Milei criminaliza la protesta
La sociedad argentina rechaza el pretendido DNU del Milei, en las calles con manifestaciones espontáneas, mediante una docena de acciones judiciales promovidas por constitucionalistas, sindicatos y colectivos de derechos humanos.
Ayer 27 de Diciembre, Milei redobló la apuesta y presentó al Congreso un proyecto de ley con 600 artículos entre los cuales:
• Asume por delegación el Poder Legislativo.
• Aspira privatizar 41 empresas estatales estratégicas, como YPF, ARSAT, etc.
• Declina la jurisdicción judicial argentina para asuntos estatales a favor de tribunales arbitrales extranjeros.
• Declina la defensa del interés público en los conflictos con contratistas del Estado, a favor de transacciones cuando “existiere la posibilidad cierta” de que el reclamo privado pudiera prosperar.
• Desmantela los compromisos del Estado al arrogarse la facultad de renegociar o rescindir todo contrato.
• Suspende la actualización de las pensiones y jubilaciones.
• Autoriza las mafias para la reventa de entradas y el contrabando hormiga.
• Deroga todo límite a las posibilidades de endeudamiento público.
• Beneficia a los ricos al reducir hasta eliminar el impuesto al
patrimonio (Bienes Personales).
• Condona a las empresas las multas y sanciones de cualquier naturaleza por sus infracciones a los regímenes de protección de los
trabajadores.
Pero dentro de ese panorama de vulneración y desenfreno contra las instituciones públicas, la vida democrática y los que menos tienen, hay algo que confirma que se trata de una verdadera “fuerza de ocupación” de corporaciones locales y extranjeras dispuestas a no permitir ninguna resistencia al saqueo: la criminalización de la protesta.
En efecto, no solamente será delito estorbar o entorpecer la circulación vehicular, sino también dirigir, organizar o coordinar una reunión o manifestación entendiéndose por organizador o coordinador de una reunión o manifestación a quienes, por ejemplo:
A. convoquen a otras personas a participar de la reunión;
B. coordinen a personas para llevar a cabo la reunión;
C. provean cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión;
La pena de prisión se les aplicará incluso aunque no asistan a la manifestación, y serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado.
Más aún, será delito cualquier “reunión” de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito de ejercer su derecho de protesta.
La Red Federal por la defensa de los DDHH y la Democracia utilizará y alienta a utilizar todos los medios legales para impedir la sistemática y brutal destrucción de la Democracia y el saqueo a mansalva de la República Argentina, en una deriva dictatorial que nadie votó en las últimas elecciones y que recuerda la pesadilla de los gobiernos militares padecidos el siglo pasado.
Foto de portada: Rodrigo Abd/ AP
