Colombia: “El paramilitarismo está en el corazón de la paz total”
Compartimos la entrevista realizada por Lanzas y Letras a Esteban Romero, uno de los voceros de la movilización contra el paramilitarismo realizada en Colombia a inicios del mes de junio.
El pasado 4 de junio el país amaneció con la noticia de bloqueos en vías estratégicas, la toma de infraestructuras del poder público y la instalación de un refugio humanitario en la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Se trató de una movilización que tuvo como bandera el «desmonte del paramilitarismo» frente a la arremetida antipopular que ha cobrado la vida de decenas de dirigentes sociales en los últimos años. Particularmente, el Congreso de los Pueblos ha enterrado a algunos de sus líderes históricos en un abrir y cerrar de ojos. Pero las amenazas tocan a cualquier proyecto de cambio que altere el balance de fuerzas en las regiones claves del país. En este contexto, conversamos con Esteban Romero, uno de los voceros más visibles de la movilización, para ubicar la naturaleza y los propósitos del paramilitarismo contemporáneo.
Lanzas y Letras (LL): ¿Cómo entender el paramilitarismo hoy a la luz de lo que fue la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre la década de los noventa e inicios de los dos mil? Hay quienes hablan de una transición de dos modelos, de un paramilitarismo contrainsurgente a un paramilitarismo societal. ¿Estás de acuerdo con esta noción de tránsito? ¿Es posible detectar algunos cambios en las orientaciones políticas del paramilitarismo en el país?
Esteban Romero (ER): En este proceso de denunciar la avanzada paramilitar y declararnos en emergencia humanitaria hemos caracterizado con lo que nos encontramos en los territorios. Podemos leer unos cambios, unas transformaciones del fenómeno paramilitar, que algunos hoy llaman «grupos herederos del paramilitarismo» o «neoparamilitarismo».
Lo primero que hay que decir es que, efectivamente, consideramos que el paramilitarismo existe en Colombia. Hay que decirlo, porque en la opinión pública y en algunos círculos intelectuales se ha relativizado la actual existencia del paramilitarismo. Aunque se transforme, aunque mute, aunque se manifieste de manera diferente, creo que no podemos relativizar el hecho de que existen expresiones actuales del fenómeno paramilitar. Eso es lo primero que hay que decir: que el paramilitarismo existe en Colombia.
Lo segundo, es que sí es diferente. Ha cambiado aquel paramilitarismo del gran proyecto nacional que fueron las AUC a los grupos que hoy heredan ese legado. El actual paramilitarismo tiene sutilezas y una actuación distinta. Se liga mucho más al impulso de grandes proyectos económicos. En ese sentido, siempre lo hemos entendido como un proyecto, una estrategia, y no solamente como un grupo.
Cuando se desliga al paramilitarismo de ser simplemente un grupo o una determinada denominación para unos hombres en armas y, más bien, se lo pone en el marco de una estrategia, ahí es posible entender que se trata de un proyecto político expresado de distintas formas en el tiempo.
En el caso actual, vemos que persisten connivencias en los territorios. Sobre todo allí donde hay fuertes disputas territoriales por el control de recursos naturales o por el acceso a ciertos corredores económicos importantes. El paramilitarismo ataca donde ha habido un posicionamiento significativo de tejidos organizativos y comunitarios para defender los bienes comunes y la existencia de esas mismas comunidades.
Es entonces cuando observamos la complicidad entre el paramilitarismo y el Estado con sus fuerzas militares. Esta articulación continúa como una constante en la que se interrelacionan grupos políticos y grupos económicos a nivel regional. Dichas conexiones siguen siendo un enorme vacío en la lectura que existe alrededor del paramilitarismo. Necesitamos comprender de qué forma los actuales grupos paramilitares son financiados y cuál es su relación con los grupos económicos en cada región donde hacen presencia.
Lo último que afirmó el informe de la Comisión de la Verdad indica que es evidente que este paramilitarismo ha sido financiado por grupos económicos, y a pesar de eso, sigue siendo una incógnita para el Gobierno y para las comunidades cómo se entretejen esos hilos. Ciertamente ahí hay una característica recurrente.
Este paramilitarismo funciona como una herramienta para muchos grupos de poder que tienen intereses en contener, detener o impulsar ciertos procesos de cambio en los territorios. Hoy, por ejemplo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han cambiado su nombre y se han autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Desde que inició el gobierno de Gustavo Petro estos paramilitares han reorientado su discurso público, se presentan como una agrupación de naturaleza política y tienen la intención de que el Gobierno les reconozca un carácter político. Eso mismo intentaron hacer las AUC previo a su desmovilización.
En aquel momento, cuando estaba toda esa discusión sobre la desmovilización, se llamaba la atención sobre lo imposible que era reconocerles un estatus político a un grupo o a un proyecto que había nacido de las entrañas del Estado y que no tenía un proyecto de oposición o de disputa frente al poder del Estado. Por el contrario, su objetivo y la razón de su existencia era mantener el orden establecido. Dicho esto, aunque sean temporalidades distintas, las mismas discusiones salen a la luz de manera recurrente. Pero hay que decir que las AGC hoy buscan un reconocimiento político del Estado porque el gobierno de Gustavo Petro también les ha abierto esa ventana de oportunidad al hablar de paz total con los grupos armados en general.
Entonces, por supuesto que sí hay mutaciones y sí hay paramilitarismo. Las dinámicas de ese proyecto siguen estando atadas a grupos económicos y a grupos de poder. Sin embargo, aún hoy nos cuesta identificar la profundidad en la que el poder político y económico participa del fenómeno paramilitar. Ahora, ciertamente su accionar violento tiene que ver con el control de ciertas zonas estratégicas para grandes proyectos políticos y económicos.
LL: En este contexto, llama la atención el papel de las disidencias de las FARC. Aun proviniendo de una insurgencia histórica, se les atribuye un carácter paramilitar. ¿Cómo comprender este prisma de disidencias que quedaron luego del Acuerdo de Paz con las FARC-EP?
ER: Ha habido una reorganización. Pero yo creo que hay algo sintomático de ese proceso y tiene que ver con el momento en el que las FARC dejan las armas y aparecen dos grandes expresiones: lo que se ha denominado la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Los unos ligados a las cúpulas intelectuales más relevantes de aquellas FARC y los otros a unos mandos medios más interesados en un proyecto económico y vinculados a un trabajo más territorializado y menos expuesto dentro de lo que fue el proceso de paz.
Ahora bien, la valoración de estos como grupos paramilitares proviene de las denuncias que se han conocido acerca de la funcionalidad de estos grupos a cierto tipo de proyectos en distintos lugares del país. Por ejemplo, en Arauca, el Estado Mayor Central, al mando del señor Antonio Medina, comandante del Frente 28, es un hombre que se desmovilizó en el marco del proceso de Justicia y Paz en Colombia. Luego reingresó a las filas de las FARC tras la revelación periodística de que él había colaborado con la Fiscalía, y se rearmó en Arauca.
Las sospechas caen sobre este tipo de mandos que han asumido las banderas y las consignas de la otrora FARC, pero hoy son funcionales a proyectos que no son del todo claros en los territorios. Han colaborado con la Fiscalía y el Estado colombiano, y en los últimos años han reprimido y hostigado a las comunidades organizadas.
Otro punto tiene que ver con la situación de las comunidades del norte del Cauca, el asesinato de líderes indígenas y el tipo de control territorial que desarrollan. Estos grupos tienen un proyecto muy distinto al de las comunidades.
Las insurgencias siempre han tenido una dificultad para entender las territorialidades de ciertas agrupaciones étnicas, como las comunidades indígenas. Pero en este caso es muy evidente que hay una lectura política del territorio y una estrategia que hace de las comunidades un obstáculo a romper debido a las dificultades que imponen a sus negocios.
Ciertamente, el discurso político de quienes reivindican el Estado Mayor Central es bastante pobre. Uno mira la agenda que han tratado de pactar con el Gobierno para discutir y, bueno, más allá de las grandes consignas de la transformación social, no hay una mirada muy rigurosa de qué es lo que hay que cambiar en el país. Esta mirada sí estuvo presente en el proceso de paz de las FARC, haya salido bien o mal.
En términos de la agenda política y en lo que plantean frente al tema de las transformaciones, la llamada disidencia es discursiva e ideológicamente una organización degradada. En algunos territorios, más bien, son actores tercerizados de la guerra para desestabilizar el control territorial preexistente y emprender una campaña de represión contra las organizaciones sociales.
Entonces, hay que volver a caracterizar cómo actúa el paramilitarismo y reconocer que no es una organización, sino un proyecto. Hay grupos y sectores económicos que tercerizan y crean ejércitos, los reencauchan y los reciclan para ciertos ejercicios territoriales. Pero es algo que hay que ver de manera muy contextual en ciertos territorios.
LL: Con esto que mencionas, valdría la pena puntualizar si el paramilitarismo de hoy solo se puede entender en clave de un proyecto extractivo, rentista y narcotraficante.
ER: Sí, creo que en gran parte «los paramilitarismos» ―que puede ser una expresión más prudente para no decir el paramilitarismo en singular―, que existen hoy en zonas rurales y urbanas, aun cuando se disfrazan discursivamente y reivindican un estatus político para sus organizaciones, en realidad son organizaciones dedicadas a la extracción de rentas de distinta índole.
En el caso de las AGC es evidente, por ejemplo, que a nivel nacional sus rentas se derivan de la minería, del control de rutas de explotación sexual en muchas ciudades del país y del narcotráfico. Lo que hacen es interactuar con las realidades regionales y, en alguna medida, tratar de copar territorios que siguen siendo importantes.
Entonces,
el negocio extractivo es una característica de esos grupos hoy, al menos en las zonas rurales. El hecho de que controlen eslabones del narcotráfico de manera muy destacada también hace parte de esa caracterización. De igual modo, controlan rentas, no solamente en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas. Buena parte de todas esas rentas luego se ponen en función de lo urbano. La economía urbana es, en última instancia, la que absorbe estas rentas ilícitas a través de procesos económicos y espaciales en las ciudades.
Un buen caso de eso es Medellín. Hace unos días, en una entrevista que daban los jefes de las bandas de la Oficina alrededor del diálogo sostenido con el Gobierno en Itagüí, uno de ellos cuestionaba algo que es evidente, pero ignorado por el gobierno y los académicos. Este jefe llamaba la atención sobre la contribución de los grupos criminales al PIB del país. Lo dice un tipo que está encerrado en Itagüí, dialogando sociojurídicamente con el Gobierno sin ningún suelo jurídico. Naturalmente, evade la pregunta sobre qué va a suceder con los dineros y los capitales que han adquirido en estos años y afirma algo así como: «pues cuando midan cuánto hemos generado nosotros al PIB del país, pues también tendremos que valorar esas opciones». El tipo es sagaz y agudo en decir que «nuestro accionar en lo urbano como organizaciones armadas tiene una representación económica en la globalidad del país».
Por eso, cuando el Congreso de los Pueblos dice en este ejercicio de movilización que se debe poner en evidencia de dónde se financian estos grupos, cómo y hacia dónde van sus rentas, yo creo que le está haciendo una pregunta al país que es más que vigente.
Siento que hay que tratar de desplazar la mirada de las zonas donde hay confrontación armada a las que no, pero que tienen relaciones y flujos económicos que sostienen en gran parte el entramado de los paramilitarismos a nivel nacional.
LL: ¿Hay un modelo de país proyectado por el paramilitarismo? ¿Está asociado con el exterminio que viven los movimientos populares tras la actual avanzada paramilitar?
ER: Las expresiones paramilitares que existen hoy son más pragmáticas y, digamos, de un pensamiento un poco más utilitarista frente a lo que sucede con los cambios de gobierno. Uno antes podía leer en el período pre-Uribe y Uribe una afiliación política más ideologizada a ciertos personajes de la política nacional. Un respaldo y un discurso muy confrontativo contra la insurgencia que le daba un aro de legitimidad para la época. Fue tanto así que pudieron dialogar y discutir en el Congreso de la República los propios jefes paramilitares.
Estas expresiones paramilitares actuales, por el contrario, son un poco más pragmáticas y están en la sintonía de buscar el mayor beneficio económico al menor costo político y judicial posible. Su proyecto político está muy territorializado. Antes había un proyecto paramilitar nacional, aglutinado en torno a ciertos personajes muy rimbombantes que se volvieron parte del escenario colombiano. Hoy no es así, no hay un Carlos Castaño que aúne el proyecto paramilitar. Antes bien, hay empresarios de la guerra que están allí tratando de captar rentas y de gestionar territorios.
Vale la pena reflexionar más alrededor de la relación de su proyecto político y el Gobierno. Yo diría, a primera vista, que obviamente el gobierno de Petro tiene unas apuestas y unas consignas progresistas. Pero, en la apertura de una ventana de oportunidad para un posible arreglo político, estas estructuras tratarían de legalizar sus rentas a través de un proceso de desestructuración y desarme. No se van a oponer porque sea el gobierno de Petro, a pesar de que este se reclame de izquierda. Creo que hoy depende más de la relación de costo beneficio que ellos perciban al entrar en este juego de la paz total.
Ahora bien, a nivel territorial juegan como un actor que obstaculiza la organización social y popular, mientras que a nivel nacional aparentan tener una visión más pragmática. Pero es a nivel territorial donde uno puede observar caso a caso, porque es algo muy poroso, cómo entran a ser enemigos que amenazan y se oponen al movimiento popular.
En el caso nuestro como fuerza social, los ejemplos son los asesinatos de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, o el más reciente de Narciso Beleño. También cuenta todo lo que ha pasado en el Cauca. En estos eslabones se evidencian conflictos territoriales en los que hay liderazgos que empiezan a ser fichados e identificados por su rol histórico en los territorios, se convierten en piedras en el camino que el paramilitarismo trata de quitar. Estos asesinatos son un ejercicio de castigo ejemplarizante para las comunidades en general.
El problema está en la ventana de oportunidad que ofrece el Gobierno al contribuir a que este paramilitarismo se sitúe en el plano de lo político. Hay un actuar considerablemente visceral que guía a estas organizaciones paramilitares. Mientras están interesadas en gestionar grandes rentas, acaban con la vida de dirigentes populares, confinan y desplazan una comunidad. Son escenarios a todas luces complejos.
LL: Ahora bien, ¿qué alcances logra una movilización que tiene como principal bandera el desmonte del paramilitarismo? De fondo, pareciera haber una idea de que el Gobierno nacional debe responder por la avanzada paramilitar. Pero, en realidad, ¿quién tiene el timón de mando para activar o desactivar la amenaza paramilitar?
ER: El Congreso de los Pueblos considera que desmontar el paramilitarismo no es algo que pase exclusivamente por un proceso de negociación en una mesa. Pero lo importante en este ejercicio de movilización, incluso en los días de campaña y convocatoria, está en situar el tema del paramilitarismo en el país. Con independencia del pliego y de lo que se obtenga en la negociación con el Gobierno, lo importante es que el Congreso de los Pueblos ayude a mover en la opinión pública y en la agenda política del país que hoy persiste una situación frente al paramilitarismo sin motes ni adjetivos. No bacrim, no grupos armados de alto impacto: paramilitarismo.
Nos interesa hoy que la sociedad colombiana discuta nuevamente a qué estamos llamando paramilitarismo y cómo esto tiene un lugar en el país. Nos interesa dar a conocer que el paramilitarismo es un enemigo estratégico y no solamente para el Congreso de los Pueblos. Nosotros hemos dicho que el paramilitarismo es una amenaza estratégica para nuestro movimiento y por eso estamos acá. Pero lo cierto es que la amenaza es contra cualquier proyecto de cambio en el país.
Sabemos que la mesa instalada entre nosotros y el Gobierno es un ejercicio de tensión política, es un pulso que seguramente llegará a unos acuerdos. Hemos posicionado allí diez puntos y ciertamente no todos quedarán resueltos. Lo importante es que el país entable una discusión política de fondo frente al tema del paramilitarismo. De otro lado, estamos exigiendo que cese cualquier diálogo que le ofrezca un estatus político a los paramilitares, este es un llamado de atención al Gobierno nacional. Es un tema político grueso.
No es una movilización en oposición al Gobierno y reconocemos que está inmerso en un régimen político sobre el cual tampoco tiene todo el control. Pero ciertamente es el actor clave que hoy puede tratar de llevar a cabo decisiones políticas de fondo.
Lo primero es no darles un estatus político. Lo segundo, activar medidas claras para la desestructuración, seguimiento y persecución económica de estas estructuras en los territorios. Porque el Gobierno lo sabe, y el Estado ha logrado evidenciar e identificar esos procesos, pero no hay una decisión política seria porque a nivel territorial el Estado es profundamente poroso.
Ahora bien, ¿podemos decir que Petro tiene el timón para desmontar el paramilitarismo? Yo creo que no, pero la disputa política es que avance en ese ejercicio y reconozca que esa amenaza existe para el movimiento popular. El paramilitarismo incluso es una amenaza para el proceso constituyente del que Petro viene hablando. Algo así no va a ser posible en esta democracia reducida en la que juega el Gobierno, menos aún si hay grupos que no están interesados en que esos procesos económicos, sociales y políticos cambien a favor de reformar la estructura del país.
El Gobierno tiene un reto con la movilización que le pone el Congreso de los Pueblos. Un reto que, por el momento, parece que desea evitar para no tensionar el panorama político, porque significa tensionar su política de paz total. Hoy el Congreso de los Pueblos toca el corazón de la paz total del Gobierno. Le estamos pidiendo al Gobierno nacional que evalúe si el grupo con el que trata es la raíz o, más bien, el síntoma.
El Gobierno de Petro trata de jugar a sacar el menor costo político de todo esto, pero, ciertamente, a dos años de haber iniciado su mandato y en las puertas de unas nuevas elecciones, le conviene hacer lo posible por dar medidas y garantías. Es necesario tomar decisiones de fondo frente a sus fuerzas militares. No hay otro modo de desescalar las relaciones que sostiene el aparato militar del Estado con el paramilitarismo a nivel regional y nacional.
El Congreso de los Pueblos está movilizándose en el marco de una ruta que viene desde el 2018, cuando se declaró una emergencia humanitaria. Llevamos seis años hablando de esto, y quizás no hayamos llegado al pico de la movilización. Pero el ascenso de las protestas dependerá de lo que haga o deje de hacer el Gobierno. Hoy tensionamos y ponemos en evidencia el tema. El que hayamos bloqueado rutas estratégicas y vías nacionales le da un tinte diferente a la movilización. No es un asunto persuasivo, se trata de presión política y de medir pulsos y fuerzas. Estamos en el momento de mirar qué tanto se le puede torcer el brazo a un Gobierno que trata de discutir una paz total que permanece lejos. Frente a todos los fracasos en esta materia, creemos que podría haber un camino para que el Gobierno pueda virar el rumbo.
Fuente: La Tizza
