De esta manera, intenta silenciar el acto de castigo colectivo que se está cometiendo contra el pueblo cubano y hacer que el resto de la comunidad internacional se convierta en cómplice de esta barbarie.

El Gobierno cubano ha rechazado las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, denunciando las presiones ejercidas por Washington y defendiendo la soberanía de la isla. En el centro de la confrontación sigue estando el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que La Habana considera una forma de castigo colectivo contra la población. El ministro Bruno Rodríguez Parrilla también ha acusado a la Administración estadounidense de intentar condicionar, mediante auténticos chantajes, el voto de otros países en la ONU contra las sanciones.

Mientras Washington mantiene la presión sobre el Gobierno cubano, La Habana renueva su llamamiento a la comunidad internacional para que apoye el fin del bloqueo. «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí»: con este mensaje, el Gobierno cubano reafirma su posición y reclama que se superen las restricciones estadounidenses.

La denuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recogida y difundida por el presidente Miguel Díaz-Canel, pone de manifiesto una cuestión gravísima que afecta no solo a Cuba, sino también a la libertad y la autonomía de toda la comunidad internacional: las presiones ejercidas sobre los gobiernos de numerosos países, especialmente aquellos más frágiles y económicamente dependientes, para condicionar su voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución contra el bloqueo estadounidense.

Como Capítulo italiano de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), junto con el CESTES, FarodiRoma y las organizaciones comprometidas con el internacionalismo solidario, expresamos nuestra firme condena de estas prácticas intimidatorias y respaldamos plenamente la denuncia de las autoridades cubanas. Nos encontramos ante un intento de transformar una votación internacional en un instrumento de disciplinamiento político, obligando a los países más vulnerables a renunciar a su autonomía diplomática por miedo a represalias, penalizaciones económicas o consecuencias en sus relaciones con las grandes potencias.

El voto en las Naciones Unidas no puede comprarse, intimidarse ni quedar secuestrado por las presiones de una potencia.

La denuncia de Rodríguez Parrilla, compartida por el presidente Díaz-Canel, llama la atención sobre un método que, de confirmarse en toda su dimensión, representaría una gravísima violación de los principios de igualdad soberana y autodeterminación consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. No es aceptable que un país utilice su peso económico, financiero y diplomático para orientar las decisiones de otros Estados, especialmente cuando se trata de una cuestión que lleva décadas sometida al juicio de la comunidad internacional.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba no es una simple controversia bilateral. Es una política de coerción económica que golpea a la población, limita el acceso a recursos, tecnologías, medicamentos e instrumentos financieros, obstaculiza el desarrollo y agrava unas condiciones de dificultad que recaen, sobre todo, en los sectores más vulnerables. Se trata de una política que no puede justificarse invocando la libertad, la democracia o los derechos humanos, porque privar a un pueblo entero de recursos esenciales y someterlo a presiones económicas no son instrumentos de emancipación.

Desde hace más de treinta años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncia por amplias mayorías contra el bloqueo. Esta continuidad constituye una clara expresión de la voluntad de la comunidad internacional, que reconoce la incompatibilidad de una medida coercitiva unilateral con los principios de cooperación entre los Estados. Sin embargo, en lugar de escuchar esta indicación, Washington continúa persiguiendo una estrategia de aislamiento, al tiempo que intenta condicionar las decisiones diplomáticas de otros gobiernos.

Este es precisamente el punto político que queremos denunciar: no solo el bloqueo contra Cuba, sino también el intento de bloquear la libertad de criterio de los demás países.

Resulta especialmente grave recurrir a presiones contra Estados económicamente débiles, pequeños países insulares, naciones del Sur Global y gobiernos que dependen de relaciones comerciales, financieras o de cooperación con Estados Unidos. En estas condiciones, un voto contrario a la resolución o una abstención podrían no representar una decisión política libre, sino el resultado de un condicionamiento externo.

La soberanía no puede considerarse un privilegio reservado a las grandes potencias. Debe ser un derecho efectivo también para los países más pobres, para aquellos que no disponen de grandes mercados, fuerzas militares ni instrumentos financieros capaces de protegerlos de las represalias. Si un Estado solo puede expresar libremente su posición cuando no corre el riesgo de sufrir consecuencias económicas, entonces la igualdad soberana sigue siendo una declaración formal, carente de contenido real.

Por eso respaldamos la denuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y del presidente Díaz-Canel, y pedimos que las Naciones Unidas no ignoren las denuncias de presiones e intimidaciones. La comunidad internacional debe poder verificar los hechos denunciados y garantizar que cada delegación ejerza su derecho al voto sin condicionamientos, amenazas ni injerencias.

No se trata de exigir un apoyo automático a Cuba ni de negar a los gobiernos el derecho a expresar posiciones diferentes. Se trata de defender una regla fundamental: cada país debe poder decidir de manera autónoma, basándose en sus propias convicciones y en su propia interpretación del derecho internacional, sin verse obligado a elegir bajo chantaje.

La libertad de voto es parte integrante de la democracia internacional. Cuando se ve sometida a presiones, no solo resultan afectados Cuba y quienes la apoyan, sino también el propio principio que debería regir las relaciones entre los Estados.

El bloqueo es una cuestión de justicia internacional, no de obediencia a Washington

La cuestión del bloqueo debe abordarse sin hipocresías. Cuba tiene derecho a su autodeterminación, del mismo modo que todos los pueblos tienen derecho a elegir su propio sistema político, económico y social sin verse sometidos a un castigo colectivo impuesto desde el exterior.

La historia de la isla demuestra hasta qué punto está profundamente vinculado el vínculo entre la defensa de la soberanía nacional y la resistencia a las presiones imperiales. No es necesario compartir todas las decisiones del Gobierno cubano para reconocer que ninguna potencia extranjera puede arrogarse el derecho a decidir el destino de otro pueblo mediante sanciones, aislamiento y coerción.

La cuestión también afecta a Europa y a Italia. No podemos proclamar el respeto del derecho internacional cuando nos conviene y aceptar el silencio cuando una gran potencia pretende imponer obediencia a los países más débiles. La coherencia política y moral exige oponerse a cualquier forma de intimidación diplomática, independientemente de quién la ejerza y de quién la sufra.

Por ello, pedimos al Gobierno italiano que adopte una posición clara y autónoma. Nuestro país no puede limitarse a seguir las directrices de Washington ni refugiarse en una abstención que, en un contexto de presiones, corre el riesgo de convertirse en una forma de aquiescencia. Italia debe defender el derecho de los pueblos a decidir libremente y apoyar, sin ambigüedades, el principio de la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales.

La propia Europa, si quiere ser un actor político creíble, debe rechazar cualquier intento de transformar la cooperación internacional en una jerarquía de obediencias. No se puede construir un orden multipolar basado en el derecho si se acepta que la voluntad de una sola potencia prevalezca sistemáticamente sobre las decisiones de los demás Estados.

Cuba no está sola

Como Capítulo italiano de la Red en Defensa de la Humanidad, junto con el CESTES y FarodiRoma, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo cubano y con todas las comunidades que luchan por su propia emancipación.

Nuestra solidaridad no nace de una simple afinidad diplomática, sino de una elección internacionalista: defender el derecho de los pueblos a vivir sin asedios económicos, sin chantajes y sin imposiciones externas. Es una solidaridad que mira al Sur Global, a las naciones que intentan construir relaciones de cooperación y a quienes reivindican un orden internacional menos desigual, más democrático y basado en la paz.

De cara a la próxima votación en las Naciones Unidas, pedimos a los gobiernos que no cedan ante las intimidaciones y que ejerzan su voto con plena autonomía. Pedimos a las organizaciones internacionales que protejan a las delegaciones más expuestas a las presiones. Pedimos a la opinión pública, a los movimientos sociales, a las fuerzas democráticas y al mundo de la cultura que hagan oír su voz contra el bloqueo y contra cualquier forma de coerción diplomática.

La solidaridad con Cuba es hoy también una batalla por la libertad de todos los países para expresarse sin miedo. Si el voto de una nación puede condicionarse mediante la amenaza de una potencia, entonces ningún país es verdaderamente libre.

Nuestro apoyo al pueblo cubano es, por tanto, inequívoco. Defendemos el derecho de Cuba a vivir, desarrollarse y elegir su propio futuro. Condenamos cualquier presión que pretenda transformar la diplomacia en una relación de subordinación. Y pedimos que la próxima votación en la ONU sea un momento de auténtica expresión de la voluntad de los pueblos, no una demostración de fuerza impuesta por Washington.

Cuba no está sola. La soberanía de los pueblos no se negocia, la libertad de voto no se intimida y el derecho internacional no puede doblegarse ante el chantaje.

Tomado de Faro Di Roma