ONU debate eliminación de medidas coercitivas unilaterales como forma de presión
En el debate se evidenciaron las diferencias entre los países del norte y el sur global.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debatió este jueves sobre la eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales como medio de coerción política y económica. La discusión se dio en el marco del seguimiento y aplicación de los resultados de las Conferencias Internacionales sobre la Financiación para el Desarrollo y contó con la intervención de representantes de países y agrupaciones regionales de países.
Las dos intervenciones iniciales estuvieron a cargo del canciller de Venezuela, Yván Gil, y de Cuba, con el viceministro de Exteriores, Elio Rodríguez, quienes reclamaron el fin del bloqueo y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos (EE.UU.).
Al intervenir ante la Asamblea General, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores Elio Rodríguez recordó que el uso de esas disposiciones afecta los esfuerzos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como los planes nacionales de desarrollo. Las medidas coercitivas unilaterales impiden la inserción en los mercados internacionales en igualdad de condiciones, de forma justa e inclusiva, remarcó.
El vicecanciller rechazó el cerco económico y comercial impuesto desde Washington contra su país, considerado el sistema de medidas coercitivas unilaterales más severo y prolongado que se haya aplicado contra nación alguna. Se trata, dijo, de un acto deliberado de guerra económica con el propósito de impedir los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, hacer colapsar la economía y crear una situación de ingobernabilidad.
El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos y cubanas, y convoca el repudio casi unánime de la comunidad internacional, subrayó al recordar que el 80 por ciento de la población cubana nació bajo el efecto de esa política.
La política de asfixia desde Washington se ha reforzado aún más con la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado sobre supuestos países patrocinadores del terrorismo, advirtió. “Se trata de una designación sin fundamento, autoridad o respaldo internacional alguno, para intentar justificar y endurecer el cerco contra Cuba con el que los Estados Unidos continúa castigando al pueblo cubano”.
A juicio del representante cubano, no basta con reconocer que Cuba coopera plenamente con los Estados Unidos en la lucha contra ese flagelo, como admitió el Departamento de Estado, sino que la isla debe ser sacada sin más demora de ese espurio listado.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, instó a que se ponga fin a todas las medidas coercitivas unilaterales (MCU) que aplican naciones poderosas contra los Estados en desarrollo, a las que consideró ilegales y crímenes de lesa humanidad por cuanto suponen una violación a los DD.HH. básicos de poblaciones enteras.
El diplomático calificó de fracasadas las medidas de presión que durante más de 60 años han mantenido más de diez Administraciones estadounidenses contra Cuba y exigió a Washington retirarlas y sacar al país de la lista unilateral de Estados que patrocinan el terrorismo.
Recordó que más de 30 naciones están sometidas a sanciones, que además de afectar el multilateralismo y socavar la estabilidad y la confianza entre países, generan obstáculos a las economías nacionales para que les resulte imposible a los Gobiernos atender necesidades básicas de los pueblos. Denunció el intento de EE.UU. de despojar a su país de la empresa Citgo, principal activo venezolano en la nación norteña y que es legítimo patrimonio de la patria de Bolívar y Chávez y su pueblo; además del ataque de Washington contra el programa solidario Petrocaribe, que durante años proveyó combustible de manera estable y con precios justos a 11 naciones caribeñas empeñadas en desarrollarse.
Gil particularizó que desde 2014 contra su país se han implementado más de 930 medidas restrictivas unilaterales por EE.UU., Europa y naciones satélites. Entre 2015 y 2022, Venezuela dejó de producir 3.393.000.000 de barriles de petróleo, equivalentes a 232.000 millones de dólares. Agregó que, visto en su conjunto, hasta el 2022 los daños totales a la economía venezolana se estiman en 242.000 millones de dólares. Las pérdidas causadas a Venezuela fueron superiores a las reservas internacionales de los 11 países restantes de América del Sur, dijo.
Puntualizó que a Caracas se le han retenido y confiscado más de 22.000 millones de dólares en bancos internacionales. Somos el quinto país del mundo con más personas penalizadas, la sexta nación con más empresas y organismos públicos afectados, el cuarto Estado con más buques navales perjudicados y el tercer país con más aeronaves en similar situación, acotó.
Abogó por un sistema multilateral anclado en la Carta de las Naciones Unidas y por que las naciones puedan identificar formas y medios para contrarrestar las medidas restrictivas unilaterales, incluyendo la creación de una zona segura de ellas, que permita que ningún país imponga a otro restricciones comerciales o financieras e incluso exija a aquellos Estados verdugos pagar indemnizaciones a Estados que han sido víctimas; e instó a la Secretaría de ONU a que presente un informe sobre la aplicación de estas medidas y los daños que provocan a países objeto de ellas.
La representación de Uganda, en nombre del Movimiento de Países No Alineados y el G77+China, expresó su rechazo a las medidas económicas coercitivas extraterritoriales unilaterales, por los efectos que producen sobre la población civil.
«Estas medidas también constituyen medios de discriminación arbitraria contra los países en desarrollo, sujetos a ellas. El impacto de estas medidas afecta, entre otros, a la cooperación técnico y financiera, la transferencia de tecnologías, la producción agrícola, el acceso a los alimentos, tratamientos y equipos médicos; incluso la participación de delegaciones en reuniones del sistema de las Naciones Unidas», resaltó.
Por su parte, Irán —uno de los países víctimas de estas medidas— reclamó que no se permita que esta acción continúen e invitó a otras naciones a rechazarlas, por ilegales e ilegítimas.
Entretanto, la representación de Nicaragua manifestó que los derechos internacionales son aplicados «por conveniencia del imperio» y que, no obstante, ser víctima de ellas «continúa trabajando por la educación y la salud gratuita», ya que «sigue invirtiendo en el sector económico para permitir el desarrollo de la nación».
La delegación nicaragüense puntualizó que «las mal llamadas sanciones son genocidas y violatorias» de los derechos humanos y no favorecen al multilateralismo.
A su vez, Belarús manifestó «que estas sanciones perjudican principalmente a mujeres y niños».
Cuando los autores y defensores de las medidas unilaterales y los seudopolíticos a los que financian aplauden otro paquete de sanciones, recuerden que son ellos quienes están privando a un niño o a una niña de los medicamentos necesarios para poder vivir una vida normal si tienen una enfermedad rara (…) son ellos los que están condenando a millones de personas del sur a morir de hambre.
El representante de Angola y de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, Francisco José da Cruz, calificó estas medidas como instrumentos «de coacción y económica en un mundo donde aumentan las desigualdades y la amenaza de las catástrofes naturales, no puede no resaltarse cual necesaria es la diplomacia».
«Preocupa que las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales afectan de manera desproporcionada a los segmentos más vulnerables de la sociedad, agravan la pobreza y la desigualdad, causando inestabilidad socioeconómicas. Las medidas obstaculizan la cooperación regional e internacional», afirmó.
La representación de Colombia manifestó que se suman a las preocupaciones plantadas por otras delegaciones «frente a la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, perjudica principalmente a las economías de los países en desarrollo, y socavan la capacidad de sus Gobiernos para realizar inversiones fundamentales para la justicia social y la promoción del desarrollo económico y social de sus pueblos».
«Estas medidas tienen un efecto desfavorable, sobre cooperación económica internacional y no son consistentes, en los esfuerzos desplegados en todo el mundo para consolidar un sistema comercial multilateral, basado en los principios de la apertura y no discriminación», declaró.
Asimismo, Colombia dejó claro que las medidas económicas coercitivas unilaterales constituyen una violación de los principios del derecho internacional y perjudica todos los aspectos de la vida de los países, contra los que van dirigidas; instando a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas que «no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».
El representante de Siria rememoró que «la Carta de las Naciones Unidas reafirma el principio de igualdad soberana entre los Estados miembros, se adoptó la cooperación internacional y la promoción del desarrollo económico como uno de sus propósitos, con miras a desarrollar relaciones amistosas entre los países y promover la cooperación internacional a partir de la justicia y la equidad».
También refirió la existencia de una resolución aprobada por la asamblea en los años 70 que estipula «ningún Estado podrá utilizar o alentar al uso de las sanciones económicas, políticas o de cualquier otro tipo, para coaccionar a otro Estado a fin de obtener la subordinación de su ejercicio de los derechos soberanos o de obtener cualquier tipo de ventaja del tipo que sea».
Con información de TeleSUR, MINREX y Prensa Latina / Foto: ONU
