¿Puntillazo final? Las implicaciones políticas que tiene en Colombia la sentencia contra Iván Duque
Por Ociel Alí López.
La sentencia del Tribunal Superior de Ibagué contra el presidente de Colombia, Iván Duque, publicada recientemente, es el puntillazo que le lanza la institucionalidad colombiana al uribismo, ya execrado de la carrera presidencial.
Es también una bocanada de legitimidad que toman los tribunales para ejercer poder, especialmente ante los indeterminados escenarios que se abrirán después de la segunda vuelta presidencial del 19 de junio.
Y no es que los motivos del fallo no sean cruciales. Son de suma importancia en tanto tienen como objeto obligar al rescate de un parque nacional que, según la sentencia, el Gobierno colombiano no resguardó tal como se lo demandó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2020.
El tribunal plantea que Duque desacató una orden judicial de la CSJ, debido a que se negó a cumplir con el dictamen que le demandaba recuperar el parque de Los Nevados, al que el alto tribunal le confirió el status de “sujeto de derechos”.
Por ello, le impone arresto domiciliario por cinco días y una multa de quince salarios mínimos. Además, encarga a la Policía Nacional (PN), o al superior que atiende las funciones de policía en el Palacio de Nariño, que cumpla el mandato.
En un país como Colombia, un tema relacionado con el medioambiente podría haber pasado desapercibido, pero no fue así. Una vez resuelta la primera vuelta electoral y con el uribismo –al que pertenece el presidente– en franca derrota, el tribunal lanzó un trastazo final a la moral de este movimiento hegemónico por dos décadas. Leña del árbol caído, dice el refrán popular.
La sentencia muestra que, de aquí en adelante, la Justicia colombiana ya no se va a dejar amarrar por el uribismo. Además, advierte a los candidatos presidenciales que hay un marco jurídico y que cualquier “tentación populista” puede acarrear sanciones.
Duque respondió al tribunal acusándolo de “prevaricato”: “Es inexplicable, quiere pasar por encima del fuero constitucional (…) dizque por no querer cumplir esa sentencia. La decisión es inconstitucional”.
Qué implicaciones políticas tiene la sentencia
Conocidos los resultados de la primera vuelta, destronado el uribismo y corroborado el impacto terrible del Gobierno de Duque (2018-2022) sobre el electorado uribista, esta condena viene a asfixiar el último aliento de una gestión que boquea.
Pero, y esto es clave, lo hace no por simple ejercicio “forense“, sino sobre todo para indicar, a futuro, que en Colombia hay una institucionalidad que no ha sido derribada a pesar del resultado electoral en el que los partidos tradicionales, los edificadores de dicha institucionalidad, fueron los grandes derrotados. Es entonces un “acto reflejo” del poder legal para explicar que quien ha muerto no es él, sino el uribismo.
La sentencia muestra que, de aquí en adelante, la Justicia colombiana ya no se va a dejar amarrar por el uribismo. Además, advierte a las nuevas experiencias políticas, que tratan de llegar al poder en esta segunda vuelta, que hay un marco jurídico y que cualquier “tentación populista” del vencedor puede acarrear sanciones de gran calado, incluso al nivel de la prisión presidencial.
La moral uribista
Como era de esperar, el uribismo se resiente moralmente con esta sentencia. Con Duque, ya son dos los mandatarios de esta corriente que han pasado o están pasando por este tipo de decisiones de la Justicia.
El expresidente Álvaro Uribe, fundador del movimiento, tuvo que pasar “casa por cárcel” en 2020. En agosto de ese año, la CSJ ordenó la detención del líder, quien aún está siendo imputado.
De aquella sentencia se derivó el acontecimiento que permitiría la verificación de la crisis terminal del uribismo: la renuncia de Uribe al Senado, que le enterró como líder activo y público de su gran movimiento. A partir de allí, Uribe ya no pudo mantener el gran peso que tuvo en la historia reciente colombiana.
De esta manera, el terreno legal es algo que el uribismo ya no controla como antes y, sin haber dejado el poder, se ubica como el principal señalado.
Un nuevo episodio de la ruptura interna
La detención de Uribe ya daba cuenta de una pérdida de cohesión del apoyo que había conseguido años atrás para su lucha contra las guerrillas y que había traído una inmensa impunidad en relación a la violación de los derechos humanos, además de la vinculación con grupos paramilitares.
Durante los mandatos del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), cuyo gobierno planteó una “moderación” del conflicto –a pesar de haber sido un actor militar preponderante como ministro de defensa de Uribe–, había existido una fisura definitoria a lo interno del bloque de poder.
Santos, como representante de la oligarquía tradicional (a la que Uribe no termina de pertenecer), vino a “adecentar“, con cierto éxito en su momento, la imagen violenta de Colombia y su estado guerrerista. Todo esto sin el consentimiento de Uribe, que pretendía prolongar el escenario bélico. La figura de Uribe era un obstáculo para ello y Santos se ganó el Premio Nobel de la Paz intentando eludirlo.
Estos signos mencionados sobre la “deslegitimación del uribismo” nos muestran que antes de la presidencia de Duque ya había un quiebre en el consenso del bloque hegemónico en torno a la figura de Uribe como emblema de articulación del status quo colombiano. Y en esa circunstancia llega el Gobierno de Duque.
Duque, un catalizador del ‘antiuribismo’
Si ya corría agua bajo el puente, la presidencia de Duque (2018-2022) puede considerarse como la “fase decadente” del uribismo, donde se produjo una crisis interna al bloque hegemónico. Por un lado, las oligarquías ya no estaban dispuestas a seguir empantanadas por la lógica guerrerista que arropó a Colombia, y por el otro, las instituciones liberales también comenzaron a deshacerse del tutelaje uribista.
El uribismo como significante aglutinador ha cedido. Los resultados electorales de la primera vuelta, así como los de las legislativas de marzo, son la prueba más fehaciente. Ya no puede conservar en firme sus cuotas de poder.
En julio de 2020, ya el alto tribunal colombiano había producido sentencia sobre la presencia de militares estadounidenses – especialmente las unidad élite denominada Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB)– en territorio colombiano, ordenándole al presidente la entrega de toda la información respectiva a las actividades ejercidas y suspendiendo cualquier autorización al contingente militar para realizar sus actividades.
Este fallo podría no vincularse con la temática actual que nos ocupa, pero sí lo relaciona en tanto son pruebas de la pérdida de poder del uribismo, concretamente de Duque, para seguir desarrollando una política externa sin consulta y sin permiso de los órganos competentes.
El poder jurídico comenzaba a ponerle cierta camisa de fuerza al presidente. Ya se declaraba que la lucha contra el uribismo, incluso desde sus antiguos aliados, tomaría ribetes legales para diseñar una “transición controlada” por los administradores de justicia.
Así que esta medida legal, a poco más de diez días de saberse quién será el nuevo presidente, tiene un desencadenante político.
Duque a la Cumbre de las Américas
A pocos días del veredicto, y ya culminando su mandato, el presidente Duque participa esta semana en la Cumbre de Las Américas con su país esperando un nuevo presidente, señalado por el liderazgo regional como el causante de la derrota del ‘omnipotente’ uribismo, con una aceptación pública muy disminuida y, además, imputado por un tribunal de su país.
Sin embargo, para Duque, este tipo de acto significa una salida honorable, aunque antes de tiempo. La despedida pública luce apremiante ya que esta campanada legal indica que podría ocurrir algo peor con su gestión, incluso en lo que le queda de mandato oficial, que culmina el 7 de agosto de 2022.
En medio de una debacle política, le queda esta última oportunidad para figurar en los escenarios geopolíticos y va a tratar de aprovecharla al máximo.
Tomado de RT/ Foto de portada: Bebeto Matthews / AP.
