Lo que hay detrás de la nueva base militar estadounidense en Galápagos
En medio de denuncias de entrega de soberanía y violación de la Constitución, este mes de diciembre finalmente arribarán a la islas ecuatorianas las primeras embarcaciones militares estadounidenses.
El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, finalmente logró la instalación de una base militar estadounidense en las islas Galápagos y Washington ampliará su despliegue de alrededor de 750 bases militares en alrededor de 80 países del mundo, y contará con un nuevo punto donde desplegar a sus casi 200 mil tropas en 159 naciones, como lo ha documentado exhaustivamente el profesor David Vine de la American University en Washington.
La medida, aprobada por el Consejo de Gobierno de Galápagos y en base a tratados de cooperación militar con Estados Unidos, sobre todo los «Acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas» (SOFA, por sus siglas en inglés), se oficializó el pasado 10 de diciembre y permitirá el despliegue de buques, aeronaves y personal militar en el archipiélago.
El argumento del gobierno para justificar esta acción se centra en la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en la región insular. Sin embargo, la ubicación geoestratégica y el contexto mundial en el que se desarrollan son señalados, entre otros argumentos, como una nueva entrega de soberanía por parte del Ejecutivo a Estados Unidos en una mesa de negociación.
El antecedente inmediato al actual es la instalación de la base en la costera ciudad de Manta, donde durante diez años, un grupo de soldados estadounidenses se instaló para llevar a cabo misiones militares por mar y aire, coordinadas bajo el Plan Colombia.
Pero pese al objetivo declarado de lucha contra el narcotráfico, la violencia no disminuyó en ese periodo y la tasa de homicidios al momento de la instalación de la base: en 1999 era de 13,55 por cada 100.000 habitantes y tras un decenio de permanencia de militares estadounidenses emplazados el índice aumentó a 17,74. A su vez, se documentaron 21 casos de abordaje, destrucción y hundimiento de embarcaciones que, en algunos casos, transportaban migrantes que usaban la ruta marítima por Centroamérica para llegar a Estados Unidos.
Una violación a la Constitución de 2008La Constitución ecuatoriana, vigente desde 2008, prohíbe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. Este principio se redactó durante el proceso constituyente impulsado durante el gobierno de Rafael Correa, e implicó el cierre de la antes mencionada base estadounidense en la ciudad costera de Manta tras la no renovación de un acuerdo similar en 2009. Ante la prohibición expresada en el texto constitucional, Noboa envió una propuesta a la Asamblea Nacional para eliminar el artículo que restringe la presencia militar extranjera. El Parlamento se negó a discutirlo; pero la instalación de la Base prosiguió igual tras haber logrado el aval de la Justicia Constitucional.
Los fundamentos del Tribunal para su autorización se encuentran en las características de los acuerdos SOFA, firmados primero en 2023 por el expresidente, Guillermo Lasso, y este año por Daniel Noboa.
Según apunta el sociólogo mexicano-ecuatoriano, Miguel Ruiz Acosta, este tipo de tratados “representa la renuncia ecuatoriana a ejercer soberanía plena sobre dimensiones muy delicadas como la seguridad y el propio territorio nacional”.
Para Ruíz Acosta, solo esta entrega explica “episodios como la artera invasión de la Embajada de México ordenada por Noboa el mes pasado; una acción que difícilmente podría haberse realizado a espaldas de los órganos de poder de los EEUU.”
El exvicecanciller Fernando Yépez calificó la decisión como un “servilismo colonial” que pone en riesgo la soberanía nacional. “No hay conciencia de los intereses del Ecuador ni de las experiencias negativas con bases extranjeras”, afirmó en declaraciones a medios locales. Mientras que organizaciones sociales denuncian que la medida fue aprobada sin consulta a la comunidad, violando el régimen especial de Galápagos, que prioriza la conservación del patrimonio natural y el bienestar de sus habitantes.
El impacto y los intereses en juego
Las islas Galápagos, célebres por su biodiversidad única y su papel en los estudios de Charles Darwin, enfrentan nuevos desafíos ambientales con la llegada de equipamiento militar. Aunque los tratados de cooperación aseguran controles rigurosos para evitar daños al ecosistema, activistas ambientales han expresado su escepticismo. “Las experiencias previas han demostrado que las operaciones militares no respetan las normas mínimas de conservación”, señaló la activista ambiental Cristina Cely.
Además, la instalación de infraestructura adicional en puertos y aeropuertos locales, necesaria para operar la base, podría alterar aún más este delicado equilibrio. Sectores sociales han alertado que estas medidas podrían facilitar actividades que contradicen las normativas de protección ambiental y afectar gravemente el ecosistema marino de la reserva.
A pesar de las promesas del gobierno de que la base contribuirá a combatir el tráfico de drogas y la pesca ilegal, críticos argumentan que la medida beneficia principalmente a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región.
El acuerdo firmado por Noboa el 15 de febrero de 2024 con Washington otorga privilegios y exenciones al personal militar estadounidense similares a los de las misiones diplomáticas, incluyendo inmunidad jurídica. Según analistas, esto crea un precedente peligroso para la soberanía nacional y expone al país a nuevos conflictos legales.
Para Andrés Arauz, excandidato a presidente por el correismo, la base militar estadounidense lejos de instalarse para combatir el narcotráfico, su emplazamiento obedece a los intereses de Washington y “tener una base para la Tercera Guerra Mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico.
EEUU ya tuvo su base militar en Baltra, Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las mismas razones.”Arauz también señala febrero de 2025 como una fecha decisiva, dado que la ciudadanía del país andino definirá quien será el próximo presidente y, por tanto, quien escribirá el próximo capítulo del despliegue militar estadounidense en territorio soberano ecuatoriano.
Fuente: teleSUR
Foto: Alma Plus
