Perú: Entrevista exclusiva con Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, “Contra las masacres, pedimos un pronunciamiento de la CELAC”

Por Geraldina Colotti.

Wilfredo Robles Rivera es el abogado que defiende al presidente de Perú, Pedro Castillo, encarcelado por el gobierno «de facto» de su vice, Dina Boluarte, quien lo derrocó con un «golpe institucional». Una situación rechazada por las protestas populares que, tras declarar un paro general, desde las zonas rurales del sur han llegado a Lima. Gritan «¡Dina Asesina!» y exigen “¡Que se vayan todos!”.

El 7 de diciembre, Pedro Castillo, después de haber sufrido un nuevo ataque del Congreso, intentó disolverlo, dando el último paso hacia la trampa. El abogado Robles explica los artificios de la derecha para construir esta trampa, las propuestas de los manifestantes y las dificultades que enfrentan, diezmados por las fuerzas represivas que ya han causado 50 muertos, cientos de heridos y detenciones arbitrarias por el “estado de emergencia”, declarado por Boluarte.

Habíamos escuchado a Robles durante el foro internacional «Claves para derribar el golpismo en el Perú, desde la perspectiva jurídica nacional e internacional», organizado el 5 de enero por la CTE (Central Continental de Trabajadores y Trabajadoras de la educación) y por el Pmp (Partido Popular y Magisterial del Perú). Un debate que también contó con un conmovedor llamado del anciano padre de Castillo y de una hermana, quienes subrayaron la importancia de la solidaridad internacional. Luego, contactamos al abogado peruano para pedirle una actualización sobre la situación.

Abogado Robles, gracias por dedicarnos parte de su tiempo, que sabemos es precioso en la compleja situación que vive su país, y que lo ve personalmente involucrado. Mientras tanto, ¿por qué aceptó la defensa del presidente Castillo?

Primero porque me dedico a la defensa de procesos penales y soy conocido en los sectores populares por defender a los procesados por luchas sociales. Consideré que defender al presidente Castillo, un presidente que no fue elegido por las oligarquías o las plataformas mediáticas, sino por los movimientos populares, estaba de acuerdo con mi perfil legal. Además, en ese momento, la señora Dina Boluarte ya había iniciado la matanza contra la insurgencia popular de gente desarmada que no reconoce a su «gobierno», y pide que Castillo sea liberado y retome su cargo. Y entonces, ante una situación jurídica compleja como la que mantiene preso al presidente Castillo, se necesitaba un abogado penalista que pudiera presentar un recurso de apelación contra la prisión preventiva que arbitrariamente se le aplicó: a pesar de saber que sería rechazado, porque el poder judicial está aceptando las decisiones impuestas desde arriba para consolidar la dictadura, y eso implica arrastrar por el fango y destruir la figura del presidente. Ahora hemos presentado recurso de Casación.

¿Cómo surgió esta situación y qué salidas legales existen?

Necesitamos volver sobre los pasos del golpe parlamentario, un golpe lento, un golpe prolongado que fue organizado en varios frentes por la derecha y por la coalición que controla, y que también logró captar varias instituciones. Una estrategia que comenzó incluso antes de que el presidente Castillo asumiera el cargo, cuando la derecha no reconoció los resultados y comenzó a presionar a los órganos electorales para que declararan un fraude inexistente. Un golpe electoral, entonces. Cuando Castillo asumió, comenzó el verdadero golpe parlamentario, a través de un obstruccionismo que impidió que cientos de proyectos de ley presentados por el gobierno llegaran a discusión y, por lo tanto, menos, fueran aprobados por el Congreso. Llegaron luego diversas solicitudes de destitución del presidente mediante el procedimiento de vacancia. Y aquí también entró en juego otra modalidad de golpe, el judicial y policial, que los analistas internacionales hoy llaman lawfare. Implica la complicidad de fiscales y jueces que arman falsos expedientes de corrupción, por ejemplo utilizando las declaraciones de conocidos empresarios, que ya han trabajado con gobiernos anteriores sobornando. En base a este tipo de investigaciones judiciales, tomadas al pie de la letra por el Congreso, se solicitó un primer procedimiento de vacancia que no logró obtener los votos necesarios y fue declarado improcedente. Pese a ello, la derecha ha vuelto a pedir una segunda «vacancia» con los mismos argumentos que se habían declarados improcedentes. Y finalmente, aquí viene la solicitud de «vacancia» con base en el discurso que pronunció el presidente el 7 de diciembre, cuando declaró la disolución del Congreso. Aún en esa circunstancia, no habían obtenido los votos necesarios para presentar la solicitud, porque el reglamento del Congreso exige cuatro quintos del número total de parlamentarios, o sea 104, mientras que ellos sólo tenían 26 votos. No obstante, votaron para destituir al presidente en un procedimiento acelerado, avalado por otras instituciones, especialmente militares y policiales. Y aquí es donde entra en juego el golpe militar-policial. A partir de allí, se violan todos los derechos humanos de Pedro Castillo y se violan todas las garantías legales.

¿Cómo?

En primer lugar, él ha sido sometido a un proceso judicial, a un procedimiento ordinario, mientras que como presidente, con base en el artículo 99 de la constitución, goza de una prerrogativa llamada «ante-juicio», un juicio político previo, que el Congreso no ha cumplido, declarando suspendido este procedimiento en su caso. Al hacerlo, allanó el camino para que la Fiscal General, conocida por estar al servicio de la derecha golpista, pida 18 meses de prisión preventiva.

Ni siquiera el juez de instrucción, que debía evaluar la decisión, se atrevió a solicitar la aplicación del antejuicio y convalidó la detención.

¿Y sobre qué base?

Aquí nos encontramos ante otra arbitrariedad. De acuerdo con las motivaciones de la fiscalía, existen fuertes elementos de sospecha de que Castillo sería considerado coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado. Sin embargo, según el código penal, el delito de rebelión exige una insurrección armada, no basta un discurso. Cualquier persona consciente sabe que una rebelión armada implica la presencia de una comunidad de personas que, además con armas pesadas para contrarrestar la fuerza militar del gobierno, asaltan el poder del Estado. Y esto no se dio. Por eso, sostenemos que desde el 7 de diciembre en el Perú no existe el estado de derecho, se ha violado para encarcelar a Castillo, quien ahora es un preso político de la dictadura. Un régimen tiránico, encabezado por Dina Boluarte, que lanza tropas equipadas con fusiles de asalto y otras armas de guerra contra la población que protesta, y que ha causado hasta el momento 50 muertos, cientos y cientos de heridos y detenciones forzadas, y miles de allanamientos ilegales. Un proyecto dictatorial en el que lograron capturar a casi todas las instituciones. Los dos únicos órganos que no han sido sometido hasta el momento son la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. Para ello han dado a luz al proyecto de acortar el mandato de los magistrados que dirigen estos dos cuerpos.

¿Y lo consiguieron?

En la práctica sí, porque esto gobierno de las matanzas ha obtenido un voto de confianza. Según la tradición constitucional peruana, luego de que el presidente haya validado el juramento de su gabinete, debe presentarse al Congreso para ilustrar su programa en los distintos sectores y obtener el voto de confianza, que Boluarte obtuvo. El protagonista principal es el señor Alberto Otarola, quien fue ministro de Defensa durante la primera matanza de las protestas, y quien ahora es presidente del Consejo de Ministros mientras transcurre la segunda masacre. Lo preocupante es la indiferencia o la lentitud de los organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos: tanto la OEA de Almagro, uno de los principales artífices de los golpes de Estado contra gobiernos de izquierda, o considerados como tales, en América Latina, como también de la ONU. La intervención de los tribunales internacionales puede poner fin a la masacre de las protestas e imponer el restablecimiento del estado de derecho en el Perú. Si una situación similar hubiera ocurrido en Venezuela o en alguno de los países que no gustan a Washington, ya habrían votado para enviar tropas internacionales.

¿Y qué caminos quedan por recorrer?

La cumbre de la CELAC tendrá lugar en Argentina el 23 de enero. Pedimos a los países hermanos un pronunciamiento, una declaración final de condena a la dictadura, que se extienda a otros organismos internacionales, como Runasur, Alba. Le pedimos su apoyo por la liberación de Pedro Castillo, la condena a los asesinatos en masa, las detenciones arbitrarias, las heridas a manifestantes y su persecución, a las que se prestan los medios hegemónicos a sueldo de la dictadura.

Para armar el golpe contra Castillo, los medios hegemónicos usaron y usan el chantaje del “terrorismo”, el llamado “terruqueo”, que también usaron contra usted y que usan contra cualquiera que esté en desacuerdo con el sistema dominante. ¿Cómo tomó forma este chantaje y qué se puede hacer para contrarrestarlo?

El llamado terruqueo es uno de los elementos de la guerra psicológica, utilizado en el Perú para estigmatizar y aislar a todo aquel que no esté de acuerdo con el modelo económico y social imperante, para evitar cualquier actitud crítica del gobierno. Proviene de “terruco”, palabra inventada por las fuerzas represivas durante los años 80 del siglo pasado cuando existían organizaciones armadas que querían subvertir el poder del estado. Su acción fue calificada como delito de terrorismo. Acusación que luego se extendió a todos los que tenían convicciones marxistas, a todas las formas de lucha de clases. Todos los sospechosos de terrorismo fueron llevados a los calabozos por una policía política especializada, la Dircote. Ocurrieron abusos, torturas y detenciones arbitrarias, impuestas sobre la base de informes policiales tomados literalmente por el poder judicial que los llevó a los tribunales para complacer a la dictadura de Fujimori, y sobre los cuales se impusieron cadenas perpetuas y largas penas de prisión. Mucha gente era inocente: representantes sindicales, universitarios como yo, que no estaban de acuerdo con la dictadura. Estuve en prisión sin juicio durante 11 años, probablemente para presionar a mi madre, que era dirigente de barrio y trabajaba en los asentamientos surgidos en las afueras de la capital. Luego, fui absuelto, también a pedido del propio Ministerio Público. Ya no había los mismos jueces, había caído la dictadura… Contra los «terroristas» se aplicaba y se sigue aplicando el derecho penal del enemigo, una legislación especial que hoy, por ejemplo, ha incluido el narcotráfico en el código penal, para enjuiciar a los campesinos cocaleros.

Bajo la misma lógica, y aun en ausencia de acciones armadas, abogados y activistas de la organización Movadef han sido encarcelados a través de la llamada Operación Olimpo. ¿Cómo fue esto posible legalmente?

La organización Movadef ha sido acusada de terrorismo porque intentó inscribirse en el registro electoral como partido político y porque pidió una amnistía tanto para los presos políticos como para los militares y policías que participaron en el enfrentamiento armado de los años 80. Según la acusación, la idea de hacer un partido legal surgió de los detenidos militantes de Sendero Luminoso, por lo que se trataba de una organización terrorista que podría realizar acciones armadas contra la seguridad nacional. Pero este es un caso conocido, que ha salido a la luz. Detrás de él, hay muchos otros referentes a estudiantes, trabajadores, y que me ha tocado defender de las acusaciones de violencia contra la autoridad. Por ejemplo, agentes de inteligencia se infiltraron en una asamblea universitaria y comenzaron a filmar a estudiantes que discutían asuntos internos en la facultad. Cuando fueron descubiertos, comenzaron a disparar. Los estudiantes los detuvieron hasta la llegada de la prensa y el poder judicial, que luego los acusó de violencia y secuestro, y no a los agentes. Cuando quieren golpear a los que no están de acuerdo, usan el código penal, con el delito de hurto, secuestro. Hasta entre ellos se hacen lawfare. Cuando tienen el poder de lado, lo usan de todas las formas, tanto a nivel local, como vimos con el lawfare contra Cristina Kirchner o contra Lula y contra Castillo, como internacionalmente, como vemos con la imposición ilegal de «sanciones” a Venezuela o con el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab.

¿Cuáles son los objetivos de la protesta popular?

La lucha de la población, mayoritariamente andina, no se concentra en la capital. Son principalmente las comunidades distantes las que se movilizan, que son un bastión contra la globalización y contra la ideología ultraliberal que la sustenta. Exigen la renuncia de Dina Boluarte y una Asamblea Popular Constituyente, obviamente después de la finalización del Congreso. Los pueblos de la sierra exigen que todos se vayan ya, que se libere a Castillo y que pueda convocar a la Asamblea Constituyente. El presidente del Jurado nacional de elecciones ha dicho que es posible lograrlo en tres meses y llegar a nuevas elecciones. Si bien en la capital hay quienes miran a las comunidades andinas con posturas de superioridad, estas tienen su propia plataforma con contenidos definidos en cinco puntos: la libertad inmediata de Castillo; renuncia de la usurpadora y regreso en el cargo del presidente; clausura del Congreso golpista; condena a los responsables de la represión; Asamblea popular constituyente para un nuevo pacto social. Una lucha protagonizada por las organizaciones tradicionales de las comunidades rurales, como la Unión Campesina, el Frente de Defensa, y que ha ido en aumento tras las masacres, cuando las comunidades que vivían a 4-5.000 metros sobre el nivel del mar decidieron bajar a protestar. Comunidades que rechazan las falsas representaciones de quienes las utilizan para sentarse a la mesa con el gobierno golpista, y que también han hecho daño dentro del gobierno de Castillo. Como decía el poeta anarquista Manuel González Prada, las masacres de los indígenas, considerados salvajes a los que hay que corregir, se han repetido cíclicamente. Pero esta vez, las comunidades andinas quieren que sea diferente.

¿Cuál es la opinión del Presidente Castillo? Recientemente, se hizo pública una declaración de apoyo a las protestas.

El presidente está recluido en régimen de aislamiento, ni siquiera se le permite llamar a su familia, y pasamos el tiempo discutiendo su defensa. Apoya la plataforma en cinco puntos, pero hay que aclarar que no tiene contacto con el exterior.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

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