Plan Milei: motosierra y licuadora al poder

Por Juan Manuel Rodriguez Repeti y Joaquin Waldman.

Bajo la premisa de que la inflación es el principal problema de los argentinos, el presidente aplica un fuerte recorte fiscal y una licuación del valor del peso. El gobierno no está teniendo en consideración el enorme costo social que las medidas implican ni sus consecuencias políticas. La falta de políticas de coordinación de precios-salarios y el nulo diálogo con actores sociales pone en jaque el éxito del programa.

El gobierno de Javier Milei realizó un giro de 180 grados en la orientación de las políticas económicas. Bajo la premisa de que la inflación es el principal problema de los argentinos, está implementando un ambicioso programa que tiene como objetivo la estabilización de precios. Aunque no hay consenso entre especialistas acerca si las medidas adoptadas son o no un Plan de Estabilización en sentido estricto, lo cierto es que abarcan múltiples áreas:

Frente fiscal: motosierra
 
Este es el pilar central del programa y se ejecutaría mediante una fuerte reducción de los gastos y una mejoría en menor magnitud de los ingresos. En números, se propuso un fuerte ajuste del desbalance público para llevar el resultado fiscal primario (previo al pago de los intereses de la deuda) del Estado Nacional desde un déficit de 3 por ciento del PBI a un superávit de 2 por ciento. El objetivo final es eliminar el déficit financiero (que incluye el pago de intereses), que en 2023 fue de 6 por ciento del PBI. 

Para esto, se espera reestructurar el Estado, haciendo recortes que no requieren pasar por el Congreso. Redujo el “gasto político” disminuyendo a la mitad el número de Ministerios y suspendiendo la pauta publicitaria. Sin embargo, el mayor impacto de los ajustes está en el recorte de partidas con más peso presupuestario vinculadas al funcionamiento del Estado a nivel nacional y provincial, la obra pública, las jubilaciones, pensiones y planes sociales. Por el lado de los ingresos, crecerían por la recuperación de la sequía y los aumentos impositivos, aunque la mayoría de estos sí requieren aprobación legislativa. En este plano, si bien se extendió el Impuesto PAIS y se recaudaron más impuestos al comercio exterior, otras propuestas (como la reimposición de Ganancias) se desestimaron por falta de apoyo a la Ley Ómnibus.

Pese a no contar con estas subas de impuestos, el ajuste del gasto fue tal que en enero se alcanzó un superávit global, gracias a que los gastos primarios cayeron 39 por ciento interanual en términos reales, destacándose el gasto de capital (-86 por ciento), las transferencias a provincias (-72 por ciento) y los subsidios (-64 por ciento). Sin embargo, el balance de enero contó con la ayuda de varios elementos estacionales, por lo que se desconoce si se mantendrá en el tiempo.

Frente monetario: licuadora
El ajuste fiscal apunta a que el BCRA deje de emitir, ya que la creación de pesos sería, desde la óptica del Gobierno, la única causa de la inflación. Por este motivo, el BCRA dejó de hacer transferencias directas de dinero al Tesoro. Otra fuente importante de emisión era el pago de intereses de la deuda del Banco Central con los bancos comerciales que, según el diagnóstico oficial, era dañina para el equilibrio monetario. Por eso, el Gobierno también redujo la tasa de pases (principal instrumento de regulación monetaria) de 126 por ciento a 100 por ciento. 

Así, los bancos cobran menos que la inflación por mantener estos activos, haciendo que pierdan poder adquisitivo. La sequía de recursos en el sistema financiero se traslada a los depósitos a plazo fijo, desvalorizando los ahorros e impidiendo la recuperación del crédito, que ya venía deteriorado.

En la práctica, el objetivo es disminuir el valor real (licuar) del dinero que circula en la economía. La contracción real de los medios de pago entre noviembre de 2023 y enero de 2024 fue de 15 por ciento sin estacionalidad (caída que asciende a 22 por ciento si se consideran también los depósitos).

Frente cambiario y externo: apretón y acumulación de reservas
Dado que había “demasiados pesos”, se optó por prolongar el cepo cambiario, manteniendo el Impuesto PAIS como sostén de los ingresos fiscales. Mientras se licúa la excesiva liquidez del sistema financiero (cuya abundancia de pesos podía generar una corrida), las autoridades devaluaron el tipo de cambio oficial de 381 a 832 pesos y establecieron un esquema de devaluaciones mensuales del 2 por ciento (crawling peg), reduciendo el atraso cambiario y la brecha. Por eso, el tipo de cambio oficial se acercó a las cotizaciones financieras.

Simultáneamente se dio un fomento adicional a las exportaciones, similar a los implementados en el Gobierno pasado, que permite que el 20 por ciento de las ventas al exterior se liquide en el mercado financiero, dándole un diferencial cambiario a los exportadores. Además, se dio lugar a una normalización muy gradual de las importaciones, eliminando las trabas selectivas a las compras del exterior pero habilitando sólo a plazo los pagos pendientes por importaciones pasadas (existía una importante deuda de importadores con sus proveedores del exterior, ya que los pagos debían habilitarse por la administración saliente). A su vez, las nuevas importaciones también se pagarán en cuotas y a plazo, disminuyendo la demanda de divisas por motivos comerciales.

Todas estas medidas cambiarias y comerciales generaron saldos favorables de divisas, permitiendo al BCRA comprar reservas en lo que va del año. Las reservas brutas crecieron aproximadamente 29 por ciento desde la asunción del gobierno hasta la fecha, situándose en 27.000 millones de dólares, y las netas pasaron de -12.000 millones de dólares a -5000 millones.

 
Las consecuencias del programa
El conjunto de políticas descriptas permitió atender dos objetivos inmediatos: disminuir la cantidad de dinero circulando en la economía y reducir la perspectiva de nueva emisión a futuro, mejorando el balance del Banco Central, mediante la reducción de sus deudas y el incremento de sus reservas. Las divisas en poder de la autoridad monetaria pasaron de representar el 76 por ciento de la base monetaria a ser más del 200 por ciento.

Sin embargo, el Gobierno no está teniendo en consideración el enorme costo social que las medidas implican ni sus consecuencias políticas. El salto inflacionario que provocó la devaluación produjo la mayor reducción mensual del salario real en, por lo menos 30 años (-14 por ciento) dejando los sueldos formales en su peor nivel desde 2003. Esto llevó a caídas de dos dígitos anuales en todos los indicadores de consumo (ventas de autos, motos y materiales de construcción, entre otros) y a un declive de la actividad económica.

En este contexto, no se perciben medidas compensatorias para los sectores más vulnerables, e incluso se puso en duda el pago de asistencias sociales y transferencias a comedores. En paralelo, el Gobierno negó deliberadamente la búsqueda de acuerdos y la negociación política con gobernadores, diputados y senadores, acciones que dificultan procesar el ajuste.

Nobleza obliga: el déficit fiscal, la falta de reservas, el atraso del dólar y la elevada brecha cambiaria eran problemas significativos de la economía argentina que preexistían al cambio de mandato e impedían una reducción duradera de la inflación. No obstante, la elección en la forma de encarar estos problemas magnifica el costo social del programa. De hecho, según la Universidad Católica Argentina (UCA) en enero más de 3 millones de personas habrían ingresado en la pobreza.

La falta de políticas de coordinación de precios-salarios y el nulo diálogo con actores sociales organizados (oposición política, sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresarias) pone en jaque el éxito del programa y dificulta pensar en una reducción duradera de la inflación. Si bien es probable que el ajuste fiscal, el deterioro de los salarios reales y la caída del consumo eviten una espiralización de la inflación (un riesgo que no era menor), son insuficientes para llevar a la economía a un régimen de baja inflación.

Estabilizar la economía requiere una coordinación entre los distintos grupos que fijan precios que puede facilitarse desde el Gobierno. Esta coordinación puede ser explícita (en mesas de negociación, como son las discusiones paritarias) o darse en torno a un sendero creíble de pautas de aumentos de un precio clave (por ejemplo, el dólar). Hoy en día el sendero preanunciado de aumentos del dólar es muy inferior a la inflación esperada, lo que podría volverlo rápidamente inconsistente con la acumulación de reservas. Por ello ni los inversores ni los analistas esperan que se mantenga más allá de este mes (como reflejan los mercados de futuros y las proyecciones privadas).

El ajuste y la licuación en marcha resuelven algunos problemas de la economía argentina, pero el diseño del programa impide la consecución de una reducción perdurable de la inflación. En ese sentido, creemos que habrá una segunda tanda de políticas, que podría tomar la forma de un control preanunciado de la cantidad de dinero, una convertibilidad o una dolarización. Este nuevo programa partirá de menores desequilibrios macrofinancieros, pero también desde peores estándares de vida, condiciones sociales más deterioradas y mayor conflicto político. Si no se amplía el enfoque, incluyendo políticas de ingresos y coordinación, hay pocos indicios de que pueda funcionar mejor.