la noticia del recorte en el 20% del personal contratado. Tal vez no era un verdadero honor.

El IGN se encuentra por debajo de la dotación óptima de personal hace años, sus funciones ya se encontraban comprometidas. Pero estos recortes indiscriminados en contratos, sin justificación alguna, no solo implican qué compañeros y compañeras de Ciencia y Técnica se queden sin trabajo, sino ponen en compromiso la continuidad de los servicios que brindan todos los organismos qué están viviendo esta misma situación.

Si hoy tenés un puente, es porque existe un trabajo silencioso de personal que mantiene redes de posicionamiento de nivel internacional, si hoy con orgullo tenés un mapa que dice qué las Malvinas son argentinas es porque hay gente apasionada que trabaja por eso.

Hoy en el IGN nos dicen que no nos queda nada por hacer, nos insisten que es inevitable. Sentimos el miedo a realizar algún tipo de reclamo, porque se insinúa que todo sería peor, un aumento de porcentajes. Horas de angustia por saber una lista, y esperar que tu nombre no esté ahí.

¿Cómo seguís trabajando como si nada hubiera pasado? Empezamos por compartirlo para buscar la solidaridad y el apoyo de distintos sectores que sabemos que están transitando situaciones similares.

Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

A través de un comunicado difundido por ATE, se denuncia que corren peligro alrededor de 130 puestos de trabajo este 31 de marzo dentro de los despidos anunciados en el gobierno nacional.

Según el propio comunicado difundido por ATE se trata del 20% de los 670 contratos que vencen este 31 de marzo. La orden habría sido dada por el ministro de Defensa, Luis Petri. La situación se agrava ya que el encargado de firmar las renovaciones, el propio director del Servicio Meteorológico, Alejandro de la Torre, aún no tiene designación oficial.

El SNM es considerado esencial y tiene presencia desde la Antártida hasta La Quiaca, entre sus varias funciones se encuentran las de dar soporte para el tráfico aéreo o dar alertas meteorológicas entre otras cosas.

También denuncian que se pone en riesgo desarrollos de productos que mejoran pronósticos, alertas, avisos o advertencias. Se implica también a avisos de cenizas volcánicas, de pronósticos marítimos y costeros.

Como señala el colectivo de trabajadores, el SMN trabaja los 365 días del año, las 24 horas y los 7 días de la semana y se trata de «es un organismo científico-técnico comprometido con el cuidado de la vida, los bienes y la soberanía del país.»

Télam

Los trabajadores de la agencia Télam recibieron en la tarde del domingo una nueva comunicación de la intervención de la empresa, que dispone otra semana de dispensa laboral, con goce de haberes, mientras las dos sedes permanecen valladas y los empleados impedidos de ingresar.

“Se comunica a todo el personal de TELAM SE que se extiende la dispensa de prestación de débito laboral con goce de haberes por siete (7) días desde las 0 horas del 18 de marzo de 2024”, dice la comunicación recibida en su mail institucional por los 760 trabajadores de Télam en todo el país, que firma el interventor Diego Chaher.

La comunicación llegó mientras los trabajadores y trabajadoras de Télam participaban de un festival de música que se realizó este domingo en el Pasaje 5 de Julio y Avenida Belgrano, justo frente a una de las sedes valladas, donde se mantiene un acampe en sus puertas.

“Hace unos minutos recibimos el anuncio de una semana más de dispensa, algo que ya venimos rechazando desde el sindicato. Pedimos que se expidan sobre la causa por la cual están dispensándonos de realizar nuestras tareas, y queremos decirle al gobierno y al interventor que los trabajadores queremos que saquen las vallas y nos dejen volver a trabajar que es lo que sabemos hacer”, dijo durante el festival Carla Gaudensi, secretaria adjunta del Sindicato de Prensa Buenos Aires (Sipreba) y titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

“Es necesario que Télam siga de pie y por eso seguiremos defendiéndola y dándole voz a todos y todas, que es lo que más nos interesa defender de esta agencia pública, su rol social”, destacó Gaudensi.

En el mismo lugar donde este domingo se realizó el festival, los trabajadores de la agencia pública volvieron a reunirse el martes, desde las 14:00, en el marco de una nueva asamblea para decidir los pasos a seguir.

Los despidos en Aerolíneas Argentinas

Desde el despido de 40 empleados de Aerolíneas Argentinas, la situación ha estado muy lejos de resolverse. Se ha extendido la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo y se espera que se lleve a cabo un paro de pilotos y tripulantes, lo que paralizaría la actividad previa al feriado largo de 6 días.

No avanzó en nada la situación, lo que empezó a avanzar es que empieza a haber más resistencia en los aeropuertos”, comentó Luciano Corradi, delegado de Aerolíneas. “Hoy realizamos un corte total en la Avenida Costanera, lo que nosotros estábamos buscando es visibilizar este conflicto porque no tenemos respuesta ni de la empresa, ni de Aerolíneas Argentinas, ni de la secretaría de Trabajo sobre los más de 40 despedidos”, agregó.

Posteriormente, Corradi planteó: “En un principio eran 40 los despedidos, pero ahora de a tandas van despidiendo más compañeros, que trabajan para Aerolíneas Argentinas desde hace 10 o hasta 14 años”. Luego, manifestó que, “lo que sí avanza es el plan del Gobierno sobre la línea aérea, mantiene los salarios congelados de los trabajadores efectivos con el programa de retiro voluntario completamente ridículo que hay sobre 8.000 trabajadores efectivos”.

“Estamos empezando a dar una respuesta, en el marco de la reincorporación, queremos la reincorporación de todos los despedidos. El 28 y 29 va a haber un paro de pilotos y tripulantes por salarios, pero también para que no se privatice Aerolíneas Argentinas”, sostuvo Corradi, que después recalcó: “Los aeropuertos en Argentina empiezan a ser un foco de lucha donde el Gobierno tiene puesta la lupa”.

Por otro lado, el delegado de Aerolíneas Argentinas habló del paro que se llevará a cabo el 28 y 29 de marzo y señaló la importancia de que lo integren el sector de empleados tercerizados. Sobre la misma línea, remarcó que, “la problemática en los aeropuertos está siendo muy grande, hay mucho ataque a las familias, a los trabajadores, están quedando familias en la calle”.

“Para que no se lleve a cabo el paro tiene que haber una voluntad de diálogo por parte del Gobierno para darle solución a los trabajadores, para que no haya despidos y que la crisis que existe, la que plantea el Gobierno, no la paguemos los trabajadores”, expresó Corradi.

Luego dijo que, “queremos que den un aumento salarial acorde a cubrir la canasta básica de mínima y acorde a no seguir perdiendo contra la inflación”.

“Hoy realizamos un corte total en la Avenida Costanera, lo que nosotros estábamos buscando es visibilizar este conflicto porque no tenemos respuesta ni de la empresa, ni de Aerolíneas Argentinas, ni de la secretaría sobre los más de 40 despedidos”, agregó.

AySA

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) realizó el lunes un paro total de actividades ante la ola de despidos aplicada en la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).

El gremio que conduce José Luis Lingeri activó medidas de fuerza tras confirmarse la desvinculación de cientos de trabajadores de la firma estatal.

«Hoy necesitamos la unidad, el acompañamiento y la solidaridad», arengó Lingeri a los trabajadores durante una asamblea masiva donde los convocó a adherirse a la protesta.

El paro comenzó a la medianoche y afecta las actividades en la empresa estatal encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano bonaerense.

Por la medida, sólo funcionarán guardias mínimas con la provisión de agua y recolección de cloacas aseguradas.

El plan de lucha fue aprobado en una asamblea realizada la semana pasada con participación de la Comisión Directiva y más de 300 delegados gremiales.

El gremio denunció cientos de despidos y acciones intimidatorias a trabajadores de AySA. Además, hay temor por la privatización de la empresa.

«El Gobierno desde diciembre a la fecha no ha realizado ninguna transferencia del Tesoro para cubrir gastos operativos, frenando todas las obras que estaban en marcha. Este accionar ocasionó la desvinculación de más de 2.000 trabajadores de cooperativas que se encontraban bajo los programas Agua y Cloaca + Trabajo que eran financiados por organismos internacionales de crédito para dar los servicios a barrios vulnerables. Esto es asfixiar a la empresa», denunció Lingeri.

La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) respaldó la medida de fuerza del SGBATOS en defensa de los puestos de empleo en AySA.

«Los trabajadores no somos un costo, somo parte de la empresa, somos quienes hacemos posible que día a día llegue agua a los hogares de todo el país», señaló la entidad.

En un comunicado, la entidad nacional que nuclea a todos los sindicatos de base de Obras Sanitarias apoyó «incondicionalmente» las acciones del gremio de Gran Buenos Aires.

Monotributistas del INDEC reclaman por salario y rechazan cualquier despido

Trabajadoras y trabajadores monotributistas que prestan tareas a diario, bajo una relación de dependencia encubierta con el Instituto, alzaron su voz en una carta abierta. Allí interpelan a las autoridades del INDEC -al mando de Marcos Lavagna que continúa desde la anterior gestión- a quienes piden solicitar «las respuestas necesarias al gobierno por el cual fueron designados».

Titulan Estadísticas en riesgo. Si bien indican que, por el momento, «la calidad de la información producida está garantizada», advierten que «puede verse afectada en el futuro si las condiciones de empleo no presentan mejoras que nos permitan continuar dedicándonos a nuestras tareas». Y enfatizan en la importancia que tiene para el pueblo trabajador contar con estadísticas certeras: «sin Índice de Precios al Consumidor no hay negociación paritaria, sin Canastas Básicas no hay índices de pobreza e indigencia», etc.

Además, se pronuncian «contra cualquier despido». En un momento donde el Gobierno nacional deja miles de familias en la calle, por la vía de no renovar contratos en distintas dependencias del Estado; apoyándose en la precariedad laboral que dejaron las anteriores gestiones. Aun así, sin dejarse amedrentar, reclaman derechos laborales y aumento de salario urgente, ya que, entre otras vulneraciones, están por fuera de las negociaciones paritarias.

Se trata de un reclamo que surgió desde las bases y creció en organización. Es que el congelamiento de los ingresos se tornó insostenible. Y se combinó con un malestar general por el tono de apriete de las autoridades, vía oficina de Personal (recursos humanos), por días de enfermedad, o ante la necesidad de retirarse del trabajo para atender a los hijos, entre otros problemas que abrieron la herida de la falta de derechos laborales. «¡Nos demandan obligaciones, pero no tenemos derechos!», fue la reflexión lógica.

«Somos profesionales, pero con lo que nos pagan acá adentro, en pocos meses nos va a convenir manejar un UBER, porque el sueldo no nos alcanza» -expresó una trabajadora durante la última asamblea de ATE-INDEC. Previo a esta instancia, se venía debatiendo la situación de los trabajadores y trabajadoras monotributistas en las oficinas.

En estos intercambios, se definió llevar los reclamos a dicha asamblea, junto a la propuesta de crear una comisión de base, para que participen tanto afiliados a ATE, como a UPCN o no afiliados, con la intención de unir a los trabajadores monotributistas. De la misma participaron más de 50 empleadas y empleados, profesionales, técnicos, informáticos y administrativos; quienes, en un trabajo de redacción cooperativa, lograron sintetizar sus reclamos en la carta difundida. El espacio está abierto a que se sigan sumando más trabajadoras y trabajadores.

La Junta Interna de ATE-INDEC se hizo eco del reclamo planteado en asamblea, participó de la comisión y también difundió la carta en medios de comunicación.

Ajena a este proceso, la conducción de UPCN (que a diferencia de ATE decide no afiliar monotributistas) envió un mail con el compromiso de plantear el problema del aumento de salario a las autoridades. Esto fue entendido por muchos trabajadores como una lavada de cara; aunque no deja de significar un reconocimiento a las fuerzas que se empezaron a organizar por abajo.

En el INDEC todavía no hubo despidos. Pero la alerta frente a esta posibilidad se debate tanto entre el personal contratado en relación de dependencia, como entre los monotributistas, y también los que son planta permanente. Es una alerta que distingue poco entre condiciones de contratación, categorías, gremios, edades o antigüedad; tiende a unir lo que la patronal (y muchas veces también los sindicatos) dividen. Por esto se empieza a escuchar en las bases, también la propuesta de que ambos sindicatos actúen en común, y hasta que impulsen una asamblea para tratar el tema.

Entre los más precarizados, con los peores sueldos o con los ingresos congelados, el miedo que se quiere infundir por la amenaza de perder el puesto de laburo, compite con la necesidad de pelear por salario y derechos laborales, porque el ajuste y la crisis se hacen realmente insostenibles.

«Que auditen todos los contratos una vez cada tres meses, también es una forma de meternos miedo. Pero si siempre nos quedamos quietos por si nos echan, tampoco va a haber sueldo que aguante«, se reflexiona.

Se puede enfrentar los despidos y defender el trabajo. Así se demostró en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), que en dos meses de lucha lograron la reincorporación de varios trabajadores y esperan una nueva tanda de ingresos. También hubo reincorporaciones en Cultura. Son de los primeros ejemplos, en poco tiempo.

Pero, además, es necesario defender cada puesto de trabajo, como parte de una resistencia más grande al plan motosierra auspiciado por el FMI, que el Gobierno recién empieza a desplegar y que buscar transar con los gobernadores en el Pacto de Mayo.

Cada puesto de laburo, cada barrio, cada medio de transporte, cada escuela, cada hospital, es también una trinchera desde donde podemos construir la fuerza social para tirar abajo este plan. Organizarse en cada lugar y coordinarse, es la vía para imponer la huelga general y un plan de lucha unificado, a todas las centrales sindicales.

Tomado de Rebelión / Foto de portada: