Tribunal de La Habana sanciona por especulación a individuos que comercializaban gasolina en redes sociales
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Fiscalía General de la República (FGR) en La Habana presentaron a los Tribunales de Justicia denuncias penales seguidas por presuntos delitos de especulación, con motivo de la venta de gasolina a través de las redes sociales; por precios que oscilaban entre 350 y 600 pesos el litro.
El 1ero de junio del presente año, el Tribunal Municipal Popular de Diez de octubre, órgano judicial competente para conocer de estos procesos, celebró 10 juicios orales en los que fueron juzgadas 15 personas por los referidos hechos ilícitos.
Como resultado de las pruebas practicadas en los mencionados actos judiciales los jueces actuantes consideraron responsables a 13 acusados y decidieron absolver a dos de los implicados; al no constituir delito su actuación.
El tribunal declaró que los hechos probados integran el delito de especulación, previsto, en el Artículo 310 del Código penal vigente y, teniendo en cuenta que estos se cometieron en un escenario complejo, matizado para la escasez de combustibles; determinante de la existencia de una situación excepcional en el país, se acordó, al momento de aplicar las condenas a los encausados, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 312 de la mencionada ley, incrementar los marcos sancionadores previstos para la citada tipicidad delictiva y, a partir de la evaluación de las características y condiciones personales de los acusados, así como de los restantes elementos obrantes en el proceso, se impusieron penas de, entre un año y cuatro meses hasta dos años de privación de libertad (a 11 personas) y, en dos casos, la de trabajo correccional sin internamiento.
Asimismo, a los responsables les fueron aplicadas sanciones de comiso del combustible ocupado, privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional.
Durante la tramitación de los procesos y en la celebración de los juicios orales se cumplieron las garantías legales y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República.
A los sancionados y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer, ante el tribunal superior, el recurso de apelación que la ley autoriza contra las referidas decisiones judiciales.
Tribunal Provincial Popular de La Habana
