Panamá declara moratoria minera tras masivas protestas que comenzaron por rechazo a concesión de cobre
El Congreso de Panamá aprobó este viernes, por tiempo indefinido, una moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en el territorio nacional, exigida desde hace dos semanas en las calles por decenas de miles de panameños que rechazan la operación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
La Asamblea Nacional aprobó la moratoria por 59 votos a favor y dos abstenciones.
Las manifestaciones lograron el jueves, además, que el Congreso dejara en manos de la Justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el Gobierno y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que permite la operación por 40 años de una mina de cobre en el Caribe panameño.
Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
“Es un gran logro para un país que estaba entregado a la minería. Nos queda el gran elefante (FQM) y eso lo vamos a pelear hasta el final por la vía constitucional y ante los arbitrajes internacionales que se presenten”, dijo a AFP la ambientalista Raisa Banfield.
Panamá se suma, en Centroamérica, a Costa Rica y El Salvador en esa política. La moratoria le permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes, según la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
La agitación social estalló el 20 de octubre, cuando el Legislativo unicameral aprobó la ley del contrato que firmaron en agosto el Gobierno de Laurentino Cortizo y FQM para sustituir el de 1997, que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.
Ese mismo día, empezaron los bloqueos de carreteras y protestas que fueron aumentando progresivamente y han semiparalizado el país, generando pérdidas millonarias en el turismo, el comercio, la agricultura y la ganadería.
Buscando aplacar el malestar, Cortizo y el Parlamento trataron de dar marcha atrás, con decisiones que incluyeron una propuesta de referendo y que, según analistas, solo lograron profundizar la crisis.
El Gobierno ha defendido el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, 10 veces más que el monto del acuerdo inicial.
Las autoridades advierten que el cierre de la mina conllevará la pérdida de 8 000 empleos directos y 40 000 indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por el déficit en sus fuentes de agua debido a la sequía que afecta al país centroamericano.
“Si cerramos la mina, vamos al arbitraje y lo perdemos (…), esto va a ser más deuda pública”, advirtió Fernando Aramburú, exministro de Economía.
La firma mundial en servicios financieros J.P. Morgan aseguró que una rescisión del contrato con FQM significará un clima de menor confianza de inversión en el país.
La minera, que ha invertido más de 10 000 millones de dólares en Panamá, asegura que aporta el 5% del PIB del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300 000 toneladas de concentrado de cobre al año, el 75% de las exportaciones.
Según un estudio del Centro Nacional de Competitividad, en 2024 la actividad minera en Panamá podría responder por el 8.3% a la economía del país.
Desde el otro lado, la directora del CIAM, Lilian Guevara, destacó que “el país está diciendo ‘no’ no solo al contrato, sino a esa forma dañina de desarrollo económico insostenible”.
Los manifestantes pasaron de pedir únicamente la anulación del contrato de la mina de cobre, que abarca unas 13 000 hectáreas en una zona selvática, a exigir la moratoria minera.
Guevara subrayó que “la actividad minera y ese proyecto en particular son totalmente desproporcionados en un país pequeño (74 000 km2), tropical, de altísima biodiversidad y dependencia de los ecosistemas, vulnerable al cambio climático y con 52 cuencas hidrográficas”.
Ambientalistas han alertado sobre la deforestación de la mina de cobre en el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México.
Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: AFP.
