EEUU impone plazo fijo a visas de estudiantes y periodistas en nueva ofensiva migratoria
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este viernes un endurecimiento sin precedentes en las condiciones de estancia para titulares de visas de no inmigrante de las categorías F (estudiantes), J (programas de intercambio cultural) e I (periodistas y representantes de medios de comunicación), estableciendo plazos fijos de admisión que eliminan la llamada “laguna jurídica” de la duración del estatus.
La nueva normativa, que entrará en vigor en septiembre próximo, fija un límite máximo de cuatro años para los estudiantes internacionales, con posibilidad de revisión caso por caso a discreción de los funcionarios federales. Esta medida representa un giro significativo respecto a las reglas vigentes, que permitían a los alumnos permanecer en el país durante el tiempo necesario para completar sus carreras de grado y posgrado, sin un tope predeterminado.
Para los periodistas con visado I, la restricción es aún más severa: su estancia queda limitada a un máximo de 240 días (aproximadamente ocho meses), con posibilidad de prórrogas bajo evaluación. Sin embargo, los profesionales con pasaporte de China enfrentan un límite aún más restrictivo de apenas 90 días, en sintonía con las crecientes tensiones bilaterales entre ambas potencias.
En las redes sociales oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios justificaron la decisión argumentando que “durante décadas, se ha admitido a estudiantes extranjeros en Estados Unidos por un período indefinido, lo que ha permitido que miles de ellos se aprovechen del sistema y se conviertan en ‘estudiantes de por vida’ al matricularse continuamente en cursos para evitar tener que salir de nuestro país”.
La normativa también impone nuevas restricciones para cambiar de especialidad, carrera o programa académico.
“Al establecer límites claros y definidos para estos visados, Estados Unidos está recuperando su capacidad para evaluar, investigar y supervisar adecuadamente a las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras”, agregó el Departamento en su comunicado oficial. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, enfatizó que el objetivo es que los estudiantes completen sus estudios y posteriormente regresen a sus países de origen.
El sector universitario ya expresó su rechazo a las modificaciones normativas, advirtiendo que generan un efecto de carga negativa para las instituciones de educación superior. “Esta medida es innecesaria y redundante”, afirmó Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, en declaraciones a AP.
“Los estudiantes internacionales ya se encuentran entre las poblaciones de no inmigrantes más vigiladas en EE.UU. y están sujetos a una supervisión rigurosa por parte del DHS y las instituciones académicas”, agregó.
Esta decisión se enmarca en una serie de medidas restrictivas que el Gobierno federal viene implementando desde hace varios meses, que incluyen la revisión de las cuentas de redes sociales de los solicitantes de visas y restricciones de viaje para personas de países de África, Medio Oriente y Asia.
Fianza de 100 000 dólares y prueba de autosuficiencia
Paralelamente, la Administración republicana evalúa imponer una fianza o depósito de 100 000 dólares para algunos de los individuos que buscan un permiso de residencia o Green Card desde el extranjero.
En caso de confirmarse, las personas que soliciten la Green Card en consulados deberán abonar ese monto, que sería reembolsado una vez que obtengan la ciudadanía estadounidense, un proceso que suele llevar años.
La medida, que según especialistas podría provocar un sesgo por ingresos entre las personas que buscan residir en EE.UU., ya encontró resistencia en los tribunales. Un juez federal anuló recientemente una cuota similar de 100 000 dólares para visados H-1B que había sido avalada por un tribunal inferior.
El juez Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Boston, dio lugar a una demanda de 20 estados y argumentó que la Administración Trump se extralimitó en sus facultades y violó la Ley de Procedimiento Administrativo.
La regla de “carga pública” regresa con fuerza
El 20 de julio se publica oficialmente la política de “carga pública” que entrará en vigor el 18 de septiembre, una regulación que permite negar la Green Card a personas que hayan hecho uso de asistencias sociales como cupones de alimentos, programas sanitarios o ayudas para acceder a la vivienda.
Aunque el Gobierno de Joe Biden revocó esta resolución durante su mandato, el nuevo texto normativo establece que quienes pidan la tarjeta de residencia deben demostrar que no son “una carga pública” para el país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) justificó la medida en su cuenta de X apelando al concepto de “autosuficiencia” y afirmando que busca proteger “los recursos públicos” para terminar “con las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.
Organismos de defensa de los derechos de las personas migrantes califican esta medida como una “prueba de riqueza”, mientras especialistas en políticas públicas de salud pronostican peores resultados para la población afectada. Diversas ONG advierten que hay confusión y temor, y que muchas familias desisten de acceder a derechos que les corresponden por ley.
El paquete de restricciones migratorias anunciado en las últimas semanas dibuja un escenario cada vez más hostil para los extranjeros que buscan estudiar, trabajar o residir en Estados Unidos, en lo que constituye una de las ofensivas más agresivas contra la inmigración legal desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Tomado de Cubadebate
