Administración de la presidenta (E) Delcy Rodríguez afianza lazos y firman memorando de entendimiento con el mandatario Santiago Peña
Ahora le tocó el turno al gobierno ultra derechista y pro-yanqui de Paraguay
Ambos Gobiernos revisan la cooperación energética, el intercambio comercial y los servicios consulares durante un encuentro enfocado en el restablecimiento progresivo de los mecanismos de diálogo bilateral. Vale recordar que el gobierno legítimo de Nicolás Maduro rompió relaciones en enero 2025 con Paraguay por sus ataques permanentes e injuriosos contra la democracia popular bolivariana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este sábado en el Palacio de Miraflores al mandatario de la República del Paraguay, Santiago Peña. Tras las conversaciones, los cancilleres de ambos países, Félix Plasencia y Rubén Ramírez, firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación y el restablecimiento de relaciones.
La visita de trabajo del jefe de Estado paraguayo, quien arribó a Caracas junto a la primera dama Leticia Ocampo, busca reactivar los canales institucionales e impulsar el restablecimiento progresivo de los vínculos bilaterales entre ambas naciones. Sin embargo, su afinidad total con el gobierno de Donald Trump hace pensar que fue éste quien «autorizó» a su pupilo de Asunción a que sume su apoyo al «nuevo tiempo» que vive Venezuela, desde el 3 de enero cuando tras el bombardeo de sectores de Caracas fuera secuestrado Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.
Ahora, el encuentro oficial en la sede del Ejecutivo da continuidad a gestiones diplomáticas previas efectuadas por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Las conversaciones abarcan la revisión del intercambio comercial complementario, la optimización de los servicios consulares para la atención de sus ciudadanos, además de dar seguimiento a la cooperación energética y los compromisos financieros pendientes.
La recepción oficial se desarrolló bajo el marco normativo del respeto mutuo, la soberanía, la igualdad entre los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Según la cadena venezolana VTV, ambos mandatarios han acordado un comunicado conjunto con el objetivo de avanzar “en la normalización de las relaciones bilaterales” entre Paraguay y Venezuela. El documento fue suscrito por el ministro Rubén Ramírez y el titular venezolano de Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia.
Este viaje supone un giro en la posición tradicional de Paraguay, que durante años figuró entre los críticos más firmes del Gobierno venezolano y llegó a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, un respaldo que posteriormente retiró.
En enero de 2025, el gobierno legítimo de Nicolás Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Paraguay y ordenó la expulsión de todo el personal diplomático paraguayo en su territorio, como respuesta al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo tras las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024.
Para recordar una de las más grandes violaciones de derechos humanos del gobierno paraguayo: Se cumplen seis años del crimen de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba
Este 2 de septiembre se cumplieron 6 años del crimen de María Carmen y Lilian Mariana Villalba, dos niñas de 11 años asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Paraguay, cuando viajaron a conocer y a construir un vínculo con sus padres, integrantes del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Ellas fueron junto a otras primas, bajo el cuidado de Laura Villalba, mamá de María Carmen, y no pudieron regresar como estaba previsto porque debido a la pandemia se cerraron caminos y fronteras. Quedaron entonces en un refugio creado para ese objetivo por el EPP, que fue detectado y luego atacado por los integrantes de la FTC. Luego del crimen de las niñas, el resto del grupo logró escapar, pero el 30 de noviembre los militares hirieron y capturaron a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (Lichita), que tenía 14 años, y se encuentra desaparecida desde entonces.
Posición oficial: El gobierno paraguayo, tanto en la administración de Abdo Benítez como en la posterior continuidad institucional con el actual presidente Santiago Peña, defendió las acciones de la FTC argumentando que se trató de un acto de legítima defensa frente al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Lichita es hija de Carmen Villalba, militante comunista detenida en la Cárcel del Buen Pastor, a pesar de haber cumplido ya el año pasado una condena de 17 años.
Toda la persecución a la familia Villalba, tiene entre otros objetivos castigar la participación de varios de sus integrantes en el EPP. La crueldad con la que se ejecutó a las niñas, se desapareció a Lichita, y se maltrata en la cárcel a Laura, pretende naturalizarse como ejercicio de violencia brutal por el sólo hecho de ser hijas o hermanas de insurgentes, a quienes tampoco respetan derechos en los modos de ser juzgados, condenados y en las condiciones de detención.
Sin posibilidades de regresar, de alimentarse, sin agua, el grupo estuvo moviéndose con dificultad buscando a Lichita. En ese interín, la policía capturó a Laura el 23 de diciembre de 2022. Las otras dos primas, Anita (hermana melliza de Lichita) y Tamara, pudieron escapar y regresar a la Argentina, con lo que la familia supo de los sucesos dolorosos vividos durante los meses en los que estuvieron perseguidas por la fuerza militar policial.
Los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de construir una versión distorsionada, mentirosa, de acuerdo con el discurso del entonces presidente, Mario Abdo Benítez, quien el mismo día del crimen de las niñas hizo declaraciones en las que aseguraba que celebraban haber abatido a dos peligrosos guerrilleros. Los militares se apuraron a enterrar los cuerpos de las niñas, pero antes los vistieron con ropaje guerrillero para avalar esa historia, y luego ese ropaje fue rápidamente incinerado, con la excusa del COVID. Prácticamente se impidió el acceso de la familia a toda investigación sobre lo sucedido.
Fue una gran lucha la realizada por la familia Villalba para demostrar que los “peligrosos guerrilleros abatidos” eran dos niñas de once años, quienes habían sido capturadas, torturadas y asesinadas por los “valientes militares”. Después que se desmintiera esa versión, se intentó instalar que las niñas eran combatientes del EPP, que habían sido reclutadas por Laura. La responsable en esta historia de la muerte de las niñas, según el gobierno paraguayo, sus tribunales y sus medios de comunicación, no son los que las asesinaron, sino sus madres, Laura y Myrian (mamá de Lilian Mariana, que tuvo que pedir refugio político en Argentina). Es por eso que se afirma que Laura está presa por maternar.
Explica su abogado Salvador Sánchez: “Laura tiene dos juicios pendientes. El primero es por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar”, y el otro por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”. En la primera causa tiene una expectativa de pena de 10 años. En la causa mayor tiene una expectativa de pena de 30 años. Para nuestra defensa, a Laura la están llevando a un juicio sin las mínimas garantías jurídicas, porque nunca se pudo probar su participación en ningún hecho punible de los que se le atribuyen. Su detención pasa por cuestiones políticas más que jurídicas. Le están montando causas, en su afán de querer resolver el problema de la desaparición de Lichita, más la muerte de las dos niñas, producto de operativos hechos por el estado paraguayo”.
Comenta Laura Tafettani, de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina: “En la causa por incumplimiento de deberes familiares y violencia familiar”, la acusan de que ella expuso a las nenas al llevarlas a un campamento guerrillero. Esa es básicamente la denuncia, por más que está claro –y contemplado en el Convenio de Ginebra- que a los hijos e hijas de insurgentes, se les debe garantizar espacios de comunicación con sus padres y madres. Como esto no sucede, para preservar su derecho a la identidad, no tienen otro modo que llevar a los chicos a refugios creados para ese fin por el grupo insurgente. No los pueden llevar a Asunción a un McDonald’s. En la causa por terrorismo, acusan a Laura de ser enfermera del EPP. Es una causa que tiene muchos vicios, es muy grotesca, comenzando porque cuando la detuvieron, no había orden para hacerlo, trucharon las fechas en el expediente, y recién al día siguiente “encontraron una mochila con armas”. El proceso fue irregular desde el comienzo. Cuando se eleva a juicio, a la defensa de Laura no le aceptan prácticamente ninguna prueba, se aceptan las de la fiscalía”.
Gustavo Franquet, integrante también de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, explica la lógica de crueldad: “A partir del asesinato de María Carmen y de Lilian Mariana, el resto del grupo de niñas y Laura fueron perseguidas durante meses por el ejército, que sabía perfectamente –como reconocen los agentes de Inteligencia- que eran precisamente niñas. No tenían preparación ni posibilidades de sobrevivencia en esas condiciones. Cuando Laura fue capturada, como puede verse en las fotos, estaba desnutrida. Dos años y medio después, no hay ni el más mínimo indicio de que vaya a haber justicia con los asesinos de su hija y sus sobrinas, y a ella la están juzgando por dos acusaciones falsas y una de ellas es ésta, aberrante, en la que pretenden responsabilizarla por la muerte de su hija”.Paraguay, responsable de graves violaciones de derechos humanos por la muerte de dos niñas, según un comité de la ONU
22 de enero de 2025
Paraguay es responsable de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, según ha determinado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El Comité hizo público hoy su informe tras llevar a cabo una investigación confidencial sobre las muertes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado en septiembre de 2020. El Comité recibió una denuncia sobre los homicidios ilegítimos y alegaciones de que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente.
“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité, y añadió: «Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”
Según la información recibida por el Comité, las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, a principios de septiembre de 2020. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.
La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que las niñas eran efectivamente mucho más jóvenes, sólo tenían 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.
El Comité inició una investigación con arreglo al artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros del Comité. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios del Estado Parte, como el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.
“Las pruebas demuestran que el Estado Parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.
“El Estado Parte es especialmente responsable de la privación arbitraria de la vida de las jóvenes víctimas y de no haber llevado a cabo una investigación adecuada, lo que deja lagunas críticas en la comprensión de la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas,” declaró el Comité.
Sin embargo, el Comité señaló que no había pruebas suficientes para determinar si estas violaciones eran sistemáticas de los derechos contemplados en la Convención.
El Comité pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado parte que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.
Agravan las condiciones de detención de presas políticas en Paraguay
Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino, presas políticas en Paraguay, se encuentran en condiciones infrahumanas
Salvador Sánchez, el abogado de las compañeras, ha denunciado que Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Andino, presas políticas paraguayas, han sido trasladadas el 6 de mayo desde el penal de máxima seguridad Martín Mendoza hacia el Complejo de Mujeres de Emboscada, una cárcel de máxima seguridad. Ambos complejos están en el mismo lugar geográfico.
Según informa Salvador, las tres compañeras fueron trasladadas con la misma metodología que hace un año y ocho meses, cuando las llevaron al penal de Minga Guazú y luego al de Martín Mendoza: en celdas aisladas y habiendo sido despojadas de las pertenencias, alimentos, artículos de higiene y medicamentos que les habían ido acercando durante este tiempo. A través de su abogado, Carmen denuncia que están en peores condiciones de salud, ya que el centro penitenciario está en construcción y se volatilizan sustancias químicas que le han provocado graves problemas médicos, debido a su enfermedad alérgica de base. Carmen tuvo que pelear por su inhalador y recién cuando fue trasladada al sector de sanidad por una dificultad respiratoria aguda le permitieron tenerlo, pero en la siguiente requisa se lo quitaron.
Las condiciones empeoran cada vez
Desde septiembre de 2024, fueron trasladadas al Penal de Minga Guazú, un penal de máxima seguridad (según el gobierno paraguayo, destinado a recluir narcotraficantes), donde fueron las primeras mujeres presas allí. Carmen y Francisca fueron trasladadas desde el Buen Pastor y Laura desde la penitenciaría de San Juan Bautista, ambos penales comunes.
Desde ese momento las mantuvieron aisladas en celdas individuales, con escaso acceso al agua potable y escasa comida, salvo la que se les hace llegar desde fuera. No pueden tener contacto con otras internas ni entre ellas y son sacadas solo una hora diaria al exterior, encapuchadas con unas bolsas que se rotan entre todos los internos y que muchas veces les provocaron enfermedades. La falta de actividad física les produce deterioro y no tienen luz para leer. Es decir, desde hace 20 meses están sometidas a un régimen de tortura y aislamiento.
Solo se les permite una visita una vez al mes, con muchos requisitos previos hacia el o la visitante que las dificultan. Deben recibir la visita aisladamente, no de conjunto.
Hace dos semanas, sin aviso a sus defensores, fueron trasladadas a este otro penal, cercano al que estaban, donde se encuentran en condiciones absolutamente peores. Desde hace dos años se vienen deteriorando y agravando sus condiciones de detención en un marco de tortura, ahora sin acceso a los medicamentos que reciben y habiendo perdido todos los elementos de confort que tenían. Cada vez que las trasladan de un penal a otro, las pocas cosas que tienen para mejorar su calidad de vida no las pueden llevar; por lo tanto, hay que proveerlas de nuevo. Durante todo ese tiempo, hasta que las organizaciones solidarias o los abogados pueden acercarles los elementos imprescindibles para la alimentación, higiene y salubridad, están en condiciones infrahumanas.
A su vez, la Fiscalía de Paraguay pretende garantizar la impunidad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), sosteniendo la falsa versión de la “legítima defensa” en el operativo donde fueron asesinadas las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, hijas y sobrinas de Carmen y Laura, en septiembre de 2020.
El régimen colorado, el sueño de Milei
El gobierno de Santiago Peña, del Partido Colorado —el partido del dictador Alfredo Stroessner, que gobierna la República de Paraguay desde 1954, solo interrumpido entre 2008 y 2012—, es un gobierno oligárquico, de la derecha conservadora y profundamente antidemocrático, alineado con Trump y admirado por Javier Milei, quien considera a Paraguay como un modelo de país. Es lo que quiere La Libertad Avanza (LLA) para Argentina: trabajadores con escasos derechos y empresarios y terratenientes cada vez más poderosos.
Santiago Peña y su régimen gobiernan para la clase capitalista paraguaya, subordinada completamente a los planes imperialistas mediante «acuerdos de cooperación», «asesorías» y presencia militar norteamericana, lo que incluye la base militar de General Estigarribia en el Chaco.
Este régimen del gobierno colorado mantiene a más de 50 presos políticos, la mayoría campesinos, detenidos cuando luchaban por su derecho a la tierra; algunos desde hace muchos años y en las mismas condiciones de aislamiento y tortura que las compañeras.
Es muy importante la campaña de solidaridad internacional por condiciones humanas de detención, por la libertad de Carmen (que ya cumplió su condena), Laura y Francisca y la aparición con vida de Lichita.
Resumen Latinoamericano-Argentina.
