Honduras 2025: Rixi Moncada y la batalla por profundizar las transformaciones
Por Ricardo Pose
El primer ciclo de Gobierno de Xiomara Castro logró avances históricos. Sin embargo, gobernar sin controlar el poder económico mostró sus límites brutales. Cada conquista fue saboteada desde las entrañas del establishment.
«Quieren detenerme. Quieren detenerme los grupos de poder, la oligarquía, la cúpula del Partido Nacional y el Partido Liberal, los banqueros de Honduras, el poder económico de Honduras», exclamaba la candidata Rixi Moncada durante un acto de campaña electoral.
La candidata del Partido Libre enfatizaba su compromiso: «No los represento a ellos, porque represento a este pueblo. Me debo a este pueblo, estoy comprometida con la juventud, con las mujeres, con los hombres, con las familias, para salir adelante con la refundación de la Patria«. Moncada respondía así a la virulencia de los sectores de derecha que vienen realizando una constante ofensiva, no solo durante la campaña electoral, sino a lo largo de toda la gestión de gobierno de Xiomara Castro.
Ciclo de transformaciones
La propuesta de Moncada se centra en definir una etapa de Refundación Nacional y desarrollar una segunda fase de transformaciones, cuya primera etapa fue iniciada por la actual presidenta Xiomara Castro.
La gestión de Castro debe analizarse desde la perspectiva de una fuerza progresista que —como en muchos procesos políticos latinoamericanos— accedió al gobierno pero no al poder en Honduras. A las fuerzas conservadoras se suma la injerencia del imperio del norte, generando dificultades considerables de gestión.
El gobierno de Xiomara Castro inició el 27 de enero de 2022 tras la victoria del Partido Libertad y Refundación en coalición con el PSH y el PINU-SD en las elecciones generales de Honduras de 2021. Su mandato se extenderá hasta el 27 de enero de 2026.
Dando una potente señal de lo que iba a ser su gestión, Castro anunció que su toma de mando no utilizaría recursos económicos del Estado hondureño. La Comisión de Traspaso de Mando Presidencial inició entonces una recaudación a nivel nacional para conseguir los fondos necesarios para la ceremonia, lográndolo exitosamente.
Primeros 100 días
Las primeras medidas del gobierno de Xiomara Castro —definido como la primera etapa o ciclo de transformaciones— debieron sortear los obstáculos impulsados por el poder económico en Honduras, que sigue asediando a pocos días de las elecciones del 30 de noviembre de 2025.
El gobierno de Castro comenzó en medio de una crisis política que mantenía dividido al Congreso Nacional en dos facciones con juntas directivas diferentes. Finalmente se acordó, mediante negociación política, que una de estas juntas dirigiese el Congreso Nacional.
En los primeros cien días de gobierno se implementaron medidas orientadas a cumplir algunas de las promesas que Castro enunció en su discurso de toma de posesión.
Sin embargo, varias iniciativas no tuvieron un avance claro debido a la crisis económica heredada, la pandemia y las consecuencias del golpe de Estado de 2009. Entre ellas: la reducción de los intereses bancarios para incentivar la producción, el fomento de la agroforestación, la industria y el turismo, y la definición de una política fiscal y monetaria o de una política exterior solidaria.
También fue saboteada la creación de un «gobierno digital», las investigaciones sobre el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres y la atención para adultos mayores, niñez y juventud, pueblos originarios y afrodescendientes, y personas LGBTIQ+.
Agenda de emergencia y reformas estructurales
Frente a la crisis heredada, el gobierno implementó medidas urgentes. Una iniciativa de ley del Ejecutivo creó un subsidio eléctrico que provee energía gratuita a residencias con un solo contador que consumen menos de 150 kilovatios-hora mensuales. El beneficio alcanza a aproximadamente 1.3 millones de clientes, generando un costo mensual de 540.9 millones de lempiras absorbido en un 40% por clientes no residenciales y en un 60% por el Estado.
El gobierno también implementó una rebaja de 10 lempiras al galón de combustibles durante 2022 (1 lempira equivale hoy a 0,038 dólares). Sin embargo, la guerra de Ucrania, iniciada 22 días después de la toma de posesión, elevó el precio de los combustibles a cifras históricas, limitando el impacto de la medida.
El 24 de febrero, la secretaria de Finanzas Rixi Moncada presentó en Casa Presidencial un informe sobre la situación financiera del país, afirmando que el gobierno de Castro heredó un Estado en bancarrota con «cifras manipuladas bajo preceptos de corrupción, con la institucionalidad desplomada y hundida». El nuevo presupuesto fue aumentado en 52 mil millones de lempiras, beneficiando a 55 entes gubernamentales, entre ellos las secretarías de Educación y Salud, la Administración Central, la Secretaría de Energía, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y el Instituto de Previsión del Magisterio.
Desmantelamiento del andamiaje jurídico anterior
El 1 de marzo de 2022, el Congreso Nacional derogó de forma unánime la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, conocida como Ley de Secretos, aprobada en 2013. Esta norma habilitaba al presidente de la República y directores de organismos públicos a clasificar información oficial como «reservada» o «confidencial». Bajo su amparo se ocultó la gestión de recursos de al menos 17 instituciones estatales, incluyendo Casa Presidencial, convirtiéndose en un mecanismo de corrupción que impedía la investigación y la transparencia.
En la misma línea, el Congreso derogó la Ley de Empleo por Hora, considerada por amplios sectores como violatoria de los derechos de los trabajadores. La medida fue aplaudida por centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, la Colectiva de Mujeres Hondureñas y la Central General de Trabajadores.
Al momento de la derogación, aproximadamente 40 mil personas trabajaban bajo esta modalidad según estimaciones del COHEP y la CCIC. El Congreso otorgó un vacatio legis de 60 días y prohibió a las empresas despedir a quienes aún laboraban bajo ese régimen, aunque según el diputado Yibrín, muchas empresas ya habían comenzado los despidos.
El 20 de abril, el Congreso Nacional aprobó unánimemente la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), enclaves dotados de alto nivel de autonomía con sistema político propio a nivel judicial, económico y administrativo, supuestamente basados en el capitalismo de libre mercado. La eliminación de las ZEDE representó un golpe contundente al modelo neoliberal implantado en décadas anteriores.
Justicia y restitución de derechos
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad fallar a favor de dos recursos de amparo en el caso Defensores del Río Guapinol y San Pedro, mediante el cual ocho defensores del medio ambiente fueron encarcelados arbitrariamente. La decisión representó un avance en materia de derechos humanos y justicia ambiental.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante la resolución No. 321-2022, restituyó la nacionalidad hondureña al padre Andrés Tamayo, expulsado de Honduras después del golpe de Estado de 2009 bajo acusaciones de sedición.
Marco jurídico contra la impunidad
El 4 de febrero se promulgó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos No se Repitan, conocida popularmente como Ley de condena al Golpe de Estado de 2009. Esta norma representa un hito en la memoria histórica del país y en la construcción de garantías de no repetición.
El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, anunció que se había remitido oficialmente una carta a la Secretaría General de la ONU, mediante la cual la presidenta Xiomara Castro solicitaba apoyo para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), instrumento fundamental para el combate a la corrupción estructural.
Giro hacia la protección ambiental
El 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró al país «libre de minería a cielo abierto» a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, anunciando la revisión, suspensión y cancelación de licencias, permisos y concesiones. El 21 del mismo mes, la secretaría declaró emergencia ambiental en Honduras e implementó un plan de rescate de las áreas naturales.
En enero de 2023, Xiomara Castro inauguró el Programa Ambiental Andrés Tamayo 2023, enfocado en la prevención de incendios forestales y reforestación en 150 de los 298 municipios del país.
El 22 de mayo de 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDF), presidido por Castro, emitió una resolución declarando el «estado de emergencia ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua», anunciando una inversión de 242.9 millones de dólares entre 2024 y 2026 para proteger la selva.
Se anunció la anulación de autorizaciones extendidas por el Instituto Nacional Agrario en áreas forestales y se ordenó el desalojo de actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos y construcción de proyectos de urbanización en el núcleo de las áreas protegidas. Sin embargo, hasta abril de 2024, la minería a cielo abierto no se ha detenido completamente en el país, evidenciando la resistencia del poder económico a estas medidas.
Política económica
El gobierno enfrentó un alza dramática en el precio de los combustibles provocada por la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, apenas 22 días después de la toma de posesión. Esto ocurrió a pesar de que el gobierno había aprobado ese mismo mes una rebaja de 10 lempiras al galón de combustibles.
Ante el alto precio que alcanzó la canasta básica durante 2022, el gobierno congeló mediante decreto Ejecutivo PCM 04-2022 los precios de 40 productos básicos del 2 de diciembre de ese año al 1 de enero de 2023.
La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán tuvo impacto económico inmediato. En los primeros siete meses de 2024, la industria camaronera perdió 43 millones de dólares y 6 mil empleos, según la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah). Dicha ruptura supuso un arancel del 20% para la entrada de camarón hondureño a Taiwán. No obstante, Honduras pasó a exportar camarón libre de arancel a la República Popular China desde julio de 2024, país que, si bien compra el producto a 3 dólares menos por kilo que Taiwán, abre un mercado de mayor envergadura estratégica.
Política social y desarrollo rural
En febrero de 2022, el gobierno detuvo el desalojo de familias indígenas integrantes del grupo étnico lenca, que habita Mesoamérica desde épocas precolombinas. Según la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah), en el país viven aproximadamente 600 mil lencas que se disputaban con un empresario la propiedad de un gran terreno al sur de la capital.
Desde la Secretaría de Ganadería y Agricultura se impulsaron distintos planes que beneficiaron a 225,763 pequeños productores familiares durante 2024. Se entregaron 97,200 bonos cafeteros y 20 mil bonos ganaderos, realizando una inversión de mil millones de lempiras en apoyo al sector agrícola campesino.
Durante la administración de Castro, mediante la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), se han construido o restaurado 75 canchas deportivas a nivel nacional, además de otras obras de caminería, rutas y plantas potabilizadoras de agua, infraestructura básica para el desarrollo comunitario.
Política de seguridad
El 25 de noviembre de 2022 se declaró el estado de emergencia para hacer frente a la criminalidad. El 3 de diciembre de 2022, el gobierno anunció que se suspenderían algunos derechos constitucionales en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para tomar medidas enérgicas contra las bandas criminales, en particular la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Calle 18.
Esta decisión generó controversia en sectores defensores de derechos humanos, que advirtieron sobre los riesgos de normalizar estados de excepción, aunque el gobierno argumentó la urgencia ante el recrudecimiento de la violencia urbana heredada de administraciones anteriores.
Balance y desafíos pendientes
El primer ciclo de transformaciones del gobierno de Xiomara Castro refleja avances significativos en transparencia, justicia social y soberanía nacional, pero también evidencia las limitaciones de gobernar sin detentar el poder real. La Refundación Nacional propuesta por Rixi Moncada busca profundizar estas transformaciones y consolidar conquistas aún frágiles frente a la arremetida conservadora.
El 30 de noviembre de 2025, Honduras definirá si continúa el camino de las transformaciones o retrocede al modelo que hundió al país en la crisis, la corrupción y la dependencia. La respuesta popular será determinante.
Fuente: teleSUR
Foto Comando Campaña PL
