Argentina: La Masacre de San Patricio, en un limbo judicial de 47 años
Por Ailín Bullentini.
La investigación por el asesinato de cinco religiosos el 4 de julio de 1976 carece aún de responsables, partícipes o cómplices identificados. El colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia reclama definiciones para evitar la impunidad biológica de los responsables.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, una patota de represores ingresó a la parroquia de San Patricio, en el barrio porteño de Villa Urquiza, acribilló a los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes”, escribieron los represores en las paredes del lugar, donde agregaron: “Por los camaradas dinamitados de la Seguridad Federal”. Pasaron 47 años de la “mayor masacre que sufrió la Iglesia durante la dictadura” y la investigación judicial que la revisa permanece “en un limbo” en el que carece aún de responsables, partícipes o cómplices identificados.
“Tenemos premura porque vamos al callejón sin salida de la impunidad biológica”, insistió en la víspera del aniversario Ramiro Varela, referente del colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en diálogo con Página/12. A través suyo, el colectivo fue admitido como amicus curiae en el expediente judicial que desde agosto de 2021 sumó algunas fojas y finalmente pasó de juzgado.
El asesinato de los palotinos de San Patricio apareció mencionado en la megacausa ESMA en 2005. Dos sobrevivientes de ese centro clandestino declararon que el genocida Antonio Pernías, se había jactado de haber participado de la masacre. Luego, los marinos Miguel Angel Balbi y Claudio Vallejos hicieron lo propio. En 2006, Pernía y otros 15 colegas suyos en el horror de aquel lugar –Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, entre otros– fueron procesados, pero la Cámara Federal consideró que las pruebas no eran suficientes.
Así siguieron, “en la cuerda de la megacausa” los casos durante más de 15 años hasta que el juez federal Ariel Lijo, a cargo en subrogación del Juzgado Federal 12, decidió en noviembre pasado declinar parcialmente su competencia para continuar trabajando estos hechos. “Basto fue el caudal probatorio colectado y tras su análisis me convenzo de la necesidad de que sea otro magistrado el que continúe con la investigación”, señaló Lijo en su dictamen. “Lejos de poder sostenerse la actuación del grupo de tareas 3.3.2” en la masacre, el magistrado vio fortalecerse la hipótesis de que “quien habría perpetrado los hechos habría sido personal de la Superintendencia de Seguridad Federal dependiente de la Policía Federal Argentina”. Envió el expediente al Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, que desde la reanudación del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura desmenuza el rol del Primer Cuerpo del Ejército. En ésa, la causa más grande de todo el proceso, también se investiga “Coordinación Federal”.
Los elementos
Para Lijo, los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA y de los marinos Balbi y Vallejos son “los únicos” indicios que unen la masacre de los palotinos con el campo de concentración de la Armada y su patota. En contraposición, mencionó a varios otros elementos que permiten introducir el hecho en la línea criminal de la Superintendencia de Seguridad Federal. Más precisamente, en el accionar de sus grupos de tareas como reacción al estallido de un explosivo en el comedor de la sede policial, en Moreno 1431 de la Ciudad de Buenos Aires, con el que se vincula a Montoneros.
El juez federal opinó que “la manera en que se desarrollaron los hechos no coincide en absoluto con el modus operandi” del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. “El objetivo de ese grupo, en todos los casos, era lograr el secuestro y posterior interrogatorio de la víctima y no darle muerte, como fin en sí mismo o primordial”, puntualizó, algo que “se contrapone con lo ocurrido en la masacre desarrollada en la Parroquia de San Patricio, en el marco de la cual las víctimas fueron ultimadas y sus cuerpos abandonados en el lugar; a más de los mensajes que allí fueron dispuestos”. Se refirió a las pintadas que pudieron observarse en la pared de la parroquia tras el crimen: “Estos zurdos murieron por se adoctrinadores de mentes vírgenes” y “Por los camaradas dinamitados de la Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”.
Luego, Lijo citó varios fragmentos de documentos desclasificados por Estados Unidos en los que se mencionaba a la masacre y a sus responsables. “Resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada”, reporta uno de los cables citados. “Se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio”, informa otro. Un último cable habla de “seis suboficiales de la PFA, sin autorización de un superior, decidieron llevar a cabo un ataque en represalia contra los dos seminaristas, lo que resultó el asesinato del 4 de julio de 1976 de tres sacerdotes y dos seminaristas”.
El juez mencionó también la declaración testimonial que en agosto del año pasado tomó al policía retirado Armando Luchina, quien prestó funciones en Seguridad Federal y oyó de voz de integrantes de lo que él llamó “grupo de elite” del lugar –entre cuyos integrantes destacó a Julio “Turco Julián” Simón o Carlos De La Llave– cómo se jactaban del operativo: “‘Fuimos nosotros, ¿viste cómo se la dimos?’, era el comentario general, un comentario de tribuna”.
Rafecas y después
Según trascendió a través de fuentes judiciales, Rafecas estaba listo para enviar el expediente recibido del Juzgado 12 a la Cámara Federal y que fueran los magistrados de alzada quienes definieran la competencia. En eso andaba cuando Pablo Llonto, querellante en representación de dos víctimas de las represalias de los federales por la bomba en Coordinación Federal, le pidió una serie de pruebas que estarían vinculadas con el caso de los Palotinos. El pedido apuntaba a que los hechos se investigaran de forma conjunta, como algunos de los operativos que desarrollaron “los grupos de tareas de la Federal, durante el 3 y 4 de julio de 1976″: “Habían salido en ‘cacería’ a vengarse de la bomba y así procedieron a secuestrar y asesinar militantes de distintas zonas de Capital, o que ya estaban secuestrados, para matarlos y ‘desaparramarlos’ por lugares de Capital (Obelisco, garages, iglesias)”.
Rafecas procedió en marzo pasado a solicitar a la Conferencia Episcopal copias de los tomos de La verdad los hará libres –el libro donde aparece mencionado el asesinato de los palotinos–, al juzgado de Lijo material aportado por la autoridad eclesiástica vinculado al terrorismo de Estado y a la morgue judicial registros “de los ingresos de cadáveres entre los días 3 y 7 de julio de 1976 y, en su caso, informe la causa de muerte constatada”. A la espera de esa información, supeditó toda decisión sobre la competencia de la causa.
Partícipes necesarios
A 47 años de la masacre, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia pide “decisión y determinación” para avanzar “sobre los responsables y los partícipes necesarios también, algo que está sin tocar todavía. Seguimos esperando justicia para la masacre que sigue bajo un manto de impunidad”, apuntó Varela. ¿Quiénes serían los partícipes necesarios? Cuando el colectivo fue admitido como amicus curiae, presentó ante el Juzgado un documento en el que solicitaba que se retome la línea de investigación sobre efectivos de la Comisaría 37ª que había quedado trunca en 1986, cuando la causa naufragó junto a otras en el reino de las leyes de impunidad. “En 1986, el entonces fiscal Aníbal Ibarra procesó al entonces comisario Rafael Fensore –quien ya falleció– y al oficial Miguel Angel Romano como partícipes necesarios de la masacre. Fueron los que liberaron la zona”, explicó Varela. “No se retomó más esta línea, a pesar de nuestro pedido: estas dos personas, más otras tres que estuvieron en la zona de los hechos –Agustín Báez, Serafín Losada y Atilio Juárez–, supieron que iba a haber un crimen y no hicieron nada, más el exagente Víctor Randazzo, quien hizo el acta del asesinato, no fueron indagados.”
Tomado de Página/12.
