Es peligroso tirar piedras, cuando se tiene techo de vidrio (I)

Por José Luis Méndez Méndez / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Ha concluido una reunión de Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, entre los temas tratados y los acuerdos tomados, los medios de comunicación divulgan una declaración firmada por seis países de los participantes, con la ausencia en la rúbrica del país anfitrión y Uruguay, que exigieron al Gobierno de Venezuela, calificado de dictadura, restablecer el orden democrático.

El texto se suma al coro promovido por Estados Unidos para el aislamiento político democrático del poderoso país en reservas de ricos minerales, que es la pretensión real estadounidense, que ha esgrimido como espurios argumentos disímiles pretextos, como la supuesta defensa de los derechos humanos; el imaginario combate del flagelo, al narcotráfico y la aparente promoción de la democracia según su versión.

Una visión por dentro hacia sus realidades, hubiese servido para que esos países se dedicaran a la solución de sus conflictos, problemas, violaciones a los más elementales derechos civiles y dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, cuyas autoridades han dignificado por medio de su proceso emancipador a varias generaciones de venezolanos, quienes nacieron al inicio de la era de Hugo Rafael Chávez Frías, hoy son profesionales formados por el indetenible proceso renovador de sus continuadores con el líder Nicolás Maduro Moros al frente, secundado por un combativo equipo consientes del momento histórico que les ha tocado vivir.

Es peligroso tirar piedras al tejado ajeno, cuando el propio es de vidrio, es un sabio comentario instalado en la memoria histórica de los pueblos.

Una mirada a los firmantes, nos muestra una historia reciente, que sugiere el pudor de callar ante las campañas difamatorias del imperio contra la Revolución bolivariana.
Por ejemplo Perú, acaba de ceder su soberanía para que fuerzas armadas estadounidenses puedan campear y actuar con total impunidad en su territorio, una avanzada ya había sido aprobada con anterioridad, cuando las protestas se incrementaron, tras los crímenes represivos del terrorismo de Estado impuesto por la ahora depuesta “carnicera de Lima”, que apeló a la violencia para acallar las demandas de la población, después de la destitución del legítimo presidente Pedro Castillo.

Empleó soldados, policías, paramilitares y hasta grupos mafiosos formados por delincuentes, todo para callar el clamor popular. Esto no es historia pasada, la sangre está aún fresca en las calles de ciudades peruanas. El legado recibido por el actual presidente peruano no puede olvidarse, por no haber decidido los principales crímenes, aun irresueltos y que se acumulan desde décadas atrás de sucesivos de políticos corruptos, que han desfilado por el poder.

El bien ganado sobre nombre de la “Carnicera de Lima”, le corresponde a la impresentable culpable Dina Boluarte, quien tiene sobre su conciencia más de medio centenar de asesinados en las calles por exigir su salida del poder, la disolución del Congreso, anticipar las elecciones, una nueva constituyente que eliminase a la impuesta por el corrupto y asesino Alberto Fujimori.

Apenas llegó al poder de manera cruenta, sin un voto popular, el pueblo tomó la ciudad de Lima durante dos meses, la advenediza los calificó de minoría narcotraficante, alborotadores y crápula de la sociedad, que ella decía representar.

La ola de protestas en Perú llegó a su capital, que no había visto los incidentes tan intensos y violentos como los que se habían vivido en otros lugares del país, donde sumaron más sesenta muertos y más de un millar los heridos. En el sur de la nación murieron 18 personas durante las protestas para exigir nuevas elecciones. El clima en la ciudad fue de tensión y se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el centro.

Pero eso se pudo cambiar la convocatoria por «la toma de Lima», lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigían con razón en la renuncia de la presidenta recalada tras la detención y encarcelamiento del presidente constitucional y el llamado inmediato a elecciones, para renovar el Ejecutivo y el Congreso.

También está por esclarecerse aún la presunta culpabilidad del titular congresal José Williams Zapata, impugnado también por medio de una moción de censura por estar vinculado, cuando ejercía como militar en el crimen de Accomarca, hecho ocurrido el 14 de agosto de 1985, cuando 69 comuneros, incluidos ancianos, mujeres y niños, fueron masacrados. El entonces mayor, comandó dos de las cuatro patrullas intervinientes en los hechos. La justicia militar lo exoneró, pero ahora la ética lo juzga.

Así están los asuntos, en el prístino Perú, que insiste su nuevo presidente en presentar, cuando toma distancias de realidades no resueltas en su país de las cuales no es ajeno, mientras firma cartas que lanzan piedras contra un techo ajeno sin considerar el propio de vidrio agrietado. Otros firmantes tienen cuentas por saldar.

Foto de portada: AFP.