Ante los crímenes de Israel y de EEUU ¿Se hará justicia?
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Sudáfrica ha emprendido, con su autoridad y apego a la defensa de la población palestina, un proceso lleno de interrogantes e inseguridad: llevar al Gobierno sionista de Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), para que responda por los crímenes que comete en Gaza.
La nación africana ha recibido el apoyo internacional ante su pedido de justicia, porque son mayoría los pueblos identificados con la necesidad de poner fin al horrendo crimen.
Movimientos sociales, instituciones internacionales y locales, y también muchos gobiernos, condenan el crimen que comete Israel contra el pueblo palestino, por lo que no debería evadirse el castigo.
Sin embargo, dos, tres, o algunos –que no son mayoría ni representan a la comunidad internacional–, han arrebatado a la verdadera justicia su capacidad de ser imparcial y justa, y hablan y actúan en nombre de ella, aunque su aplicación sea todo lo contrario.
La entidad jurídica internacional, en sus primeros capítulos para abordar la demanda presentada por Sudáfrica, ha mostrado sus fisuras y también las posiciones de quienes prefieren, en vez de debates, los oscuros manejos políticos, permeados, en muchos casos, de alianzas con Tel Aviv, o lo que yo diría que es peor: alinearse con lo que diga y haga el Gobierno de Estados Unidos.
Dos antecedentes obligan a esta reflexión. Uno, cuando falleció, el 11 de noviembre de 2004, en un hospital de París, el presidente palestino y líder indiscutible de su causa, Yasser Arafat, y se presentaron evidencias en relación con su posible muerte por envenenamiento.
En julio de 2012, la cadena de noticias catarí Al Jazeera publicó una investigación de nueve meses, posterior a la exhumación del cadáver de Arafat, en la que distintas pruebas realizadas por el prestigioso Centro de Medicina Legal del Hospital Universitario de Lausana determinaron que las pertenencias del líder palestino, especialmente las que habían estado en contacto con sus fluidos corporales, contenían un nivel extremadamente alto de polonio 210.
La muestra del material radiactivo, desestimaba la explicación de «causas naturales», y sugiere un envenenamiento como posible motivo de su muerte.
Al respecto, tras conocer los primeros resultados del equipo suizo, la viuda de Arafat denunció el hecho como un «crimen político».
Luego, Tawfiq Tirawi, director del comité palestino para la investigación de la muerte de Arafat, aseguró que «Israel es el único sospechoso en el caso del asesinato de Yasser».
La Autoridad Palestina inició, entonces, un proceso legal contra Israel ante el Tribunal Penal Internacional. Pero nada ha cambiado, y ningún funcionario e entidad de Israel o de Estados Unidos ha sido llevado ante la justicia del mencionado tribunal.
Otro oscuro caso es el de la muerte del expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, quien, luego de que su país fuera bombardeado, en marzo de 1999, por 78 días y noches, por la aviación de Estados Unidos y la OTAN, sin que hubiese al menos consultado con el Consejo de Seguridad de la ONU, fue apresado y llevado a un llamado Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.
En la celda a la que fue remitido por ese Tribunal, falleció el 11 de marzo de 2006. Un día antes había denunciado a sus carceleros, que lo pretendían matar o envenenar.
Al entonces presidente de Estados Unidos y autor de la orden de bombardear Yugoslavia, Bill Clinton, no se le juzgó en el TPI, como tampoco se le aplicó a quienes, desde la OTAN, acompañaron los bombarderos estadounidenses en aquella acción genocida que dejó cientos de muertos, heridos o mutilados por el uso del uranio empobrecido.
Son solo botones de muestra de la llamada «justicia», atrapada en la telaraña de la manipulación política por parte de quienes, desde Washington, Tel Aviv o la sede de la OTAN, en Bruselas, se consideran dueños del mundo.
Eso bien lo sabe el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su afán por desaparecer de la faz de la tierra a la población palestina, y mejor aún lo saben Joe Biden y los gobiernos de Estados Unidos, quienes no permiten una sanción, ni siquiera una crítica contra el Gobierno israelí.
Ambos harán lo posible e imposible porque nunca se aplique la justicia contra ellos y sus gobiernos, sean sionistas, como el instalado en Tel Aviv, o «demócratas», como el instalado en Washington.
Tomado de Granma/ Foto de portada: Agencia Anadolu
