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Brasil: Lula corta poder a los militares

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le recortó poder al sector militar del gobierno y puso bajo el control civil de la jefatura de gabinete a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). La decisión se hizo oficial ayer y si bien el cambio ya se planteó durante el periodo de transición, debido a la impronta bolsonarista de muchos de sus miembros, los ataques del 8 de enero a la sede de los tres poderes en Brasilia terminaron por acelerar el traspaso de poderes.

La ABIN fue creada en 1999 como un órgano centralizado de la inteligencia del Estado brasileño. Respondía hasta ahora al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que se encuentra en el centro del debate debido a que sus integrantes, militares, son los encargados de la seguridad presidencial y del Palacio del Planalto.

En 2019, en el gobierno de Jair Bolsonaro, el GSI recuperó su estatus de ministerio al mando del general Augusto Heleno.

Después del intento de golpe del 8 de enero, Lula acusó a los servicios de inteligencia del Estado de haber fallado en la prevención de los movimientos de ultraderecha que terminaron accediendo sin resistencia a las sedes de los tres poderes. Actualmente el GSI está comandado por el general Marco Gonçalves Dias, el elegido para depurar a los altos cargos afines a Bolsonaro. Hasta finales de enero, 121 militares habían sido designados para ocupar puestos de distinta responsabilidad en el GSI.

La idea de transferir la ABIN a Casa Civil fue planteada por Lula, que eligió para liderar el ministerio a uno de sus hombres de confianza, Rui Costa, en gran medida por la incomodidad en el seno del nuevo gobierno por la militarización de los servicios de inteligencia, que se entiende como un vestigio de la dictadura.

Actualmente se investiga si militares nombrados en la gestión de Bolsonaro permitieron la destrucción de la casa de gobierno durante el intento de golpe.

Como parte de la investigación, el miércoles un juez de la Corte Suprema decidió mantener en la cárcel al ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres.

La defensa del también expolicía, preso de forma preventiva desde el 14 de enero por “indicios de omisión” ante los ataques a las sedes de los tres poderes por parte de seguidores radicalizados de Bolsonaro, había pedido al juez Alexandre de Moraes la libertad, pero el magistrado consideró que no hay motivos para ello y que sería “prematuro” concederla.

En su decisión, Moraes destacó que la “omisión y connivencia de diversas autoridades del área de seguridad” con los vándalos quedaron “demostradas”. El juez citó, entre otros puntos, la presencia de un número insuficiente de policías el día de los ataques y la autorización para que más de un centenar de micros con manifestantes ingresaran a la capital de Brasil sin ningún seguimiento de la policía. Torres, quien se encontraba en Estados Unidos el día de los ataques, se desempeñaba como secretario de Seguridad de Brasilia.

Tomado de Página/12.

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