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El Salvador: La Masacre de El Calabozo cumple 41 años de impunidad

Más de 200 civiles fueron asesinados en El Calabozo, San Vicente, por el BIRI Atlácatl, el BIRI Ramón Belloso, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea de El Salvador en agosto de 1982 luego de pasar días huyendo de un operativo de tierra arrasada.

De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea ejecutaron la operación “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” en la zona de los Cerros de San Pedro en San Vicente. La población civil huyó del lugar, pero la mayoría se congregó a las orillas del río Amatitán.

El 22 de agosto, luego que el Ejército encontrara a los sobrevivientes de la operación, mujeres, niños y hombres fueron agrupados, ametrallados y quemados.

En ese momento, el general José Guillermo García se encontraba al mando de la institución castrense. La Comisión de la Verdad señaló que, al igual que en declaraciones públicas, García declaró ante la ONU que luego de haber realizado las investigaciones pertinentes se había concluido que no había ocurrido una masacre.

En declaraciones a VOCES brindada por el jefe de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, el caso se reaperturó en 2016 luego que la Ley de Amnistía fuera derogada por la Sala de lo Constitucional. Cristosal es la entidad litigante en el caso.

“Desde entonces han pasado siete años y el caso permanece en etapa de instrucción. La característica principal de las autoridades, tanto fiscales como judiciales frente al caso, es decir la Fiscalía General de la República y el Juzgado de 1º Instancia de San Sebastián, San Vicente, ha sido la pasividad”, expresó.

En enero de 2021, la fiscalía pidió la detención de cinco exjefes militares por su posible involucramiento en la masacre. Sin embargo, esta no se ha concretado.

Morales detalló que recientemente se nombró a un nuevo juez del caso.

“Nuestra expectativa como acusación es que las solicitudes tanto de las pericias especiales que ha pedido la acusación como la detención de los imputados sea ordenada por el tribunal y podamos profundizar o culminar una fase de instrucción que permita la depuración del proceso para pasar a la posterior etapa plenaria”, concluyó el jefe de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal.

Tomado de Resumen Latinoamericano – Argentina / Fuente: Voces.

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