Policías de Estados Unidos, se disputan la cima de la violencia (II)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Uno de los secretos, bien guardados del Departamento de Justicia Juvenil y ahora de las agencias privadas llamadas para asumir la obligación del Estado es la verificación inadecuada de personal actuante y de las normas, que deben observar. Por ejemplo el tener un pasado de violencia o abuso sexual no ha impedido conseguir empleo en ese Departamento ni las agencias privadas que operan las instalaciones residenciales para menores en la Florida. Han contratado a cientos de antiguos guardias de prisiones, entre ellos algunos que perdieron su empleo anteriormente por trato sexual abusivo de colegas, “relaciones indebidas” con reos, contrabando de artículos prohibidos y por dormir en horas de trabajo.

Algunas acciones epidérmicas se han tomado para tapiar otras realidades. Una persona se declaró culpable de derribar a un discapacitado en una residencia, fue condenado y todavía estaba en probatoria cuando empezó a trabajar en un programa juvenil en Jacksonville. Cinco meses más tarde, golpeó violentamente a un joven de 15 años con una linterna, en su nuevo trabajo.

Además, una empleada que trabajaba en un hospital psiquiátrico de una prisión, despedida debido a una “relación indebida” con un reo, comenzó a trabajar en un programa juvenil, y a los pocos meses fue acusada de tener relaciones con un adolescente  en un baño.

En el desacreditado Departamento, hay alegaciones de que empleados tuvieron relaciones sexuales con detenidos. Una consejera de un programa en Fort Lauderdale —era conocida como “la asaltacunas”, incluso tuvo un hijo con un detenido. Seis meses después, el programa le dio una recomendación excelente por su trabajo con menores.

La tolerancia de la impunidad y la cultura de los encubrimientos, son atributos del Sistema. Durante los últimos 15 años, se han investigado 1,455 alegaciones de agentes de detención de menores y otro tipo de personal sin que se haya reportado el trato abusivo de detenidos, o si lo reportaron mintieron sobre las circunstancias.

En el Condado Polk, la policía acusó a tres antiguos administradores de la Highlands Youth Academy de alteración de pruebas. Se documentó, que los administradores encubrieron conductas sexuales indebidas destruyendo declaraciones escritas, y ocultaron la agresión a un detenido escondiendo un video incriminatorio.

Tampoco ha sido interés, actualizar o mejorar el sistema de cámaras de seguridad defectuosas, esto ha permitido proteger las violaciones que se cometen. La retórica insiste desde hace más de una década, que  las cámaras de video viejas y defectuosas socavan la capacidad del estado para investigar hechos indebidos. Y que los sistemas son fáciles de eludir.

Una investigación sobre alegaciones de que un adolescente, que aseguró haber sido golpeado en la ducha después que un empleado “preparó la agresión” fue obstaculizada al ser borrados 135 segundos de dos cámaras. Un video en otro caso muestra a un detenido de pie sobre una silla moviendo el lente de la cámara hacia un lado como preparación para una golpiza alentada por un miembro del personal. El mencionado caso de Elord Revolte, fue inevitable ocultarlo gracias a las cámaras de seguridad.

Otro tema relevante es la impunidad jurídica institucional del personal abusivo, tal fue el caso de adolescente que falleció a causa de una lesión en la cabeza cuando un empleado de West Palm Beach lo estrelló contra el suelo. Esto provocó, que se aprobara una ley que facilitó penalizar al personal que abusara o no se ocupara debidamente de los jóvenes, pero fue letra muerta, durante las investigaciones periodísticas, la Policía Estatal de la Florida no pudo citar ningún ejemplo en que se hubiese invocado dicha ley.

Si el trato rudo tiene por fin impedir que los jóvenes no vuelvan a delinquir, no parece esté funcionando. El estado informa que 45 por ciento de todos los detenidos terminan regresando al sistema de justicia en un período de un año, muchas veces como delincuentes adultos. Queda claro que los programas de justicia juvenil de la Florida se han convertido en un aval y una vía de acceso al sistema de prisiones para adultos. Los centros son almacenes de niños, jóvenes y adolescentes que han entrado en conflicto con la ley.

Otro problema es que durante años, los “abusos a cambio de recompensas” y de otro tipo han sido tan comunes en el sistema como las cercas de alambre de púas y los vegetales en las comidas. Llueven las quejas de jóvenes malnutridos.

Se pudiera aliviar el problema, eliminando las máquinas de vender de las salas de descanso de los empleados y hacer cumplir estrictamente la prohibición de traer comida de afuera. Un funcionario hastiado de esas realidades expresó: “Ellos tienen pruebas. Tienen las quejas. Tienen un patrón de incidentes en toda la Florida”. “Es una barbaridad”.

Los sucesos parecen ser tomados de películas de ficción, pero son crudos y reales, uno de ellos acaparó la indignación pública, aunque el video es borroso, tal vez como consecuencia de una manipulación técnica para encubrir participantes, permite apreciar a Andrew Ostrovsky entrar al centro de la imagen, mientras un agente de detenciones vestido de negro avanza y agarra al menor de 14 años, por la camisa y lo estrella contra una pared en la cafetería del Centro Regional de Detención Juvenil de Broward. Andrew queda presionado contra la pared durante 7 segundos por el agente Darell Bryant, que a continuación, le agarra un brazo y lo lanza al piso y lo  golpea en la cara y le fractura la nariz en dos partes.

El padre de Andrew, Uri Ostrovsky, no puede creer lo que ve cuando le muestran el video por primera vez. “A ese hombre hay que meterlo preso”. “Qué hijo de perra”, dice Ostrovsky sin levantar la voz, al tiempo que pide ver otra vez el video.

Quienes están recluidos no son entes pacíficos, pero les asisten todos los derechos humanos, para ser tratados con respeto, la mayoría como Andrew han tenido una vida difícil. Fue un niño adoptado, sacado de un hogar de  paso, para agravar más su situación, las autoridades le retiraron su custodia a la madre cuando apenas tenía 18 meses, fue adoptado por otra familia a los 3 años y lo devolvieron a la custodia del gobierno a los 6 años. Lo dejaron abandonado. “Le dijeron: ‘Ya no te queremos”, como si fuera un electrodoméstico con defectos.

Andrew, estaba en el centro de detención por llevarse sin permiso la furgoneta de su padre. El informe del Departamento de Justicia Juvenil dice que la víctima se quejó a un guardia que le costaba trabajo llevarse con otro joven, este le recomendó que lo golpeara.

Después de visitar a su hijo en el hospital, Ostrovsky dijo que confrontó al superintendente del centro de detención, quien le dijo que a los agentes “no les pagan bien y nadie quiere el empleo”.

La investigación del Departamento de Justicia Juvenil atribuye a Andrew haber dicho que el otro joven había estado molestándolo y le pidió consejo a Bryant. El informe implica, y el video muestra, que Andrew hizo exactamente eso, le lanzó un golpe sin mucha fuerza, y el agente intervino violentamente para separarlos, con rudeza y lo golpea. Sin embargo el texto omite, la indicación del guardia, de tomarse la justicia por su mano.

El padre del menor opinó que su hijo de 14 años fue encarcelado por un hecho no violento, pero entonces lo golpearon salvajemente. El agresor, un adulto, sigue libre. Andrew, dijo su padre, “hizo cosas malas. Pero pagó por lo que hizo. Eso no significa que hay que destruirlo”.

El sistema de prisiones para menores de la Florida ha sido reiteradamente criticado desde su creación. La Escuela Arthur G. Dozier para niños, la primera escuela reformatorio del estado, se inauguró en 1900, una especie de experimento en materia de “capacitación intelectual y moral”. Tres años más tarde, en el lugar encontraron a jovencitos con grilletes.

A pesar de la periódica indignación, los menores en el sistema de justicia juvenil nunca han recibido la misma atención que los menores víctimas de abuso y negligencia, aunque en muchos casos son los mismos menores que han crecido y han tenido problemas.

Durante generaciones, los programas de justicia juvenil de la Florida estuvieron estrechamente ligados con el sistema de bienestar infantil en una enorme agencia llamada Servicios de Salud y Rehabilitación. La agencia operaba sobre la base de un modelo de servicios sociales, y los programas de bienestar infantil y atención a delincuentes juveniles se basan en el mejor interés de los menores. Esa filosofía se ha mantenido incluso después que los programas de atención a delincuentes juveniles se separaron en 1994.

Pero en el 2000, la agencia se inclinó por el castigo como método cuando la Legislatura aprobó una modificación completa del sistema, que se dio en llamar “Amor con mano dura”. En momentos que la Florida hacía frente a un aumento significativo de delitos por parte de menores de edad, una ola que ponía en peligro la importantísima industria turística del estado, el énfasis estaba en la “mano dura”, como método para disuadir, se fue a los efectos y no a eliminar las causas, entre ellas la crisis económica.

Se fue inculcando un sentimiento de desprecio hacia los jóvenes en conflicto. “Dejamos de ver a los menores como los hijos de alguien y más como depredadores a quienes temer. Y la forma en que se enfrenta a un depredador es lo contrario de como se trata a un menor que ha tomado una mala decisión”, dijo Jim De Beaugrine, analista legislativo del Departamento de Salud y Recursos Humanos entre 1988 y 1997, y después jefe de personal de la Comisión de Asignación de Fondos para la Justicia hasta el 2007.

Este modo de actuar se sistematizó, lo cual provocó responder a la violencia con más violencia, pero esta vez ejercida con todo el poder del Estado.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Captura de video.