Yanina Settembrino: “La Ley Bases es anti-producción nacional”

Por Camila Parodi.

La lucha por la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades rurales en Argentina se intensifica frente a políticas gubernamentales que amenazan con desmantelar los avances en materia de soberanía alimentaria y territorial. Yanina Settembrino, coordinadora de la Federación Rural para la Producción y Arraigo por la Argentina, advierte sobre los impactos del actual panorama político en el campo que alimenta al país.

“La Ley Bases es anti-producción nacional. No quieren un país productor, quieren que Argentina sea un paraíso fiscal y una cueva financiera”, afirma Yanina Settembrino, ex subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Hoy, continúa su compromiso con la lucha campesina coordinando la Federación Rural para la Producción y Arraigo por la Argentina, una herramienta gremial de organización y movilización de sectores rurales a lo largo y ancho del país.

La Federación Rural agrupa a más de 30.000 productores y productoras agropecuarios organizados en cooperativas y unidades productivas. Con presencia en 19 provincias del país, realizan un trabajo cooperativo integral. “Para nosotros y nosotras hay que trabajar sobre dos cuestiones claves: la producción y el arraigo”, explica Settembrino. Para la socióloga y militante social, todas las personas que trabajan en el campo deben disputar “la economía real, la comercialización y la producción de insumos” y para ello —asegura— es crucial conformar un gremio que reconozca el trabajo rural y defienda sus derechos.

La organización está integrada por familias horticultoras, fruticultoras, apicultoras, ganaderas, chacareras, tamberas y pescadoras artesanales. Desde esa diversidad de producción, se proponen “impulsar el desarrollo de una fuerza económica y gremial que permita disputar parte del mercado” a través de la integración y participación en “todas las cadenas productivas desde el inicio hasta el fin”. “Queremos hablarle a la sociedad sobre la importancia de la producción nacional de alimentos y el peligro al que nos enfrentamos”, dice Settembrino sobre la gestión del gobierno de Javier Milei y el impacto en los y las productoras rurales.

En un contexto de crisis climática y alimentaria, la defensa de las organizaciones campesinas se vuelve una prioridad urgente para garantizar la soberanía alimentaria y el cuidado de nuestros bienes comunes. Según Settembrino, “es el momento para seguir construyendo la economía, la vida y el mundo que queremos”. 

“Si hay algo que aprendimos de los últimos cuatro años, es que si no avanzamos, retrocedemos. Las organizaciones gremiales tenemos un rol central en la Argentina que soñamos, donde el trabajo, la producción y el alimento no sean privilegio de unos pocos, sino un derecho colectivo para todo nuestro pueblo”, asegura la dirigente social.

“Las organizaciones gremiales tenemos un rol central en la Argentina que soñamos, donde el trabajo, la producción y el alimento no sean privilegio de unos pocos, sino un derecho colectivo para todo nuestro pueblo”

La crisis en el campo argentino, ese que alimenta a una gran parte de la población, se profundiza ante políticas de ajuste que avanzan en contra de los derechos de la clase trabajadora y privatizan los recursos naturales. “Los pequeños y medianos productores estamos en emergencia desde hace tiempo, pero en los últimos meses se aceleró violentamente esta situación”,  denuncia la activista.

“Con mucho esfuerzo, las familias agropecuarias están sosteniendo su actividad productiva, ya sea descapitalizándose a través de la venta de su maquinaria, endeudándose o aumentando sus horas de trabajo”. Settembrino advierte que “cada vez son más las familias arrendatarias que abandonan la unidad productiva”. La devaluación de la economía nacional, la dolarización de los insumos para el campo y “aumento indiscriminado y sin control de los alquileres de la tierra” son un combo que está asfixiando a los y las pequeñas productoras.

En este proceso de recesión económica —se sabe— las mujeres, disidencias e infancias son las más afectadas por las crisis. Para Settembrino, esta situación se potencia aún más en la ruralidad: “Las mujeres rurales participamos de todos los estratos, de todas las cadenas productivas, de todas las actividades agrarias. Sin embargo, eso no tiene un correlato ni en el registro patrimonial ni en nuestros ingresos”. Por ese motivo, la dirigente social considera que es fundamental romper con la invisibilización de las mujeres rurales e impulsar “el acceso a maquinaria, créditos y a la tierra para cerrar esa brecha”.

Además de la crisis económica que impacta directamente la vida cotidiana de las mujeres y las familias trabajadoras de la tierra, los recientes recortes en políticas rurales también afectan negativamente la producción campesina. Entre ellos, el cierre y desmantelamiento de programas e instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar, la Dirección de Agricultura Familiar del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y el programa ProHuerta. Para Settembrino, esto implica una reducción drástica en su acceso a asistencia técnica, créditos y desarrollo de infraestructura.

“A través del cierre de los programas y de los despidos de técnicos y técnicas que diariamente se encontraban en los territorios, el Estado se concentra aún más en una visión centralista”, señaló la coordinadora de la Federación Rural, quien cree que, de esta manera, se debilitan las economías regionales y la producción de alimentos sanos. “Esto también tiene que ver con la necesidad de acabar con una tradición política y cultural que tiene más de 150 años en el agro argentino. Hoy, todo el arraigo rural está siendo atacado”, asegura.

Para Settembrino, no se trata únicamente del recorte de las políticas rurales sino de un desmembramiento organizado para acabar con esta tradición: “Por eso cierran las oficinas del Correo Argentino, así como todos los organismos del Estado en los pequeños pueblos, acaban con la obra pública y desabastecen los comedores escolares de las escuelas rurales. Está todo relacionado”, denuncia y agrega: “Están forzando a las familias a dejar el campo e irse a los conurbanos de las ciudades. El gobierno tiene un plan sistemático para desplazar a las familias rurales”.

Este accionar denunciado por la Federación Rural no es inocente. Gran parte de las políticas impulsadas durante estos primeros seis meses de gobierno de Javier Milei buscan la expansión de la frontera agropecuaria y fósil, y por eso, la necesidad de restringir a los defensores del territorio. “No somos únicamente quienes producimos los alimentos, sino que también somos testigos del ataque y abuso que existe sobre nuestros territorios”, aseguró Settembrino. Según la referente, “los y las trabajadoras rurales no solo están comprometidos con la producción de alimentos y productos de exportación, también cumplen otros roles como la defensa de la soberanía territorial, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las economías regionales”.

“Están forzando a las familias a dejar el campo e irse a los conurbanos de las ciudades. El gobierno tiene un plan sistemático para desplazar a las familias rurales”.
En ese marco, las medidas impulsadas por el Ejecutivo Nacional preocupan a todas las organizaciones rurales y asambleas socioambientales del país. Tanto el DNU 70/2023 como la Ley de Bases otorgan facultades al presidente para modificar funciones de organismos como Parques Nacionales y ACUMAR, así como para decidir sobre fondos fiduciarios destinados a la protección ambiental, afectando leyes como la de Bosques Nativos y la de Manejo del Fuego. Estas medidas, junto con la creación de un régimen de incentivos para inversiones extractivistas y la flexibilización de leyes para la explotación de hidrocarburos, representan un serio retroceso en los derechos de la naturaleza.

Si bien la Ley de Bases todavía espera su tratamiento en la Cámara de Senadores, el texto aprobado en Diputados permite comprender el objetivo principal del gobierno nacional, así como de gran parte de los gobiernos provinciales, incluso algunos opositores: beneficiar y otorgar los bienes comunes a las grandes transnacionales y sus proyectos extractivistas. “La Ley Bases permite que las grandes corporaciones, autóctonas o extranjeras, puedan acceder a un régimen de evasión, blanqueo y beneficios fiscales inmensos. No beneficia a ningún sector productivo, ni siquiera al agropecuario”, explicó la activista.

Por ese motivo, para la coordinadora de la Federación Rural para la Producción y Arraigo por la Argentina, cualquier catástrofe climática impacta de manera desigual en el campo: “En un sistema de exclusión, cualquier fenómeno social o climático afecta siempre mucho más a quienes estamos fuera de las jerarquías de ese sistema”. Desde su experiencia junto a productores y productoras de la tierra, el cambio climático llegó para quedarse. “Cada vez se ve más seguido su impacto no solo porque se han modificado los ciclos climáticos y, en consecuencia, cambiaron todos los ciclos de siembra y cosecha, sino también por lo que generan las catástrofes en nuestras producciones”, asegura.

Ante este escenario, la falta de obra pública y de planificación por parte del Estado hará que la vida en el campo cada vez sea más difícil para quienes, paradójicamente, cuidan la tierra. “El ciclo de sequías anterior hizo que algunos compañeros y compañeras se asienten en zonas ahora inundables por lo que están en riesgo de continuar su producción. Sin procesos de adaptación y mitigación va a ser muy difícil recuperarse para el sector”.

“Sin procesos de adaptación y mitigación al cambio climático va a ser muy difícil recuperarse para el sector rural”
A pesar de todos los impedimentos económicos, políticos y climáticos que atraviesan las organizaciones del campo, Settembrino sostiene que “las familias agricultoras siguen siendo las principales productoras de alimentos para el mercado interno, no solo para los pequeños pueblos y ciudades intermedias, sino también para las grandes ciudades en Argentina”. Por ejemplo, explicó que “el cinturón hortícola de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, abastece a más de 10 millones de personas”.

“La agricultura familiar es la principal actividad creadora de trabajo agropecuario en Argentina y genera más del 70% del trabajo para las mujeres rurales. Por eso, el acceso y la permanencia en la tierra son un punto central de nuestra lucha”, asegura Settembrino. Por último, la activista subraya el rol clave que tienen las familias rurales para la defensa de nuestra casa común donde, frente a la crisis climática, la agroecología sigue siendo su apuesta: “Cuidar los suelos, el uso eficiente del agua y el desarrollo propio de nuestros insumos con impronta nacional, es nuestra estrategia para proteger la vida”, concluye.

Foto de portada: Foto: Gisela Volá (Agencia Tierra Viva)

Fuente: LATFEM.