El doble rasero de la Corte Penal Internacional
Desde que la Corte Penal Internacional (CPI) comenzó a funcionar en 2002, se ha convertido en una organización al servicio de Occidente, de los intereses hegemónicos de Estados Unidos y contrapuesto a la formación de un mundo multipolar acorde con las posiciones del Sur Global.
El acuerdo fue aprobado por 120 Estados durante una reunión en Roma en 1998 y puesto en ejecución cuatro años después aunque más de 40 países no lo han firmado y una gran mayoría lo ha rechazado por diversas cuestiones políticas.
La CPI cuenta con 18 jueces seleccionados por la Asamblea de los Estados miembros para mandatos de nueve años no renovables y dispone de un presupuesto anual, nada despreciable, de aproximadamente 200 millones de euros.
Su objetivo fundamental es juzgar a toda persona acusada de cometer crímenes de guerra, agresión, crímenes de lesa humanidad en los que aparecen asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o el traslado forzoso de población, así como la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
En todos esos acápites se enmarca las violaciones cometidas por el régimen de Israel contra varios países árabes y en especial contra Palestina desde hace 76 años, Siria y el Líbano. Pero nunca ha sido investigado o condenado por contar con el apoyo de Estados Unidos y las naciones desarrolladas occidentales.
Claro, esa organización sí se ha dedicado a emitir órdenes de aprehensión y condena contra líderes africanos y de otros países entre los que aparecen el expresidente de la RP del Congo, Lubanga Dylio, el ugandés Joseph Kony, el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, el expresidente de Kenya, Uhuruo Kenyatta, el libio Muammar Gaddafi, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo.
O sea, es un organismo hecho a la medida de las potencias occidentales donde nunca se ha condenado a los líderes políticos y militares de Estados Unidos y Europa, responsables de millones de muertos que han ocasionado en disímiles regiones y países del mundo.
El CPI abrumadoramente juzga los casos determinados por Washington, con la anuencia de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Australia.
Sus medidas han sido unilaterales y se han abstenido de investigar o aceptar demandas contra altos funcionarios occidentales como del expresidente George W. Bush, el español José María Aznar y el primer ministro Tony Blair por las informaciones manipuladas que dieron lugar a la invasión a Irak y los asesinatos de un millón de personas.
O la implicación de generales de la OTAN por asesinatos cometidos en Serbia, Libia, Sahara Occidental, Afganistán, Siria, Yemen, Palestina. Tampoco se han llevado a juicio los culpables de las horribles torturas cometidas por fuerzas estadounidenses en la base de Abu Ghraib en Irak o en la ocupada base naval de Guantánamo en Cuba.En septiembre de 2020, la administración de Donald Trump anunció que Estados Unidos impuso sanciones contra la fiscal del CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko, por realizar investigaciones sobre los desmanes realizados por fuerzas estadounidenses en Afganistán. ¿Será doble rasero?
Estados Unidos se ha opuesto bajo cualquier tipo de presión a que la Corte Penal acoja varias solicitudes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de su ministro de guerra Yoav Gallant, como criminales de guerra, pese a que han cometido el genocidio más grande del siglo XXI contra la indefensa población de Gaza, Cisjordania y el Líbano.
Tampoco investigó los asesinatos de cerca de 20 000 habitantes rusoparlantes en las regiones de Donetsk y Lugansk cometidos por el régimen de Ucrania tras el golpe de Estado en 2014 (auspiciado por Washington) contra el presidente Víctor Yanukovich.
Pero sí aceptó con premura, en marzo de 2023, las presiones de los países de la OTAN para emitir una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos y su traslado a la Federación Rusa.
La mayoría de los países del mundo comprende que es una acusación sin fundamento, impulsada por el régimen derechista de Kiev que bombardea indiscriminadamente las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk, hechos que ocultan los medios hegemónicos de comunicación occidentales, dedicados a elevar al máximo una política de rusofobia internacional.
En conclusiones, la CPI ha demostrado desde su fundación estar sometida a los poderes de las potencias occidentales en detrimento del Sur Global.
