Internacionales

A 35 años de una causa injusta (I)

 

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial 

Resumen Latinoamericano

 

Han transcurrido tres décadas y media de la innecesaria y cruel invasión a la República de Panamá, por parte de desmesuradas fuerzas militares de Estados Unidos, que masacró a cientos de panameños imposibilitados de rechazar y resistir semejante embate y derroche de poderío contra una nación pequeña carente de ejército, pero con un arraigado sentimiento antiimperialista cultivado en décadas de luchas reivindicatorias por alcanzar la plena soberanía de su territorio y la legítima devolución del Canal de Panamá, así como la reversión soberana de partes de su territorio usurpado y ocupado por miles de soldados estadounidenses asentados en bases militares dispersas por el territorio istmeño.

Fue una agresión artera, premeditada, estudiada y ensayada durante meses para someter a un pueblo, una resistencia a la dominación imperial, en contra de un pensar diferente, con el pretexto de capturar al general Manuel Antonio Noriega, sindicado de estar involucrado en el tráfico de drogas, aunque la propia DEA, agencia estadounidense encargada de enfrentar esa actividad criminal, había emitido decenas de reconocimientos y loas a las Fuerzas de Defensa de Panamá, por su útil desempeño, durante años, en desarticular operaciones de ese tipo.

Los invasores conocían en detalles los movimientos del perseguido, tenían infiltrada su seguridad, podían realizar una acción dirigida únicamente a su captura, pero no podían tolerar que el 16 de diciembre asumiera la conducción política de la nación al frente de los más de 500 Corregimientos y continuara en su confrontación con Estados Unidos.

Prefirieron enviar un mensaje de pavor a toda la población panameña y regional. Para ello bombardearon el país con el empleo, a manera de experimento, de medios modernos de aviación como los míticos aviones “invisibles” de última generación. Fue un acto de terrorismo de Estado de la administración republicana de George H.W. Bush, quien había sido el Director de la CIA, cuando el asediado Noriega, colaboraba de manera entusiasta con esa agencia de espionaje y subversión.

La invasión el 20 de diciembre de 1989 fue un acto criminal no provocado, injustificado, sus principales víctimas fueron los barrios pobres como el masacrado Chorrillo, acto genocida e inusual que la primera potencia del mundo lanzó contra un pueblo carente de medios de defensa, cuando las tropas panameñas estaban divididas, penetradas y desmoralizadas luego de cuatro años de ablandamiento mediante guerra híbrida.  No fue una guerra sino una masacre.

Los reiterados intentos de golpes de Estado en su contra fracasaron, la llamada Cruzada Civilista Nacional, creada con el auspicio del llamado “proyecto golpe” interdepartamental de Estados Unidos, con el experto en esas lides John Maisto al frente, erosionaba y desestabilizaba al país de manera sistemática durante varios años, con manifestaciones e incitaciones a la desobediencia civil, que intentó la fractura de las Fuerzas de Defensa con la defección de sus mandos medios y altos.

Las Fuerzas de Defensa de Panamá solo contaban con 2,500 unidades militarizadas, precisamente por el interés estadounidense de instalar la imagen internacional de que los panameños no estaban aptos para preservar la seguridad del Canal de Panamá, por lo tanto requerían de la la presencia militar perpetua de Estados Unidos, era una exigencia para permanecer más allá del año 2000, cuando el reloj de la descolonización anunciara el paso soberano del Canal a sus legítimos dueños. Mientras, las fuerzas invasoras con 40,000 hombres y mujeres fogueados en agresiones precedentes, como la invasión, también injusta” a la pequeña y desarmada isla de Granada en 1983.

Retrospectivamente, la invasión con una visión histórica y estudiada desde diferentes aristas, sin lugar a dudas, fue un acto de cobardía contra un pueblo tradicionalmente pacífico, pero antimperialista que había legado ejemplos de rebeldía al ocupante yanqui, como los ocurridos el 9 de enero de 1964, protesta épica de estudiantes y pueblo que intentó mostrar su rebeldía al ocupante y que produjo muertos y heridos.  

La invasión fue, además un crimen de lesa humanidad violatorio de los principios más elementales del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, se cometieron violaciones y vejaciones contra los miembros de las Fuerzas de Defensa, que eran prisioneros de guerra con un estatus de protección y respeto claramente definido para los tiempos de confrontación bélica.

En fosas comunes fueron arrojados cientos de panameños, sin identificación individualizada previa. Con el paso del tiempo se han descubierto, con el horrendo hallazgo de haber sido toscamente quemados antes de la inhumación.

Las víctimas panameñas, según la voz autorizada y documentada de la Comisión presidida por Ramsey Clark, ex Fiscal General de Estados Unidos durante la administración demócrata de John F. Kennedy, sobre la Invasión a Panamá, oscila entre 4,000 y 6,000 muertos, sin contar heridos estimados en más de 45,000 heridos, que produjeron secuelas físicas y mentales, además de multimillonarias pérdidas en apenas tres semanas de enfrentar una digna pero modesta resistencia. A estos horribles efectos hay que sumar los desaparecidos y los inhumados en parajes desconocidos dispersos por todo el territorio istmeño.

Además, los invasores toleraron el pillaje, saqueo y desorden generalizado en todo el país como método para distraer a la población de la masacre en curso. Es imposible resumir todos los hechos de la injusta invasión, que para mayor hipocresía se le denominó, por los agresores, como “Justa Causa” y la humillación prepotente del general estadounidense Marc Cisneros, quien dijo que cuando se iniciara el ataque él estaría bebiendo una cerveza y cuando terminara la invasión, seguiría fría, como ejemplo del desprecio por el adversario indefenso que enfrentaría.

El 16 de diciembre de 1969, un golpe de la CIA derrocó a Omar Torrijos Herrera, mientras se encontraba en México.  El militar regresó a Panamá, con el apoyo del entonces jefe militar de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, el oficial Manuel Antonio Noriega.   El golpe de la CIA fracasó gracias a Noriega, y Torrijos en reconocimiento a ese gesto, proclamó el 16 de diciembre como “Día de la Lealtad” en honor a este militar. Había resistencia a la junta cívico-militar que gobernaba. 

Entonces, Torrijos anunció que los militares se unirían al pueblo en una “Yunta Pueblo-Gobierno” y designó a Manuel A. Noriega como enlace de Inteligencia panameña con Estados Unidos. Para él se le hacía imposible desempeñar ese rol después del golpe altero de Washington, empeñado en derrocar a los movimientos de jóvenes militares de mandos medios que había promovido cambios presidenciales de corte nacionalista en Panamá, Perú y Ecuador. Torrijos, hizo más, eliminó la oficina permanente que la CIA mantenía en los cuarteles. 

El entonces Noriega, estaba relacionado con la CIA desde sus años en la Escuela Militar de Chorrillos de Perú, pero también fue estudiante del Instituto Nacional, cantera del recio nacionalismo panameño. Aunque colaboró en misiones internacionales con agencias de espionaje de Estados Unidos, también propició acciones progresistas a favor del derrocamiento de la dictadura dinástica de los Somoza en Nicaragua y a la consolidación de los cambios en Granada dirigidos por Maurice Bishop.

Al finalizar el día 19 de diciembre de 1989 el entonces presidente George H. W. Bush, anunció al mundo, desde la Casa Blanca, que daba inicio a la invasión a la República de Panamá para detener a su presidente, el general Manuel Antonio Noriega. Nadie podía creer que en vísperas de las fiestas navideñas, que convidan a la paz y la felicidad, la mayor potencia del mundo invadiera a un país pequeño, mal armado e históricamente con gobernantes aliados, solo para detener a una persona.

Desde 1903 la zona del canal con el propósito de permanecer allí indefinidamente, Panamá fue saturado con más de una docena de bases militares dislocadas a las puertas de su capital, en el océano Pacífico y en el Caribe. 

Desde la Segunda Guerra Mundial ocuparon ese territorio el Comando Sur estadounidense, el Centro de Comando para espionaje de Latino América y la contrainsurgencia, elementos imprescindibles para sus apetencias hegemónicas..

En 1977, el general Omar Torrijos Herrera como Jefe de Gobierno de la República de Panamá y James E. Carter como Presidente de los Estados Unidos, firmaron nuevos Tratados donde acordaron la devolución a Panamá del control del Canal, el cierre de las bases militares y la salida de todos los soldados estadounidenses. Paralelamente se concertó un calendario para llevar a cabo la transición antes del año 2000, pero se condicionaba la defensa de la vía de manera conjunta, con la posibilidad de intervenir militarmente Estados Unidos, si la operación del canal se viese comprometida.

 

El pueblo de Panamá había luchado denodadamente durante muchos años por lograr la recuperación soberana de esta porción de su territorio y para ponerlo al servicio del desarrollo del país. En 1984, el clamor popular dio impulso al cumplimiento de esos acuerdos, ya que la Casa Blanca los dilataba e incumplía, y a pesar de que Bush se manifestaba a favor de ellos, en la práctica pretendía anularlos por la gran importancia militar y económica que para los Estados Unidos representaba el control del Istmo. 

Para los militares norteamericanos, según expresó el referido general Marc Cisneros, “[…] hasta el año 2000 tendrían una situación incómoda, acostumbrados a maniobrar libremente dentro del territorio panameño, ahora tenían que coordinarlo todo con las fuerzas de defensa panameñas”.

Continuará…

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto: Archivo Concolon

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