El doble rasero en la ONU y la CPI para criminalizar a Rusia
¿Puede la Corte Penal Internacional (CPI) juzgar a Rusia? Jurídicamente no, pero el fiscal Karim Khan ya ha anunciado que lo hará, incluso si Moscú nunca ratificó el Estatuto de Roma y en 2016 retiró la firma simbólica que había puesto en los orígenes de esta institución.
¿Puede impedírsele a un Estado miembro el acceso a las instalaciones de la ONU o expulsarse su personal acreditado de los países sede? Nuevamente esto se revela contrario a los basamentos mismos del denominado parlamento universal.
Así, estas cosas revelan un funcionamiento parcializado del sistema llamado a ser el foro donde se preserva la paz, donde los Estados son tomados como iguales y titulares de la soberanía, que les permite decidir sus acciones y obligaciones.
En toda evidencia, la legalidad de las acciones de Rusia sobre Ucrania debería estar ocupando a las instancias internacionales y a los analistas, salvo porque cualquier postura que no sea a favor del régimen ucraniano es objeto de “sanciones”, como la expulsión de foros, trabajos y universidades, o la desconexión de las redes.
Por ende, estamos ante el escenario de la construcción de una única percepción sobre lo que ocurre, que, sin duda, vela y uniforma las lecturas jurídicas sobre los hechos.
Rusia, un país del Consejo de Seguridad de la ONU
En Naciones Unidas, el organismo encargado de mantener la paz y seguridad es el Consejo de Seguridad. Tiene cinco miembros permanentes y 10 electos por la Asamblea General por períodos de dos años. Los primeros tienen una serie de privilegios, como la garantía de su asiento y el derecho al veto que impide que las resoluciones de los otros miembros sean jurídicamente válidas.
En relación a los últimos sucesos en Ucrania, el Consejo de Seguridad intentó hacer pasar una resolución que llamaba a Rusia a detener la ofensiva y a retirar total e incondicionalmente sus tropas a sus fronteras internacionalmente reconocidas. La misma fue vetada por Rusia, uno de los miembros permanentes.
Desde allí, se observa cómo ahora el ángulo que se promueve está en verificar si es posible que Rusia pierda su silla, o si pese al veto en el Consejo de Seguridad existe alguna capacidad en otra instancia capaz de determinar que la actuación rusa no está autorizada por la ONU. Para esta segunda estrategia se invoca una antigua resolución adoptada el 3 de noviembre de 1950, por iniciativa del entonces secretario de Estado norteamericano Dean Acheson, que amplía los poderes de la Asamblea General de la ONU en el mantenimiento de la paz. Esta recibe el número 377, el nombre oficial de Unidos por el Mantenimiento de la Paz y la denominación informal de Resolución Acheson.
Lo que se pretende mediante esta invocación es que la situación se trate como la existencia de un quebrantamiento de la paz ante el cual no se ha logrado la unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por lo que se habilita a la Asamblea General a conocer y tomar medidas.
Con el tamaño bombardeo mediático y de operaciones psicológicas, uno podría suponer que esta es la primera vez que el Consejo de Seguridad recibe un veto. Sin embargo, debemos recordar cómo la invasión y la ocupación de Irak a principios de este siglo ha sido ampliamente debatida, en tanto la misma no contaba con todos los avales internacionales para llevarse a cabo.
Esta manera de actuar se recuerda como la “Doctrina Bush centrada en un discurso del Presidente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el año 2002, donde proclamó la legitimidad de un ataque preventivo contra cualquier amenaza terrorista a Estados Unidos, con las resoluciones necesarias del Consejo de Seguridad o sin ellas.
A partir de este hecho, se produjo la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos y los países miembros de la OTAN acompañados, entre otros por Ucrania, que había enviado un contingente de 1 mil 650 soldados.
La solución pacífica
En el artículo primero de la Carta de la ONU nos encontramos con que la vocación fundamental de esta organización es propiciar la salida no bélica de los conflictos que puedan presentarse entre los países miembros. Por ello resulta al menos sorpresivo la abierta decisión de oponerse a los encuentros de negociación entre delegaciones de Ucrania y Rusia que han asumido varios Estados, incluso sancionando a Bielorrusia que sirve como un enclave para dichos encuentros.
Estos hechos nos permiten ver la consolidación de un esquema de diplomacia coercitiva, que afirma el poder de un Estado sobre otro y que rompe la idea que es tan solo la ONU, a través de los procedimientos debidos, que puede imponer limitaciones a Estados soberanos.
Visto así, la situación planteada devela varios aspectos que desde hace mucho tiempo dan muestra de una profunda crisis del multilateralismo y de sus principios fundamentales. Ahora, activada en función de favorecer las posturas de la OTAN, descartando las reglas básicas en cuanto al trato de un Estado miembro y activando todas las instancias para aumentar la política de cerco que, al menos desde 2015, Estados Unidos sostiene sobre Rusia.
Derechos humanos, un arma a conveniencia
La “coincidencia” de la declaración del Fiscal de la CPI avisando que investigará las actuaciones de un Estado que no es parte, y la recepción de la demanda de Ucrania (38 países presentaron datos sobre las “acciones rusas”, de acuerdo a la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss) por genocidio contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, es importante tomar en cuenta que varios de los elementos de este conflicto parecen revelar violaciones importantes de los derechos humanos y no están siendo consideradas como tal.
Por el contrario, se justifican dentro de la retórica de la cacareada legitimidad para atacar a Rusia.
Algunos ejemplos serían:
La criminalización de las agencias de prensa y redes rusas, incluidos sus trabajadores, colaboradores (permanentes u ocasionales), negando a Rusia el derecho a dar su versión y afectando la libertad de expresión y de información en Occidente.
La creciente y tolerada acción de criminalización de distintos ciudadanos rusos, que están siendo objeto de “sanciones” individualizadas en ámbitos civiles, como la música, la educación o el deporte.
La tolerancia y promoción del armamento de Ucrania, incluso de civiles, por parte de Estados miembros de las Naciones Unidas. El enfoque profundamente racista y sin fundamentos históricos que sostiene que este es el único conflicto del presente, o el único que se ha presentado en territorio europeo desde 1945.
De igual forma, la desatención de las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad continuados contra las poblaciones de origen cultural ruso dentro de Ucrania.
Además, la uniteralidad estadounidense toma por el cuello cualquier atisbo de medida en contra de su jurisdicción excepcional, sea ante la ONU o la CPI.
De hecho, en 2002 el Congreso de Washington D.C. emitió la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que protege contra los de la CPI a “miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, funcionarios electos o designados del Gobierno de los Estados Unidos y otras personas empleadas o que trabajen en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, mientras Estados Unidos no es parte de la Convención de la Corte Penal Internacional”. Esta es mejor conocida como Ley de Invasión de La Haya, ya que la única forma de la liberación por la fuerza de las personas sancionadas por la ley sería posible solo mediante una invasión de la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.
De esta manera, los más de cuatro millones de víctimas de las guerras estadounidenses en Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Yemen y en otros países quedarían impunes.
Mientras tanto, la criminalización de Rusia continúa por todos los flancos posibles en Occidente, de acuerdo a las prerrogativas de Estados Unidos y de la OTAN, intentando sobrepasar la soberanía de los Estados que se escapan o confrontan directamente de la hegemonía angloimperial.
Tomado de Misión Verdad / Foto de portada: Al Mayadeen.
