Argentina: Se incendia el país y la culpa es de otros
A dos semanas del inicio de los incendios en las localidades de El Hoyo y Epuyén, la respuesta política frente al fuego oscila entre un mayor punitivismo, el aumento de penas y la criminalización selectiva, aun cuando existen marcos legales vigentes que el Estado elige no aplicar. La estrategia apunta a invisibilizar las consecuencias del brutal ajuste sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la vereda de enfrente, las declaraciones de emergencia impulsadas por la oposición requieren tiempo para su aprobación y operan apenas como un paliativo frente a un desastre ambiental ya consumado, aunque claramente prevenible. En lugar de fortalecer las políticas de prevención, la agenda del Gobierno pretende avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego —abriendo la puerta a un retroceso normativo que convierte al incendio en una herramienta de especulación inmobiliaria y productiva— e impulsar cambios en la Ley de Glaciares que consolidan el corrimiento del Estado en favor de intereses concentrados. El presidente y sus funcionarios siguen los acontecimientos desde Buenos Aires.
Sin pisar el territorio, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se mostró en las redes sociales “supervisando” la situación de los incendios desde el Centro de Monitoreo de la Agencia Federal de Emergencias. “Desde acá se sigue el despliegue de brigadistas, de los bomberos y de todos los recursos que a nivel nacional están desplegados en la provincia de Chubut”, explicó en un posteo en el que refuerza la narrativa punitivista y busca ocultar la responsabilidad del Estado frente a la subejecución presupuestaria y la ausencia de políticas públicas sostenidas de prevención. Desde que el Gobierno asumió, el desfinanciamiento fue sistemático: en 2024, la ejecución del Servicio Nacional de Manejo del Fuego resultó, en términos reales, un 81% menor que la de 2023; en 2025, el recorte alcanzó el 70,8% respecto de ese mismo año. Las proyecciones indican que el Presupuesto 2026 consolidará esa tendencia y, aun si se ejecuta en su totalidad, implicará un recorte real del 70,7% en comparación con 2023.
El video difundido por Monteoliva expone además un retroceso frente a las acusaciones que el propio Ministerio había realizado sobre la supuesta responsabilidad mapuche en los incendios forestales, luego de que el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, revelara que la investigación judicial no encontró indicios que vinculen el fuego con grupos organizados. “Quiero dejar un mensaje bien claro: vamos a ir a fondo. Si este fuego lo ocasionó alguna organización o algún individuo, lo vamos a identificar, lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar, porque en la Argentina el que las hace las paga”, afirmó la sucesora de Patricia Bullrich en la cuenta de X del Ministerio, que absorbió la Dirección Nacional de Manejo del Fuego. Días atrás, la cartera que dirige Monteoliva había publicado un documento en el que aseguraba que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.
La mirada punitivista del Ministerio es compartida por la primera plana libertaria. Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel, que aprovechó su viaje a Chubut para desmarcarse de la desconexión del presidente con los incendios, propuso en sus redes “la actualización del Código Penal para agravar las penas con cárcel efectiva para quienes inician el fuego”, además de “una coordinación más eficiente y asertiva entre el Estado nacional y las provincias en el combate contra el fuego”. A diferencia del presidente Javier Milei, que se mostró en la zona de los incendios a través de imágenes generadas con inteligencia artificial, Villarruel se trasladó a Epuyén. Sin embargo, ese matiz no borra la coincidencia ideológica entre el Presidente y su Vice a la hora de pensar las respuestas políticas frente a la crisis climática.
Incluso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió sumar el delito de ecocidio al Código Penal y endurecer las penas por incendios intencionales. En concreto, se trata de un proyecto de ley presentado en la Cámara Alta por la senadora chubutense Edith Terenzi, que apunta a que las sanciones reflejen el daño ambiental causado. “Es importante dimensionar el daño real que se hace y la figura de ecocidio tiene que existir, sea por un problema de vecinos, un pirómano o un delirante con delirio revolucionario anarquista, lo que sea”, dijo Torres en declaraciones radiales.
Por la mañana, el Gobierno filtró que girará Aportes del Tesoro Nacional a Chubut para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales. El dinero llegará luego de los cuestionamientos públicos de Torres, quien advirtió que “subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”. Esta vez, el Ejecutivo —que suele utilizar los ATN como herramienta de negociación política— deberá destinarlos a paliar la emergencia en Chubut. En diciembre, en el marco de la discusión del Presupuesto 2026, la Casa Rosada incrementó un 50% el reparto de esos fondos y beneficiado a seis gobernadores aliados con $66.500 millones.
La emergencia no apaga el fuego
En la vereda de enfrente, el diputado Esteban Paulón, del interbloque Unidos, presentó un proyecto para otorgar un bono a los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia, junto con la declaración de la emergencia en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Quienes le ponen el cuerpo a las llamas atraviesan jornadas que se extienden desde las siete de la mañana hasta la noche y cobran salarios de alrededor de 860 mil pesos. La iniciativa se suma a la presentada por diputados de Unión por la Patria, que propone declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región. En la Cámara alta, el senador Martín Soria también impulsa un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en esas cuatro provincias.
En este escenario, las declaraciones de emergencia aparecen como un paliativo urgente pero insuficiente y tienen un problema crucial: no podrán ser tratadas hasta que comience formalmente el año parlamentario, en marzo. Durante febrero, la agenda del Congreso quedará restringida al temario que impulsa el Poder Ejecutivo y que incluye la reforma laboral, las modificaciones al Código Penal y el intento de avanzar sobre la Ley de Glaciares. El debate legislativo queda atrapado en los tiempos y prioridades del oficialismo.
Para el abogado ambientalista Enrique Viale, el problema es estructural y excede la coyuntura de los incendios. “En la Argentina falta mucho para entender que la problemática socioambiental es un eje central, no solo para alcanzar justicia ecológica, sino también para construir justicia social y una sociedad más igualitaria”, sostuvo en diálogo con Página/12. En esa línea, advirtió que el Gobierno “no está a la altura de las circunstancias por su negacionismo frente al cambio climático y por una política activa de desfinanciamiento”, aunque aclaró que la responsabilidad no se agota en el oficialismo. “La oposición tampoco tiene la problemática socioambiental como un eje central. En pocos días se va a votar una regresión de la Ley de Glaciares y no veo a la clase política escandalizada”, cuestionó.
Viale trazó además una relación directa entre los incendios en la Patagonia y la ofensiva normativa del Gobierno. “La vinculación entre estos fuegos y el intento de modificar la Ley de Glaciares es absoluta, es lineal: es una misma lógica de retiro del Estado y de apropiación de los territorios por intereses concentrados”, afirmó. “Grandes corporaciones mineras en el caso de la Ley de Glaciares, grandes terratenientes en el caso de la Patagonia. Un Estado que se retira de su función de proteger donde nacen los ríos, los glaciares y los bosques. Y las consecuencias de ese abandono también son totales”.
Tomado de Página 12 / Foto: MARTIN LEVICOY/AFP
