“No es una ley de amnistía”: Perú defiende polémico proyecto ante la CIDH
El Estado peruano defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un polémico proyecto de ley que “precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” en la legislación de la nación andina.
Durante una audiencia pública de solicitud de medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta, consideradas masacres contra la población civil, los representantes del Estado peruano desestimaron las acusaciones.
El agente estatal César Pastor Briceño apuntó que, de la revisión de los registros de condenas por Barrios Altos y La Cantuta, “se puede verificar que ninguno ha sido realizado por delitos de lesa humanidad ni por crímenes de guerra, sino por tipos penales comunes: homicidio calificado, secuestro, lesiones”.
“No se ha acreditado que este proyecto de ley vulneraría el acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta”, afirmó Pastor. “Toda la argumentación ha sido en la base de supuestos (…) no es una ley de amnistía”, añadió.
La iniciativa aprobada por el pleno del Congreso, que debe pasar por una segunda votación, busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, año en que Perú adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Respaldo al Congreso
A su turno, el otro representante del Estado peruano, Jorge Luis Cáceres Arce, declaró que entorpecer la labor legislativa sería “atentar contra un principio sagrado: la división de poderes”.
“No podemos tolerar que se pretenda decirle a un poder del Estado: no votes (…) eso es violentar abiertamente al Estado constitucional”, agregó.
El jueves pasado la Corte IDH exhortó a Lima a suspender “inmediatamente” el trámite legislativo “hasta que cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse”. En ese momento convocó a la audiencia pública celebrada este lunes.
En ese sentido, Pastor instó a la Corte IDH a denegar la solicitud de medidas provisionales para “evitar este intento de violación de la soberanía nacional”.
En la misma línea se pronunció el parlamento la semana pasada mediante un comunicado. “Rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, destacó.
Discusión legal
Parte de la controversia en Perú surge porque la propuesta es impulsada por el fujimorismo y precisamente el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado —y hace poco indultado— en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Aquí hay que venir a decir la verdad”, manifestó Cáceres. “No hay sentencias hoy dictadas en Perú vinculadas al delito de lesa humanidad”, aseveró.
En respuesta, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, afirmó que “en 30 casos el Poder Judicial ha calificado los crímenes como crímenes de lesa humanidad”.
Explicó que como las leyes peruanas no contemplan la figura del delito de lesa humanidad, el Poder Judicial hizo una “calificación complementaria de esos delitos de homicidio, violación, desaparición como crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho penal internacional y al derecho internacional consuetudinario”.
“Lo dice expresamente la sentencia del caso Fujimori del 7 de abril del año 2009”, señaló Rivera.
Foto: Randall Campos / AFP
