El Gobierno de Chile evalúa crear una cárcel especial para mapuches

En la zona conocida por los mapuches como el Wallmapu, se vive desde octubre de 2021 una extensa militarización.

El Ministerio de Justicia de Chile analiza la posibilidad de tener un recinto penitenciario exclusivo para personas imputadas y condenadas pertenecientes a las comunidades indígenas, de acuerdo con Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia.

La iniciativa ha generado distintas reacciones. Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista de Chile Leonardo Soto señaló que es necesario un «cambio estructural» y por ello surgió la idea de que exista un penal exclusivo para personas pertenecientes a pueblos originarios. Aseguró que ello no «implicaría un trato especial ni una discriminación, pues solo se hace cargo y acoge lo que establece el Convenio 160 de la OIT».

«Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello», declaró Gajardo al diario chileno La Tercera.

En medio de las discusiones generadas a raíz de solicitudes de algunos presos mapuches para ser trasladados a penales de su preferencia, el subsecretario aseguró que el tema es muy importante y coincide en la necesidad de adaptar el sistema penitenciario chileno al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho documento establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas.

Estamos, además, revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el Convenio 169 de la OIT», aseguró.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, también conocido como Convención 169 de la OIT o Convenio 169 de la OIT, es una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.

Entre las voces de la oposición que están empujando la iniciativa se encuentra el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. De acuerdo con Jaime Gajardo, el 28 de septiembre, en medio de un almuerzo con parte de la bancada transversal de La Araucanía, Mellado comentó que era necesario pedir que Bienes Nacionales ceda un terreno a las afueras de alguna de las ciudades de la región para instalar una cárcel de alta seguridad, exclusiva para personas imputadas por delitos relacionados con la violencia rural.

Pero el análisis que está realizando la Subsecretaría de Justicia contempla un recinto especial para los imputados y condenados que pertenezcan a pueblos indígenas reconocidos por el Estado, sin importar el tipo de falta que cometan.

«Estamos al debate en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas. En el gobierno anterior esto se comenzó a abordar y por eso se dictó la resolución 3.925 por el subsecretario Sebastián Valenzuela y el ministro Hernán Larraín. Los distintos sectores reconocen que tenemos un problema y un desafío como Estado respecto de este tema», apuntó Gajardo.

El diputado Andrés Jouannet, de la bancada transversal de La Araucanía, se mostró abierto a la propuesta siempre y cuando se excluya a las personas investigadas por delitos graves, como homicidios.

En cambio, el diputado Henry Leal, de la Unión Demócrata Independiente, está en contra pues, aunque, en sus propias palabras, «cree en la segregación», «hay un principio fundamental que es la igualdad ante la ley».

«Distinto es si hablamos de un penal para terroristas, pero en cuanto a lo que se propone, creo que no es opción. Ley pareja no es dura», aseguró Leal.

Con información de Sputnik / Foto de portada: AP / Esteban Felix.

 

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