Argentina: El gobierno y una ofensiva histórica contra los movimientos sociales
Por Nicolás Salas.
En todo el mundo existe la desocupación, pero no en todo el mundo existe el movimiento piquetero o de la llamada Economía Popular, tal como lo conocemos en el país. Sobre condiciones objetivas de empobrecimiento y desempleo, al sur de ese mundo, grupos de activistas lograron organizarse, darse métodos con sentido de lucha e instalarse en la escena pública y política argentina. Desde hace años, los distintos gobiernos se debaten en el dilema de qué hacer con esta experiencia organizativa que se desarrolla sobre las ruinas del empleo y el trabajo. La foto de miles de familias acampando sobre la Avenida 9 de Julio inquieta a quien toque sentarse en el sillón de Rivadavia, sea progresista, de derecha o libertario. Los pobres molestan y más aún si se organizan. A trazo grueso podemos decir que hay dos formas de resolver este fenómeno: generando millones de puestos de trabajo “genuino” y canalizando la problemática actual a partir del desarrollo industrial, o desarticulando, vía represión y ajuste, a las organizaciones territoriales que ostentan la representación del sector. El gobierno de Milei pareciera decidido en la segunda de las opciones.
Recapitulando los últimos pasos dados por la clase política profesional podemos considerar que las internas dentro del gobierno de Alberto Fernández no impidieron que varias de las tendencias que habitaban el Frente de Todos unificaran visiones, posturas y hasta políticas contra los movimientos. Retomando las enseñanzas duhaldistas de 2002, varios popes peronistas iniciaron una ofensiva para correr a las organizaciones del rol de “intermediarias” con el Estado o “tercerizadoras” como le gustaba decir a la exvicepresidenta, Cristina Fernández. Primero, Juan Zabaleta, y luego, Victoria Tolosa Paz, empezaron a inclinar la cancha en favor de intendentes y gobernadores en lo que refiere al manejo de los planes sociales. Massa coronaría el ataque con el decreto 565/2023, por el cual se inició la desestructuración del Potenciar Trabajo, tanto en su carácter laboral como organizativo.
Ahora bien, la base social sobre la que se sustenta el peronismo y el peso específico de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) dentro de la entonces coalición gobernante impidió que los avances tuvieran los alcances pretendidos por el tándem Cristina-Massa. La tregua electoral hizo que dichas tensiones entrarán en un impasse, a la espera de lo que sucediera con el próximo gobierno.
La llegada de Javier Milei al gobierno encontró terreno fértil para su apuesta de máxima: desarticular definitivamente a las organizaciones territoriales, llamadas a encabezar la resistencia contra sus aspiraciones de ajustes y dolarización.
La Libertad Avanza asumió el ejecutivo sin mucha noción sobre las políticas sociales concernientes a los planes sociales. De hecho, el mismo presidente en campaña prometió otorgar tarjetas individuales a cada beneficiario para cortar con la presunta dependencia que los trabajadores tenían con los dirigentes sociales. Nadie le avisó que dicho procedimiento ya existía desde hace veinte años. El acuerdo con Patricia Bullrich le dio línea y funcionarios. En principio, permitió el arribo al Ministerio de Capital Humano del equipo de Joaquín de La Torre, exintendente de San Miguel y uno de los hombres de confianza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el conurbano bonaerense. Su hermano Pablo fue designado al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y junto a él aparecieron muchos peronistas disidentes de la zona oeste y norte de la provincia.
En términos de línea, Joaquín de la Torre ya había adelantado en campaña las pretensiones hacia el sector, donde afirmaba la temporalidad de los planes sociales, el viraje hacia una especie de seguro a la desocupación y un enfrentamiento directo con las organizaciones sociales. Parte de ese programa empezó a conformarse a partir del decreto 198/2024, que divide el padrón del Potenciar Trabajo en dos nuevos planes, el “Programa de Acompañamiento Social” y el “Programa Volver al Trabajo”. El primero de ellos quedará en la órbita de los De la Torre y albergará a unas 400 mil personas que ya no tendrán la obligación de la contraprestación laboral.
Los otros 800 mil planes quedarán bajo la influencia de la secretaría de Trabajo y del funcionario que reemplace a Omar Yasín, el macrista eyectado por Milei en medio de una entrevista televisiva. Más allá de lo que dice un decreto escuálido y declaraciones periodísticas en off, formalmente no hay especificidades del carácter de dicho programa. Lo que sí es claro es la decisión libertaria de mantener un enfrentamiento constante y deliberado con el sector.
Si a esto sumamos el congelamiento salarial de los planes, las cerca de 50 mil bajas del Potenciar Trabajo que se dieron desde enero y el vaciamiento de los comedores comunitarios, empezamos a delimitar la forma que toma una ofensiva que varios dentro del oficialismo consideran estratégica. Tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra.
En el medio se improvisan disposiciones de todo tipo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hace un show televisivo que concluye con miles de personas haciendo fila en la puerta del ministerio que comanda; los funcionarios del área no tienen firma para garantizar los acuerdos que se promocionan con las iglesias; y las renuncias proliferan de manera más habitual dentro de la institución. Todo sobre la base de un recorte del 29,5% del gasto social que se dio de manera interanual en enero.
Si hablamos del vínculo con las organizaciones, podemos decir que es prácticamente inexistente. Los canales de diálogo son escasos, cuestión que no había ocurrido ni en los momentos de mayor enfrentamiento entre los movimientos y el gobierno de Mauricio Macri. El desconcierto impera en las representaciones sociales, que no terminan de descifrar la jugada oficial: cuánto responde a decisiones políticas, cuánto a desidia o cuánto a la improvisación de una inexperta dirigencia libertaria. Suelen concluir que se debe un poco a cada cosa. “Sabemos lo que estos tipos buscan y cuáles son sus objetivos. Pero, más allá de eso, hay cuestiones que no tienen sentido para los mismos objetivos que persiguen. Vaciar de alimentos los comedores comunitarios en el medio de una espiral inflacionaria y un ajuste con muy pocos precedentes en la historia es ilógico para su estrategia. Desde el FMI y hasta el exministro de Economía menemista, Domingo Cavallo, le plantean la necesidad de contención social porque se puede ir todo a la mierda. Por eso, lo de no comprar un solo paquete de fideos, aparte de ser una decisión de una crueldad inusitada, es un tiro en los pies del mismo gobierno, que puede llegar a pagar muy caro en un futuro próximo”, aseguró a ANRed el delegado de una de las organizaciones enfrentadas al gobierno.
La ofensiva del gobierno tiene varios planos. Uno es la desarticulación de la política social que ha permitido la acumulación de poder a diversos movimientos. Otro responde a la faceta punitiva que se inició con el protocolo antipiquetes y una desaforada campaña del miedo. Se buscó, y se logró, aunque parcialmente, introducir en el imaginario de miles el precepto de la violencia económica y física que puede ejercer el Estado contra quienes se organizan. “Si movilizás te bajamos el plan y además te reprimimos”, fue el concepto detrás de las consignas gubernamentales que circulaban en las marquesinas de las principales estaciones de trenes del conurbano. Esta estrategia, alimentada con montajes y puestas de escenas varias, tuvo efectividad en un primer momento, perdiendo peso con el paso de las semanas. El protocolo de Bullrich fue a apartado de la agenda mediática y la dinámica de movilización de las organizaciones empezó a recuperarse. Las fuerzas materiales parecieran ganarle a las del cielo. Un litro de aceite a $3000 puede más que mil citas bíblicas.
Sobre estos dos planos se viene moviendo el gobierno, sin perder de vista un tercero que tiene que ver con la judicialización y el encarcelamiento de los dirigentes de las principales organizaciones. Al igual que Hilda “chiche” Duhalde en 2002, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, planteó el envío de un proyecto legislativo para modificar el código penal con el objetivo de ampliar la persecución a piqueteros.
Si bien la Justicia viene procesando e imputando a miles de activistas territoriales en los últimos años, al momento no han avanzado con la etapa final de la ofensiva que presupone el descabezamiento de las organizaciones a nivel nacional.
Antecedentes y futuro de una ofensiva en curso
El último gran antecedente en la busca de la desarticulación de las organizaciones territoriales se dio durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que tuvo como objetivo arremeter contra los movimientos apodados “combativos”. La Masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 fue el acontecimiento que buscó responsabilizar y perseguir judicialmente a las direcciones de las organizaciones que habían participado de aquella protesta en las inmediaciones de la estación Avellaneda, hoy conocida como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Como es sabido, fotos publicadas por la prensa desbarataron la estrategia gubernamental, precipitando el adelantamiento de las elecciones y limitando las aspiraciones presidenciales del mandamás del peronismo bonaerense.
El escenario actual no es el mismo y contiene varios matices diferenciadores aunque comparta un objetivo final. Aquella historia marcó pedagógicamente a una dirigencia que entendió los costos que pueden generar las muertes durante una movilización en tiempos de crisis. Duhalde lo entendió recién cuando vio frustrar sus ansias de reelección.
Milei tal vez lo comprenda o tal vez no. Bullrich fue clara y dijo no tener miedo a muertes producidas en escenarios represivos. A diferencia de dos décadas atrás, el gobierno definió no hacer distinciones entre piqueteros “duros” o “blandos”. Como lo mostró desde el inicio, va por todo sin distinción de banderas, sean rojas, celestes y blancas o negras.
Esta ofensiva no atiende las relaciones de fuerza, el gobierno afronta un camino sinuoso caracterizado por el aceleramiento de una crisis que empieza a trastocar la pasividad de una clase media que tendrá su gran desafío entre marzo y abril, meses donde el peso del ajuste se sentirá más intensamente en el bolsillo. De ello dependerá parte de la suerte de las organizaciones sociales que añoran reversionar un cántico que veinte años atrás le permitió frenar la última gran ofensiva en su contra: “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.
