Senado aprueba proyecto de ley sobre el censo nacional en Bolivia
La propuesta legal, aprobada el sábado por el pleno de Diputado, recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.
Los senadores bolivianos aprobaron este martes ley de convocatoria al censo nacional, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y destrabó el conflicto de 36 días entre la oposición en el departamento de Santa Cruz y el Gobierno del presidente Luis Arce.
La décima octava sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se instaló a las 08H55 y para las 09H10 se aprobó la dispensación de trámite del proyecto de ley con el fin de que se evite el trámite por la Comisión de Constitución e ingrese de manera directa a consideración del plenario.
La iniciativa se denomina Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, y establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.
De manera adicional, determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
La norma fue aprobada el pasado sábado por más de dos tercios de los Diputados. Tras ello, el Comité Pro Santa Cruz determinó levantar el paro indefinido que se extendió por 36 días provocando la muerte de al menos cuatro personas, decenas de violaciones a los derechos humanos y pérdidas económicas por más de 1.000 millones.
El relevamiento poblacional, que determina el reparto de recursos entre las regiones del país y la Constitución boliviana establece que debe realizarse cada 10 años, estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre de 2022, ya que el último fue en 2012, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 por razones técnicas.
Después de semanas de conflicto, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamaba una ley que la fijara.
Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: AVI.
