El ADN de la policía de Miami es brutal (I)
Por José Luis Méndez Méndez * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
La brutalidad policial es un término utilizado para describir el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías. El término también se puede aplicar al mismo comportamiento de los oficiales de prisiones. La brutalidad es una de las formas de mala conducta policial, que incluye falsos arrestos, intimidación, represión política, racismo, abuso de vigilancia, abuso sexual y corrupción policial.
En los años sesenta, el Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, tuvo que superar numerosos incidentes de brutalidad policial. La cobertura mediática de la brutalidad provocó la indignación nacional, lo que hizo que la simpatía del público hacia el movimiento creciera rápidamente.
Durante la guerra de Vietnam, las manifestaciones contra la guerra fueron reprimidas a veces mediante el uso de porras y gas, comúnmente conocido como lacrimógeno. El más notorio de estos ataques tuvo lugar durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Las acciones policiales fueron más tarde descritas como acciones de antidisturbios en el Informe Walker presentado a la Comisión Nacional de Estados Unidos sobre las Causas y Prevención de la Violencia.
La llamada Guerra contra las Drogas, iniciada por el presidente Richard Nixon en 1969 se caracterizó por el aumento de la excesiva conducta policial. Los críticos sostienen que eso ha contribuido a fomentar una nueva versión militarizada de la policía, donde la confrontación ha sustituido a la investigación, el empleo de la fuerza como método de disuasión.
En los Estados Unidos, la raza y la brutalidad policial siguen estando estrechamente vinculadas, y el fenómeno ha provocado una serie de disturbios raciales en los últimos años. Especialmente notable, entre estos incidentes, fue el levantamiento causado por la detención y los golpes a al negro Rodney King. El ambiente fue particularmente volátil debido a que el hecho había sido filmado por un espectador y ampliamente difundido después. El dislate judicial de que los cuatro agentes de policía acusados de asalto y otros cargos fueran absueltos, provocó que estallaran disturbios.
La brutalidad ha involucionado en los últimos años, si la policía antes utilizaba en el control de multitudes y en su actuación individualizada métodos y medios no letales, como gases, balas de goma o plástico, las pistolas tasser y la técnica canina, ahora las armas de fuego con empleo letal ocupan la primera acción de los guardianes de la ley. Cada vez son más frecuentes los casos de excesos donde se ha empleado con desmesura la fuerza armada, que ha ocasionado víctimas fatales y daños colaterales.
Un punto de inflexión parece ser la impunidad otorgada a las fuerzas del orden a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, desde entonces la brutalidad policial se ha convertido en estilo único de actuación, sin medida, individual y colectiva. Ahora todo es posible, permitido, tolerado y pretextado. Un extenso informe preparado para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado en 2006 afirma que en Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo, ha creado un clima generalizado de despotismo en los agentes del orden público, y ha contribuido a la erosión de lo que pocos mecanismos que existían para el control civil sobre los desmanes del orden.
El ciudadano se ha devaluado a los ojos de los policías, que ven en ellos al enemigo, no a la persona a quien proteger, como encargo estatal. Como resultado, la brutalidad policial y los abusos se han instalado y persistido sin cesar de manera imperturbable en todo el país.
Un extenso informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el uso de la fuerza policial publicado en 2006 muestra que, de las 26 556 quejas que los ciudadanos hicieron en 2002 sobre el uso excesivo de la fuerza policial alrededor de 2000 se sostuvieron como válidas. Sin embargo, otros estudios han demostrado que en la mayoría de los casos la brutalidad policial no se denuncia, por temor a represalias y por no confiar en el sistema.
En 1982, el gobierno federal financió un Estudio de los Servicios de Policía, en la que más de 12 000 ciudadanos seleccionados al azar fueron entrevistados en tres áreas metropolitanas de importancia. El estudio encontró que el 13 % de los encuestados habían sido víctimas de brutalidad policial en el año anterior, pero solo el 30 % de los que reconoció tal brutalidad presentó denuncias formales, alegando no tener confianza en esa gestión.
La brutalidad policial es a menudo asociada con la raza. Las diferencias raciales, religiosas, políticas y socioeconómicas entre la policía y los ciudadanos pueden contribuir a la creación de una relación en la que algunos agentes de policía pueden ver a la población o en una parte de ella como un grupo al que castigar, al tiempo que estas porciones de la población ven en la policía a un grupo opresor. Además, existe la percepción de que las víctimas de la brutalidad de la policía a menudo pertenecen a grupos relativamente sin poder, como las minorías, los jóvenes y los pobres, en particular los negros, culturalmente y socialmente segregados.
El país que impone su democracia al resto del mundo, certifica si es así o no y sanciona por apartarse de ella, tiene serias grietas en su sistema de administrar la llamada justicia estadounidense, que tolera los crimines de los ricos y es severa con las faltas de pobres. Pero, estar atentos, si la justicia es pésima, las prisiones tanto públicas como privadas son peores, según estudios recientes.
En Estados Unidos brutalidad de los funcionarios de prisiones es especialmente abundante. Un informe del imparcial Humans Rights Watch publicado y titulado “Cruel y degradante: el uso de perros para el traslado de internos en las prisiones de Estados Unidos”, reveló que cinco prisiones estatales contemplaban el uso de perros agresivos y sin bozal para aterrorizar e incluso atacar a los prisioneros como parte de los procedimientos de traslado de prisiones.
En Miami, la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle, de origen cubano detalló el arresto de varios guardias de prisiones de la Institución Correccional de Miami-Dade por la muerte a golpes del recluso Ronald Ingram en febrero de 2022, hecho que por sus características de tratarse de un hombre enfermo de sesenta años de edad, motivo protestas dentro y fuera de la prisión donde ocurrió.
Para más referencia hacia los incrédulos, que insisten que estas verdades son inventos para denostar, les sugerimos que consulten las horribles noticias sobre la prisión en Guantánamo, instalada en la ilegal base militar de Estados Unidos en esa parte del territorio de Cuba.
Es una verdad generalizada y aceptada por imposición es que en algunos casos, la policía se cree que está por encima de la ley. Algunas alegaciones parecen justificar la conducta desordenada, una de ellas es el temible código azul de silencio, por el cual un agente estadounidense debe callarse respecto a los errores que otro agente pueda cometer, para la protección de los intereses de los policías que violen la ley. La débil toma de decisiones éticas en los mecanismos de rendir cuentas en el seno de la policía y pobres procesos de investigación interna. Cuando un policía tolera una infracción moral de otro aforado, no tiene marcha atrás, solo le queda callar. Los límites que establece la ley orgánica, son ignorados con frecuencia por jefes comprometidos o involucrados que ejercen su autoridad por medio de manejos paralelos donde la negociación es la práctica y la ética está ausente. Continuará…
(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.
Foto de portada: AFP.
