Ley de Bases en Argentina: blanqueo de capitales amplio y flexible, cesión de la soberanía jurídica y beneficios impositivos y cambiarios escandalosos
Por Alfredo Zaiat.
La ley Bases de Milei con media sanción en Diputados es regresiva en materia laboral, previsional y de desarrollo económico. También propone privatizaciones de empresas públicas y privilegia la explotación de recursos naturales (hidrocarburos) sin exigir encadenamientos de valor a nivel local ni la garantía de autoabastecimiento energético.
El proyecto fiscal también es regresivo al aliviar la carga impositiva a sectores de mayor capacidad contributiva y la eleva a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.
Cada una de las partes de ambas normas puede ser revertida en el futuro por otro gobierno, aunque hasta ese momento generará daños al bienestar de la mayoría de la población.
Pero existe un capítulo que tiene efectos irreversibles en el corto y mediano plazo, con un costo inmenso para las perspectivas de una economía integrada, industrial y movilidad social ascendente. Se trata del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Cómo consiguió el oficialismo una mayoría holgada para la aprobación en Diputados
Este mecanismo de promoción de inversiones es la clave principal –no la única- de la ley que reunió 142 votos afirmativos de diputados pese a que el oficialismo es tercera minoría y no llega a los 40. No pocos se preguntan cómo sumó 100 voluntades adicionales para un proyecto tan controvertido y resistido.
Una respuesta posible aunque no excluyente se puede encontrar en que es una norma escrita por y para el poder económico.
El lobby empresario –intermediarios aceptados social y políticamente, no así los necesarios para sectores populares denominados “punteros”- han influido/presionado abiertamente y con otras herramientas inconfesables para conseguir esta mayoría holgada.
Como se mencionó en estas páginas, las fuerzas políticas de derecha con sus diferencias, internas agresivas y egos enormes de los dirigentes resultan amalgamadas por el poder económico.
Las controversias programáticas y disputas de liderazgos de fuerzas políticas populares en cambio se expresan a cielo abierto sin tener un potente factor de poder externo que las unifique.
Qué es una guarida fiscal
Los senadores tienen ahora la llave para cerrar la puerta a esta ley que castiga trabajadores y futuros jubilados –en particular mujeres-, y en especial para rechazar un sistema de promoción de inversiones con beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y jurídicos escandalosos.
No es sólo un régimen de atracción de grandes inversiones con obscenos beneficios nunca antes entregados todos juntos, sino que avanza decididamente en convertir la economía argentina en una guarida fiscal y en un enclave de explotación de recursos naturales y desindustrializado. El blanqueo amplio y flexible complementa este camino.
Para algunos puede parecer exagerada la definición de guarida fiscal a partir de este plan de incentivo de grandes inversiones. A nivel internacional existe consenso acerca de que una guarida fiscal refiere a un país que para ciertas empresas o instituciones financieras establece regímenes impositivos reducidos o de baja carga fiscal y no dispone supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera. El RIGI reúne estas características cuestionadas.
Un informe elaborado por abogados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) – institución intergubernamental creada en 1989 por el G8 (hoy G7 al estar excluida Rusia) para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo- alertó por ambos proyectos (RIGI y Blanqueo), al señalar que son “permeable al ingreso de capitales ilícitos de alto perfil”.
Puerta de entrada para capitales de origen incierto
El diario Clarín publicó, a mediados del mes pasado, que especialistas del GAFI entienden que el RIGI es una puerta de acceso camuflada “con visos de legalidad” para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad”.
Para agregar que “las fallas de seguridad de la ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significa transformar a la Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional”.
Menciona que no existe en el texto del proyecto de ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos y avisa que los grandes fondos de flujo ilícito de dinero calificarían para ingresar al plan de incentivo de grandes inversiones, con lo cual Argentina se transformaría en una guarida fiscal para capitales de origen incierto.
La cesión de la soberanía jurídica ata de pies y manos
Además de la controversia por las características del blanqueo de Milei, existen desmedidos beneficios en el RIGI que no podrán ser alterados en el futuro sin costos elevados, puesto que prevé que las empresas puedan demandar internacionalmente al Estado Nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en caso de modificaciones en las condiciones inicialmente pactadas.
El Ciadi es una institución del Banco Mundial, con sede en Washington, que no es imparcial, con mayoría de fallos a favor de multinacionales en contra de países periféricos demandados.
El RIGI implica la cesión de la soberanía jurídica del país. Aceptar la jurisdicción del Ciadi implica convalidar este mecanismo de dominación de los poderosos.
¿Qué es el Ciadi?
Fue creado en 1965 y Argentina aceptó su competencia en mayo de 1991, mediante la firma de la llamada Convención Ciadi. El Congreso ratificó esa decisión en 1994 y este mismo año la reforma constitucional les otorgó a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes.
En la década del ’90, la Argentina ratificó 58 tratados bilaterales de inversión donde delegó la soberanía jurídica en cuestiones económicas en el Ciadi.
El argumento fue que de ese modo se atraía la inversión extranjera, del mismo modo que se presenta hoy con la ley Bases. Brasil no integra ese tribunal parcial dependiente del Banco Mundial e igual recibe inversiones en cantidad.
Se plantea como escudo protector contra posibles abusos de Estados receptores de inversiones, pero en los hechos resulta ser una espada empuñada por multinacionales para condicionar a los Estados.
Condiciones de sometimiento
El proceso de las demandas en el Ciadi se caracteriza por falta de transparencia. Mientras las leyes de un país democrático son aprobadas por el Parlamento, las reglas de ese tribunal arbitral no son el resultado de ningún procedimiento legislativo.
Provienen de una estrategia impulsada por asociaciones empresariales y de abogados para privatizar la Justicia, al menos en lo relativo al derecho mercantil internacional. Definen que la vía del Ciadi sacrifica garantías en aras a la rapidez y eficacia.
Por eso no hay posibilidad de apelación ante un órgano superior, lo que adquiere mayor trascendencia cuando una de las partes implicadas es un Estado, ya que supone una evidente pérdida de soberanía.
Es un arbitraje no recíproco, en el que una de las partes (inversores) reclama y sólo otra (Estados) puede ser condenada por supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversión -y en este caso, será del RIGI-.
Tribunales arbitrales parciales
El Ciadi conforma tribunales arbitrales, denominados paneles, para cada demanda. En la práctica, la mayoría de los árbitros procede de importantes estudios de abogados especializados en arbitraje internacional, gran parte de ellos localizados en economías centrales.
Por eso es habitual que una misma persona actúa unas veces como asesor de multinacionales y otras como árbitro en litigios semejantes. Esto les facilita impulsar interpretaciones de los acuerdos sobre inversiones favorables a los intereses de las multinacionales.
Con el RIGI se pretende extender las condiciones de este sometimiento, las cuales brindan al inversor extranjero privilegios que exceden la pretendida igualdad de derechos con el inversor nacional: pasan a tener beneficios mayores.
En el futuro, en otro contexto político, desconocer un fallo no tendrá efectos jurídicos en el plano internacional, porque los tratados firmados por Argentina prorrogan la jurisdicción nacional a favor del Ciadi y la convención de ese organismo dice que las sentencias tienen valor de cosa juzgada y fuerza ejecutoria.
Es una cesión irreparable de soberanía: por caso, controversias sobre temas tributarios que afectan la recaudación de impuestos nacionales e incluso provinciales pueden ser sometida a la decisión de tribunales internacionales del Ciadi.
Guarida fiscal, cesión de soberanía jurídica y beneficios impositivos escandalosos
El RIGI atenta además contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas locales y extranjeras y las importaciones.
La iniciativa genera una significativa pérdida de competitividad para los fabricantes nacionales frente a los conglomerados internacionales, puesto que quienes sean titulares de proyectos de inversión dentro del RIGI podrán importar insumos, materiales y bienes de capital sin aranceles tanto para la etapa inicial como para el flujo productivo durante 30 años.
En el plano impositivo, establece una alícuota única de Ganancias del 25% (10 puntos más baja que el tope general), trato preferencial para las utilidades y dividendos, la posibilidad de aplicar el 100% del Impuesto al Cheque como pago a cuenta de Ganancias. Se dispone la amortización acelerada de bienes (en dos años), lo que implica una menor carga impositiva en Ganancias.
También contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.
Permite disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero. Se admite además la deducción sin límite de intereses de deuda entre empresas vinculadas, lo que favorece la evasión fiscal.
Las empresas que inviertan en el RIGI podrán computar sus quebrantos sin limitación, mientras que las pymes pueden hacerlo hasta 5 años. Podrán ceder a terceros los quebrantos, incluso a otras firmas del grupo económico cualquiera sea la actividad, y además permite ajustarlo por inflación, beneficio que hoy las pymes no tienen.
Proceso virtuoso de desarrollo o vicioso de dependencia
Un documento compartido a legisladores de Unión por la Patria elaborado por Mercedes Marcó del Pont explica que está fuera de discusión que la Argentina requiere incrementar la inversión pública y privada, de largo plazo, que otorgue sustentabilidad al crecimiento económico, mejore la productividad, genere empleo de calidad y modifique el perfil primario en su inserción comercial en el mercado internacional.
Aclara que para impulsar un proceso virtuoso de esas características se requiere no sólo de un marco normativo que le de previsibilidad a las empresas a la hora de asumir el riesgo de la inversión, sino también del alineamiento de los incentivos que ofrece el Estado con los objetivos del desarrollo nacional.
Pero el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones se aleja del objetivo primario de impulsar el desarrollo industrial, laboral, tecnológico y territorial. De hecho, propone desmantelar el andamiaje de protección a la industria nacional.
Hacer lo que hacen otros países
Marcó del Pont ofrece un elemento de contexto global relevante: el RIGI va a contramano de las estrategias de promoción de la inversión que están aplicando muchos países. Otorga grandes beneficios tributarios a las empresas sin ningún requisito de reciprocidad en términos de impulso industrializador y desarrollo tecnológico.
Señala que, a diferencia de lo que ocurrió en otras etapas del proceso de globalización, hoy la relación de fuerzas de Argentina para fijar condiciones en materia de agregado de valor en el territorio y transferencia tecnológica es favorable. “Esto se debe a que el país dispone de los recursos naturales críticos y la energía renovable —litio, cobre, gas, vientos, sol y energía nuclear, entre otros— que requieren los países desarrollados para avanzar en el proceso de transición energética”, apunta.
Indica que se dispone, además, de capacidades industriales, humanas y tecnológicas que habilitan a participar en los nuevos encadenamientos industriales en torno a la transición verde. Afirma que un amplio espectro de países, que va desde Australia, Chile o Indonesia, entre otros, exhibe un elevado activismo estatal para fijar condiciones que garanticen la maximización del agregado de valor.
Las políticas activas, industriales y tecnológicas hoy son el común denominador en las economías desarrolladas y en forma creciente en los países en desarrollo. Desde hace más de una década Estados Unidos y varios países europeos iniciaron una carrera por recuperar empleos y capacidades productivas desplazados a Asia, particularmente a China, en la etapa de la globalización comercial y financiera. Esta tendencia se ha acelerado a partir de las disrupciones en las cadenas globales de suministros que, primero la pandemia y después la guerra en Ucrania, pusieron en riesgo la seguridad de los procesos productivos nacionales.
La ley Bases, con media sanción en Diputados, no sólo avanza sobre derechos laborales y previsionales, sino que puede convertir a la economía argentina en una guarida fiscal con pérdida de la soberanía jurídica y condenarla a la desindustrialización y subdesarrollo. En el Senado comienza a jugarse el crucial segundo tiempo de este proyecto de Milei.
Tomado de Página/12 / Foto de portada: Leandro Teysseire.
