Adolfo Pérez Esquivel y la causa por espionaje ilegal a detenidos en Argentina: Casación lo aceptó como querellante
El Nobel de la Paz lo hace en representación de la Comisión Provincial por la Memoria. Es la causa por espionaje a exfuncionarios kirchneristas y empresarios.
La Cámara Federal de Casación volvió a aceptar como querellante en la causa por espionaje ilegal a funcionarios y empresarios kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo bonaerense que encabeza el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Por una cuestión burocrática de notificaciones, la Comisión había sido excluida de la posibilidad de apelar, pero los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky corrigieron esa situación.
En paralelo, el tribunal tuvo por “mantenido el recurso de casación” contra el sobreseimiento de las exautoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusadas de montar un sistema de escuchas y filmaciones ilegales en el penal de Ezeiza. Ahora, el máximo tribunal penal del país deberá revisar los sobreseimientos dictados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y ratificados por la Cámara Federal. Las apelaciones fueron presentadas por varios de los detenidos espiados por el aparato de espionaje PRO, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Pese a que confirmó el espionaje en las cárceles durante la gestión Cambiemos, Martínez de Giorgi sobreseyó a la cúpula del SPF del macrismo, incluido su exdirector Emiliano Blanco y el entonces director principal de Análisis de la Información (DPAI), Cristian Suriano, por considerar nula la investigación que se había iniciado en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se llegó a probar la coordinación entre el SPF y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que permitía la circulación de información sobre los presos kirchneristas.
El juez lomense Federico Villena había detenido en 2020 a un narcotraficante que contó que un abogado de la AFI lo había contratado para dejar una bomba sin conectar en un edificio. Era Facundo Melo, uno de los agentes del grupo conocido como Súper Mario Bros. De la investigación de esa banda se derivó la del SPF. Martínez de Giorgi sobreseyó el año pasado a toda la cúpula con el argumento de que Villena había introducido como testigos de identidad reservada a dos hermanos que trabajaban en el SPF y los había guionado, con el objetivo de desviar la atención hacia los penitenciarios y evitar que saliera a la luz que el propio juez les había dado cobertura al SPF y a la AFI para espiar en la cárcel de Ezeiza.
La decisión sobre la Comisión Provincial tuvo lugar luego de que el fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Plée, se pronunciara el lunes a favor de aceptar el recurso de apelación presentada por el organismo de derechos humanos contra la resolución que cerraba un parte importante de la causa. El fiscal sostuvo que “asiste razón a la parte recurrente, en tanto del escrito de interposición del recurso de casación en trato puede inferirse sin lugar a dudas la voluntad de la parte de modificar el domicilio previamente constituido”. Explicó además que “la notificación fue practicada a un domicilio distinto del consignado por la querella en su última presentación en esta incidencia”.
En su última resolución, Casación rechazó en cambio los planteos de otro grupo de exagentes de inteligencia acusados por esa maniobra ilegal, quienes continúan bajo procesamiento. La causa que se inició en el juzgado de Villegas aterrizó como tantas otras en los tribunales de Comodoro Py, donde el macrismo gozó en todo momento de amplia cobertura. Entre quienes aún siguen bajo investigación aparecen la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, y los exespías Facundo Melo, Leandro Araque, Jorge Sáez y Alan Ruiz.
