Los fondos buitres: Una agresión más contra Cuba (II)
Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano
El objetivo principal y tal vez el único de los fondos buitre era demandar al Banco Nacional de Cuba, como entidad del Estado cubano, hacía ahí estaba orientada la acción, difamarlo y presentarlo además de insolvente, como incumplidor de sus compromisos y deudas, por lo tanto no confiable para préstamos e inversiones. Debilitar la capacidad financiera de un país asediado, bloqueado y acosado en todas direcciones.
Ilustra recordar cómo se comportaron las sentencias que favorecieron a los fondos buitre internacionales contra varios países, el caso de la República Argentina, pudiera explicar cuál es su proceder voraz y cómo se instrumenta en la ejecutoria práctica de la aplicación de sentencia. Un suceso emblemático fue el intento de apoderarse “legalmente” de la argentina Fragata Libertad, cuando hizo escala en un puerto de Ghana en el año 2012.
La voracidad es el signo distintivo de los fondos buitres, no se hartan, siempre en busca de apropiarse de todo a su alcance jurídico, contra la Argentina presentaron un nuevo pedido de embargo por la deuda pendiente en vías de pago. Se trató de fondos especulativos que rehusaron ingresar en los canjes de deuda previos, y ahora piden embargar activos locales en la Reserva Federal de Estados Unidos. Tres fondos buitre presentaron ante la Justicia de Nueva York un nuevo pedido de embargo en reclamo de una deuda por 230 millones de dólares. La solicitud fue realizada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, allí están radicados la mayoría de los reclamos contra la Argentina.
El pedido de ejecución de sentencia fue presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por parte de los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y Baindridge Capital. La solicitud llega en momentos en que el Gobierno argentino define la negociación con el FMI. Se reitera el fundamento oportunista del proceder buitrero.
Los fondos buitre reclaman embargar los activos que la Argentina tenga en la Reserva Federal de Nueva York, y fue realizado directamente con el formato de “orden de ejecución”. Según analistas, eso podría significar que ya fue otorgada la autorización judicial para el embargo y que ahora los fondos estarían buscando que se concrete el pago.
La mayoría de los fondos buitre con tenencias de bonos argentinos en default entraron en los canjes de 2005, 2010 o en la propuesta de pago que les hizo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en 2016.
Pero hubo un pequeño grupo de fondos que no entraron en ninguna de aquellas propuestas, ya sea porque no las aceptaron o bien porque en aquel momento no calificaban para cerrar un acuerdo.
Según el economista Sebastián Maril, la Argentina había elevado su informe anual ante la Security Exchange Commission (SEC) de Wall Street, en el cual computaba casos abiertos por 550 millones de dólares. Maril explicó que los tres fondos encabezados por Attestor pedían a la jueza autorizar un pedido para determinar cuáles eran los activos argentinos. El economista consideró que esa medida, llamada discovery, fue una especie de anuncio de que se iba a volver a haber embargos contra la Argentina.
El abogado que representa a los fondos es Dennis Hranitzky, fue quien en su momento representó al fondo NML-Eliott Capital Management para embargar a la Fragata Libertad en Ghana. Ahora Hranitzky solicitó el referido embargo de los activos argentinos en la Reserva Federal neoyorquina.
Un fondo buitre (en inglés vulture fund o holdout) es un fondo de capital riesgo o fondo de inversión libre que invierta en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra. El modus operandi de los fondos buitre consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra, a un porcentaje muy inferior al de su valor nominal (su valor facial), y luego litigar o presionar por el pago del 100% de este valor. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitre compran títulos de deuda de los países en una situación económica difícil, a precio muy bajo para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.
Como marco de fondo debe recordarse que el 10 de marzo de 1989, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Nicholas Brady, modificó la política de este país respecto a la deuda internacional. Bajo la nueva política, conocida como “el Plan Brady”, se instó a los prestamistas para que, de manera voluntaria, condonaran parte de la deuda no atendida por los países menos desarrollados, reestructuraran el saldo de la deuda que quedaba pendiente de pago y otorgaran préstamos adicionales a esos países.
El cobro de las deudas soberanas era raro hasta la década de 1950, cuando la inmunidad singular de los emisores públicos fue restringida. Esta tendencia fue desarrollada debido a la larga historia de impagos a los acreedores comerciales por parte de los gobiernos emisores con muchísima impunidad. Las acciones legales de cobro de la deuda soberana se iniciaron en la década de 1950. Un ejemplo fue la congelación de las reservas de oro de Brasil en poder de la Reserva Federal.
La práctica de inversión en deudas soberanas con la intención de demandar también se restringió debido a leyes especiales y por el hecho de que la mayor parte de las deudas soberanas eran acumulables. En virtud de las Doctrinas de Champerty, era ilegal en Inglaterra y los Estados Unidos comprar una deuda con la única intención de litigar sobre ella. La distinción que si la deuda fue adquirida para efectuar una recuperación o facilitar la inversión, la doctrina no era prohibida. La mayoría de las jurisdicciones han eliminado esta doctrina arcaica.
Del mismo modo, la deuda soberana con acreedores comerciales a finales de 1980 se llevó a cabo principalmente por los complejos bancarios. Este fue el resultado de la crisis de los petrodólares de la década de 1970, cuando los ingresos petroleros se reciclaron en los préstamos bancarios. La sindicación de deuda entre los bancos hizo recuperación poco práctica, como un fondo, con la intención de litigar.
En los ochenta los esfuerzos de reprogramación de la deuda en América Latina crearon muchos instrumentos nuevos y fácilmente comercializados como bonos Brady que trajeron nuevos jugadores en el mercado, incluidos los bancos y fondos de cobertura. Los acreedores originales luego escribieron sus posiciones y vendieron la deuda en el mercado secundario, que es un mercado compuesto por bancos y fondos de inversión centrados en la compra con descuentos para lograr una rentabilidad por encima del mercado en sus inversiones.
En este proceso, la cantidad de deuda se recompró y convertida en moneda local por los emisores soberanos de países en los programas de conversión de deuda oficiales diseñados para atraer la inversión, y en los países gravemente endeudados a través del Banco Mundial recompra financiados. El resultado es que las viejas estructuras se rompieron y muchas deudas recalcitrantes estaban disponibles para su compra con descuentos que superan el 80% del valor de capital nominal.
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El nombre es una metáfora que identifica a estos inversores de estos fondos con los buitres al sobrevolar pacientemente, esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor. Los operadores de mercado prefieren evitar esta denominación con denotación negativa, y en su lugar los llaman distressed debt o «fondo de situaciones especiales» (special situations funds, en inglés).
La entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de una disputa con un fondo buitre que culminó con el secuestro de la mencionada Fragata Libertad en un puerto africano, afirmó que «los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales.»
Los fondos buitre no solamente compran deudas de deudores corporativos, sino también de deudas soberanas estatales. Ese es el reciente caso de Argentina, por ejemplo, en el que los fondos buitre adquirieron una porción de la deuda pública externa a bajos precios a veces sólo el 20 % de su valor nominal, e intentaron que les pagaran cuando explotó la crisis económica argentina de 2001. Un solo fondo buitre administrado por Kenneth B. Dart, heredero de la fortuna de la Dart Container, reclamó 700 millones de dólares en un juicio contra el gobierno argentino.
El consorcio Elliott Associates tiene un largo historial de compra de deudas con el propósito de entablar juicios contra ellas. Según la legislación de Nueva York, jurisdicción en que se dirime el juicio de los fondos buitres contra Argentina, es ilícito comprar deuda con la intención y el propósito de litigar contra ella (N.Y. JUD. LAW § 489: NY Code – Section 489: Purchase of claims by corporations or collection agencies). Sin embargo, hasta ahora, de un modo u otro, estas organizaciones han logrado evadir la condena prevista en la norma. Continuará…
(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.
Imagen de portada: Razones de Cuba
