Elecciones en Colombia: injerencia y campaña sucia
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El domingo 31 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia. El país sudamericano se debate entre dos opciones: profundizar el giro iniciado por el gobierno de Gustavo Petro (2022 – 2026) o permitir el retorno de la extremaderecha.
Según marcan las encuestas, tres candidatos acumulan la mayor intención de voto: Iván Cepeda, del Pacto Histórico (PH) que es el actual partido de gobierno, Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria (DP), y Paloma Valencia, del Centro Democrático (CD).
La mayoría de los estudios de opinión señalan que el candidato oficialista Iván Cepeda es el favorito para llegar a la Casa de Nariño (el Palacio de Gobierno colombiano) para el período 2026-2030. Algunos analistas llegaron a asegurar que Cepeda podría ganar en primera vuelta.
Si bien, el candidato de la extremaderecha, Abelardo de la Espriella, pareciera consolidarse en el segundo lugar, el crecimiento exponencial que tuvo en el último tiempo la uribista Paloma Valencia, pone en duda quién puede ocupar ese puesto.
La Constitución colombiana dicta que, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, deberá realizarse una segunda vuelta entre los dos que hayan obtenido el más apoyo.
En seis de las últimas ocho elecciones presidenciales fue necesario recurrir a un balotaje. En esta ocasión, de repetirse esa situación, la segunda vuelta se realizará el 21 de junio.
Los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil señalan que más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar (41.421.973, para ser exactos). Según se informó, 1.414.661 de ellos se encuentran en el extranjero.
En Colombia el voto no es obligatorio y el promedio de participación ronda el 46% (la segunda vuelta electoral de 2022 marcó un récord histórico con más del 58% de participación). En ese marco, el voto en el exterior toma una relevancia significativa.
Un alfil del imperio
Durante 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevó adelante actos de injerencia pública en dos procesos electorales de América Latina: en las elecciones legislativas de Argentina y en las elecciones presidenciales de Honduras. Su injerencia logró favorecer a sus aliados políticos: Javier Milei y Nasry Asfura.
Estos antecedentes, que además se dan en el marco de la actual Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hicieron sonar las alarmas para los procesos electorales que se llevarán adelante en Colombia, a fines de mayo, y en Brasil, a principios de octubre.
Como pieza clave de la injerencia en el proceso electoral colombiano, Estados Unidos utilizó a uno de sus alfiles en la región, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
En enero de este año, el mandatario ecuatoriano impuso, de manera sorpresiva, una tasa de 30% a los productos provenientes de Colombia. En marzo, tras la aparición de 27 cuerpos calcinados en la zona fronteriza, el presidente Petro acusó al Ejército de Ecuador de haber bombardeado territorio colombiano. El ataque ocurrió en el mismo lapso de tiempo en el que se realizaban acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y el Comando Sur de los Estados Unidos con el supuesto fin de combatir a grupos “narcoterroristas”.
En abril Noboa acusó al presidente colombiano de tener vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Petro aseguró que le haría un juicio por calumnias e injurias.
También en abril, Noboa publicó en su cuenta de X: “Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”.
En mayo, el presidente de Ecuador volvió a anunciar un aumento de los aranceles a los productos colombianos elevándolos hasta en 100 % (poco después anunció una rebaja y quedaron en un 75%).
El mandatario ecuatoriano se reunió con la candidata del Partido de Centro Democrático, Paloma Valencia, y aseguró que, tras un supuesto cambio de gobierno en Colombia, trazarían una hoja de ruta conjunta para temas de seguridad y combate al narcotráfico y que Ecuador reduciría los aranceles a cero.
Injerencia y campaña sucia
En ese marco, a mediados de abril se denunció la puesta en marcha del “Proyecto Júpiter”, un programa encabezado por Jaime Bermúdez Merizalde, excanciller del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Según Bermúdez Merizalde, el Proyecto busca fortalecer los valores democráticos y reivindicar el rol de la empresa privada con talleres y campañas digitales. Sin embargo, según denuncias periodísticas, los trabajadores de las empresas privadas son obligados a asistir a talleres de adoctrinamiento donde, mediante información falsa, se construye una narrativa contra el candidato Iván Cepeda. A lo que se suma una campaña en redes sociales que busca desprestigiar al Pacto Histórico.
Según publicó el multimedio Telesur, el Proyecto Júpiter cuenta con 1,7 millones de dólares de financiamiento.
También a fines de abril, el medio Canal Red difundió un grupo de audios que daban cuenta de un entramado geopolítico conocido como “Hondurasgate”. Según las filtraciones, el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (que había sido condenado en Nueva York a 45 años de prisión por tráfico de drogas) es parte de una trama que involucra a los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Argentina para convertir a Honduras en un centro de operaciones comunicacionales para desprestigiar a los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y de Gustavo Petro en Colombia.
Según se afirma en los audios, se habría creado una “unidad de periodismo digital” para realizar operaciones de desinformación y noticias falsas que perjudiquen a los gobiernos de Colombia y México.
“Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel”, publicó en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro.
En el marco de la campaña sucia desatada contra el candidato del Pacto Histórico, a mediados de mayo se difundieron audios en donde un supuesto miembro de una de las disidencias de las FARC planteaba la necesidad de presionar a los votantes para obligarlos a votar por Cepeda. Los audios fueron rápidamente desmentidos. El peritaje realizado por la Policía Nacional y la investigación de la Fiscalía demostraron que se trataba de un montaje.
En relación a esos hechos, el presidente Gustavo Petro publicó en la red social X una pregunta retórica: “¿Es una operación del ‘Hondurasgate’ que financió Netanyahu y el narcotráfico para destruir los progresismos de México y Colombia?”.
Desde el Pacto Histórico también se denunció que “se identificaron situaciones que generan preocupación sobre el alcance real, la independencia y la profundidad del proceso de revisión” del software electoral que se encarga de la trasmisión de los datos.
“Sin auditoría real del software electoral no hay confianza plena en el proceso”, remarca el comunicado del Movimiento político.
Injerencia directa de Washington, campaña sucia, presión de los empresarios sobre los trabajadores y falta de garantías sobre la transmisión de los datos electorales serán algunos de los obstáculos que el pueblo colombiano deberá sortear para defender, consolidar y profundizar una democracia que se ve cada vez más amenazada.
Héctor Bernardo*- Periodista, escritor y profesor de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP.
Tomado de Noticias PIA / Foto de portada: Imagen creada con Dola IA
