Uruguay: El gobierno de los escándalos de Lacalle
Las condiciones de vida, cada vez más socavadas, generan un aumento de la conflictividad. El poder Ejecutivo incorporará a la policía camiones blindados y lanzaaguas para reprimir manifestaciones. ¿El pueblo uruguayo estará dispuesto a pelear por lo suyo?
A esta altura del gobierno derechista liderado por Luis Lacalle, el adjetivo que mejor lo describe es “escandaloso”. Por donde se lo mire y cada vez en mayor cantidad y magnitud se destapan situaciones que revisten gravedad.
Mucho se debate, sobre todo en la oposición, si este es un gobierno con rumbo o sin rumbo.
Lo que está claro es que la oligarquía rural, la especuladora y las castas militares que ostentan el poder en Uruguay, que están representadas en el actual gobierno: no improvisan. Su plan de ajuste no inició el 1ro de marzo de 2020, pero sí que ahora tienen más herramientas y aliados para llevar adelante su traslado de recursos de abajo hacia arriba y tiene que ser sí o sí en el período 2020 -2025, luego si se da la reelección (cuestión que el Partido Nacional nunca logró en sus casi 200 años de historia), mejor para sus intereses.
Además del Caso Astesiano, el del ex jefe de seguridad de Lacalle, que es un escándalo en sí con muchas aristas; del caso del narcotraficante Sebastián Marset; de la entrega del puerto de Montevideo por 60 años a una multinacional belga, del aumento de homicidios, de las ollas populares solidarias que siguen alimentando a miles a pesar que la pandemia de covid-19 haya finalizado.
A pesar de la reforma mercantil en la educación, de los casos de corrupción en la policía, los aprietes a la justicia y al periodismo: los escándalos de esta administración se suceden unos tras otros.
La pobreza tiene rostro de niño
Los últimos datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística señala que aumentó la pobreza en menores de 6 años de 18,6 por ciento a 19,7 por ciento, que la pobreza total se ubica en 9,9 por ciento, 1,1 por ciento más que en el año 2019 y que todas las franjas están por encima del año 2019. A pesar de que los resultados no son para nada gratificantes, el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, declaró que son resultados “moderadamente alentadores”.
Aunque consultoras como Price Waterhouse Coopers hayan publicado que en 2022 Uruguay tendría expansión y crecimiento económico y así lo demuestren los números oficiales, el famoso derrame no estaría plasmándose en la economía doméstica. Recién comentábamos sobre el aumento de la pobreza infantil, pero también recientemente se publicó que el Banco Central Uruguay se encuentra en peligro. ¿Dónde están esos dólares del crecimiento agroexportador?
El Banco Central del Uruguay (BCU) se encuentra en una situación crítica, según lo anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El patrimonio del banco ha disminuido significativamente, por lo que el Poder Ejecutivo deberá capitalizar la entidad en 2023 para cumplir con lo establecido por la ley.
Favor con favor se paga
En otro escándalo, que parece que no desató tanto revuelo, la transnacional Movistar fue beneficiada con una rebaja en la renovación de explotación del servicio 4G. La decisión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que benefició a la multinacional Movistar causó malestar en el seno del Frente Amplio (FA).
La Ursec le concedió a Telefónica, propietaria de Movistar, la posibilidad de renovar su espectro 4G por seis millones de dólares, aunque un informe de los servicios técnicos de la entidad sugería un precio de 25 millones. Es decir, se le regaló 19 millones de dólares a una empresa transnacional cuando desde el gobierno se pretendía hacerle auditorías a ollas populares solidarias, sostenidas por vecinos y vecinas.
Una pista que explica el por qué 6 millones es más que 25, es que la presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, fue Jefa de Relaciones Institucionales en Movistar durante seis años antes. Otra muestra de la vigencia de las viejas y conocidas puertas giratorias.
De afuera
Según el informe anual 2022 de la ONG Amnistía Internacional, Uruguay descendió 26 puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44 de la lista de países. En un informe publicado en 2022 se señalaba que durante 2021 se habían registrado 51 casos de amenazas a periodistas, y que al menos dos de ellos y medios de comunicación se enfrentaban a acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones.
Según algunas ONGs, varias solicitudes de información pública no obtuvieron respuesta, o la recibida fue insatisfactoria. Al concluir el año, el Parlamento seguía examinando un proyecto para modificar la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública que, de aprobarse, obstaculizaría aún más la transparencia.
En septiembre, Astesiano, el hoy preso jefe de seguridad del Presidente, fue acusado de falsificar documentos. Durante su comparecencia en el juzgado, el juez no permitió la entrada de la prensa y declaró la vista a puerta cerrada, incumpliendo así las disposiciones del Código del Proceso Penal sobre audiencias públicas.
Incluso se puede agregar la persecución, tanto al anterior como al actual Fiscal de Corte, por parte del oficialismo. Tanto el Partido Nacional como Cabildo Abierto – también socio de la coalición derechista de gobierno – se dan la mano para criticar a la justicia. Los primeros sobre el Caso Astesiano primordialmente y los segundos en casos referidos al terrorismo de Estado para defender a los torturadores.
Esta semana, y seguirá por varios días, se dio la negociación entre el presidente Lacalle y Guido Manini Ríos, líder del ultraderechista partido Cabildo Abierto. Es que Manini no está a favor de determinados aspectos de la reforma previsional que está llevando adelante su propio gobierno.
Cabildo tiene la llave (los votos parlamentarios) para que esta reforma se apruebe o no. La carta con la que juega esta formación política es que de votar favorablemente la reforma, Lacalle le debe asegurar que su fuerza política votará a favor del proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años que fueron represores en la dictadura.
Aunque parezca inconcebible y paradójico, por no decir tragicómico, es que por un lado se le está diciendo a la población que después de los 65 todavía puede trabajar, pero si torturó y reprimió durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), ya está muy viejito para estar en la cárcel.
Desde adentro
El sistema penitenciario adolece de un grave hacinamiento, y el número de personas recluidas ascendía al 120 por ciento de la capacidad prevista. Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumenta de forma constante, y al concluir el año alcanzaba la cifra de 14.497 personas.
Se registraron 42 muertes bajo custodia. De acuerdo con el Comisionado Parlamentario, Uruguay presentaba en 2022 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur (411 por 100 mil habitantes). En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, 13 personas murieron en prisión por causas no violentas durante al año. El número de mujeres privadas de libertad siguió creciendo hasta alcanzar las mil 34.
Los activos se lavan en casa
Durante el año pasado las entidades no financieras que están obligadas a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos -escribanos e inmobiliarias entre otras-, le presentaron 39 casos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, un número más bajo que en 2020.
Esto no significó una baja en el total de actividades sospechosas advertidas, ya que las operaciones presentadas por bancos y otros agentes financieros fueron 777, por lo que se alcanzó a 816 casos reportados, un aumento de 17,6 por ciento (122 casos más) en comparación con 2020, según informó el semanario Búsqueda.
Un informe resumido de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) sobre la evolución de la economía del país, al que accedió La Diaria, también hace referencia al tema. Sobre el seguimiento del control sobre el lavado de activos, el documento señala que al cierre de 2021 “se evidenció una fuerte caída de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, de parte de los actores no financieros, al impulso de la flexibilización impuesta por la Ley de Urgente Cconsideración (LUC)”.
Según el informe, por un lado el sector financiero mantiene los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por “aplicar las buenas prácticas internacionales definidas por las casas matrices de la banca privada, y los compromisos internacionales de la banca pública en materia de riesgo de reputación”, pero, por otro lado, el sector no financiero, “tal como se había previsto, desde que se aprobó la LUC disminuyó sus reportes de operaciones sospechosas en forma sustancial”.
“Las estadísticas muestran que los ROS de agentes no financieros (constructoras, escribanos, casinos, inmobiliarias, etcétera) cayeron fuertemente en 2020 (de 149 a 68) y en 2021 (de 68 a 39), alcanzando un mínimo en las estadísticas disponibles”, añade.
Garantías
Otro escándalo salpicó al gobierno. Esta vez una militante del Partido Nacional, el de Lacalle, denunció al senador Gustavo Penadés de “pedófilo” y de “haber pagado por sexo a menores” incluyéndola a ella misma en su adolescencia. De esa denuncia se suscitaron otras más y la Fiscalía General elevó un memo para actuar de oficio.
La respuesta del senador Penadés fue a través de conferencia de prensa en el propio parlamento. Curioso ya que luego calificó esto de “tema personal”, mezcló abuso de menores con su orientación sexual que nada tienen que ver. A dicha conferencia de prensa asistió nada más y nada menos que Luis Alberto Heber, Ministro del Interior.
Es decir, la cabeza política que está a cargo de la policía, entidad encargada de la investigación contra el senador Penadés. Incluso agregó que lo que realizó la denunciante “es una difamación”.
Al coro de republicanismo cero se sumó nada más y nada menos que el presidente Luis Lacalle y dijo a periodistas sobre el caso que “le creo a él”, brindando apoyo explícito al senador Penadés. Las garantías de esta denunciante y de tantas otras posibles víctimas son nulas. Cada día se reciben cuatro denuncias de niños abusados sexualmente en Uruguay, unos mil 500 al año. Muchos otros casos ni son reportados,
Rindiendo cuentas
Según fuentes del semanario Búsqueda, David Cohen, uno de los funcionarios más importantes de la central de inteligencia estadounidense CIA mantuvo varias reuniones en Montevideo desde el pasado 26 de marzo.
Cohen, abogado de profesión de 59 años, es el oficial de enlace de la CIA con servicios extranjeros; fue asesor jurídico en el Departamento del Tesoro y su meritorio trabajo hizo que el expresidente Barak Obama lo nombrara director adjunto de la Agencia de Inteligencia, cargo ratificado en el 2021 por el gobierno de Joe Biden.
Una de las funciones de Cohen como subdirector de la CIA fue hacer un seguimiento del dinero de grupos terroristas, por lo que se lo conoció durante la administración de Obama como el “Batman financiero”, informó Última Hora, medio paraguayo. Incluso estuvo reunido con el presidente de dicho país, Mario Abdo, con el que se sacaron fotos, y las reuniones fueron de público conocimiento.
En Uruguay mantuvo encuentros en la Torre Ejecutiva presidencial, en la sede del Comando del Ministerio del Interior en el barrio del Prado, en la Embajada de Estados Unidos y en el Piso 40 del World Trade Center.
De algunas de esas reuniones participaron el Ministro del Interior Luis Alberto Heber, el director de la Policía Nacional José Manuel Azambuya, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) Álvaro Garcé y la flamante embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton.
El tema a tratar fue políticas de intercambio en el combate al crimen organizado. Garcé planteó la necesidad de que la agencia estadounidense asesore y adiestre en la investigación de las organizaciones delictivas que funcionan dentro de las cárceles, y entre otros temas, estudiar el pedido del gobierno uruguayo de que la DEA vuelva a instalar sus oficinas en Uruguay.
Juicio
En esta maraña de humo, cerco mediático, complicidad y demonización, el oficialismo sigue apuntando sus armas contra Carolina Cosse, la actual intendenta de Montevideo por el Frente Amplio. Cosse y Yamandú Orsi son los dos precandidatos a la presidencia por la coalición centroizquierdista . Orsi ya anunció su candidatura hace 15 días en el Congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP). fuerza que lidera el ex presidente José “Pepe” Mujica.
A Cosse le han iniciado un juicio político por no presentar informes en la Junta Departamental de Montevideo. Desde el mismo Partido Nacional se ha cuestionado esta medida adoptada por ediles de la misma fuerza política a nivel departamental. Es que el razonamiento que realizan es totalmente lógico: se está persiguiendo a Carolina Cosse, se la está victimizando y poniendo en foco de la prensa.
La actual vicepresidenta Beatriz Argimón declaró que el juicio político es “una medida extrema”, Si Cosse sabe jugar sus cartas, puede dar vuelta esta situación a su favor de cara a las elecciones internas del Frente Amplio del año próximo, en parte gracias a la publicidad que le hace el propio gobierno.
Y adelante
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), el que tiene más afiliados en Uruguay, realizó sus elecciones durante los días 28, 29 y 30 de marzo. Fue una elección histórica donde participaron 32 mil trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país.
El comunicado del sindicato declara que los comicios se dieron “en el marco del vencimiento del Convenio Colectivo vigente” y “constituye un antecedente de enorme importancia para la lucha hacia la próxima convocatoria a los Consejos de Salarios, para el Sunca y para todo el movimiento sindical”. También es una respuesta, agrega, “de miles, a los intentos de reglamentar los sindicatos, demostrando, una vez más, el profundo carácter democrático del movimiento sindical y su representatividad”.
Recordemos que el gobierno de Lacalle desde la campaña electoral ha intentado reglamentar (perseguir) a los sindicatos, se los ha atacado sistemáticamente y se los ha intentado socavar de mil y una formas.
¿Y ahora?
Las condiciones de vida, cada vez más socavadas y más caro el día a día, generan indefectiblemente un aumento de la conflictividad. Por eso el poder Ejecutivo incorporará a la policía camiones blindados y lanzaaguas para reprimir manifestaciones.
El gobierno toma apuntes de los estallidos sociales de Chile y Colombia en el 2020 frenados por la pandemia y también mira lo que pasa en Europa ante las protestas en Francia y República Checa por la reforma jubilatoria y el aumento de la edad de retiro, similar a lo que acontece por estas latitudes.
¿El pueblo uruguayo estará dispuesto a pelear por lo suyo? Esa es la interrogante.
Tomado de Al Mayadeen.
